El diario The New York Times acaba de publicar un editorial en el que valora los pro y contra de las sanciones económicas estadounidenses a otros países, enfocándose básicamente en los casos de Venezuela y Siria. El caso de Cuba, que sufre un embargo desde hace más de 60 años, es abordado brevemente.
“Existe un consenso casi universal de que ciertas violaciones atroces de las leyes y normas internacionales exigen una respuesta contundente y concertada. Piénsese solo, por ejemplo, en la invasión de Rusia a Ucrania o el desarrollo de capacidades de armas nucleares en Irán y Corea del Norte. Las duras sanciones económicas se han visto durante mucho tiempo como respuesta”, indica el rotativo. Las sanciones a Corea del Norte no son exclusivamente estadounidenses sino cuentan con el apoyo de Naciones Unidas.
Pero, dice el Times, lo que prosigue es “la eterna pregunta: ¿Qué viene después? ¿Cuándo dejan de funcionar las sanciones? O peor aún: ¿cuándo comienzan a trabajar en contra de los mejores intereses de Estados Unidos?”.
Según el diario, “estas son preguntas importantes porque durante las últimas dos décadas las sanciones económicas se han convertido en una herramienta de primer recurso para los políticos estadounidenses, utilizadas para desbaratar las redes terroristas, tratar de detener el desarrollo de armas nucleares y castigar a los dictadores”.
El número de nombres en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro se multiplicó más de diez veces durante la última década, de 912 en 2000 a 9 421 en 2021, en gran medida debido al uso creciente de sanciones bancarias contra personas. Por ejemplo, la administración Trump agregó alrededor de tres nombres por día a la lista, cifra superada el año pasado con la serie de sanciones que anunció el presidente Biden después de la invasión rusa a Ucrania.
Los formuladores de política, argumenta el diario, recurren a las sanciones con tanta frecuencia en parte porque se consideran de bajo costo, especialmente en comparación con la acción militar. En realidad, los costos son sustanciales. Recaen sobre bancos, empresas, civiles y grupos humanitarios que asumen la carga de ponerlos en práctica, cumplirlos y mitigar sus efectos. Las sanciones también pueden afectar a las personas vulnerables, a menudo pobres que viven bajo gobiernos represivos, como lo documentan cada vez más los académicos.
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“Los funcionarios rara vez tienen en cuenta esos costos. Si bien las sanciones son fáciles de imponer (hay docenas de programas de sanciones administrados por múltiples agencias federales), son política y burocráticamente difíciles de suprimir, incluso cuando ya no sirven a los intereses de Wasgington. Lo que es peor: las sanciones también escapan al escrutinio público significativo. Pocos funcionarios son responsables de si una sanción en particular funciona según lo previsto en vez de dañar innecesariamente a personas inocentes o socavar los objetivos de política exterior”, enfatiza el diario.
Sin embargo, el problema parece ser si estas sanciones tiene un fin realista y si su cumplimiento alcanza los objetivos que se pretenden. Es notable que las sanciones contra Sudáfrica y Polonia tenían como objetivo lograr elecciones libres y justas, no un cambio de régimen. Las sanciones dirigidas al cambio de régimen a menudo incentivan el desafío, no la reforma. “Tienen un historial terrible, como lo demuestran los casos de Cuba, Siria y Venezuela”, puntualiza The New York Times.
Una solución al problema sería la caducidad de las sanciones, que normalmente se arrastran indefinidamente, como es el caso de Cuba.
“Una vez que el Gobierno comienza a realizar revisiones sistemáticas de las sanciones existentes, es crucial garantizar que cualquier sanción impuesta pueda revertirse. Considérese el fracaso más flagrante del embargo comercial indefinido contra Cuba. El presidente John F. Kennedy impuso el embargo en 1962 con el objetivo declarado de aislar al actual Gobierno de Cuba y, por lo tanto, reducir la amenaza que representa su alineación con las potencias comunistas”, y nada se ha podido hacer para revertirlo.
“En los años transcurridos desde entonces, los presidentes estadounidenses han enviado mensajes muy diferentes sobre lo que se necesitaría para eliminar las sanciones. Barack Obama se movió para suprimir muchas de ellas en 2014, un esfuerzo que Donald Trump revirtió tres años después. El año pasado Biden levantó algunas de las sanciones de la era Trump. Sin embargo, solo el Congreso puede poner fin al embargo”, agregó.
Peter Harrell, quien formó parte del personal del Consejo de Seguridad Nacional bajo Biden, argumenta que las sanciones deberían expirar automáticamente después de una cierta cantidad de años, a menos que el Congreso vote para extenderlas. Eso reduciría los casos de sanciones que duran décadas, mucho después de que los legisladores estadounidenses hayan renunciado a que las sanciones lograran sus objetivos.