El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó este viernes que las recientes medidas del gobierno de EE.UU. contra Cuba forman parte de un plan “políticamente intencionado” para “elevar las tensiones bilaterales” y provocar “la ruptura de relaciones” entre los dos países.
Al presentar ante la prensa el informe anual sobre el impacto del embargo/bloqueo estadounidense sobre la Isla, Rodríguez se refirió a la expulsión el jueves del territorio norteamericano de dos miembros de la delegación cubana en la ONU, acción que calificó como “totalmente injustificada e ilegítima”, así como a las medidas coercitivas “no convencionales” e “inéditas” para “cercar” la economía cubana e impedir la llegada de combustible a Cuba, a las que confirmó como la causa de la crisis energética que atraviesa el país.
El titular de Exteriores cubano reafirmó el “absoluto y enérgico rechazo” a la expulsión de los diplomáticos y a la restricción adicional de movimiento a los demás representantes cubanos ante la ONU y sus familiares en Nueva York, y aseguró que su gobierno dará a la misma una respuesta “apropiada y oportuna”, aunque sin ofrecer detalles.
Además, llamó a la comunidad internacional a repudiar la medida que en su opinión establece un “precedente peligroso” en las relaciones diplomáticas bilaterales y en un entorno multilateral como las Naciones Unidas.
En cuanto a las recientes acciones de la administración Trump contra Cuba, Rodríguez denunció que incluyen amenazas directas, persecución y presiones a compañías foráneas, navieras, aseguradoras, bancos y gobiernos con el objetivo de cortar el suministro de combustible y reducir el comercio exterior y las finanzas de la Isla.
Reconoció que como resultado de esta situación, Cuba enfrenta “crecientes dificultades” para su desenvolvimiento financiero y para adquirir materias primas para industrias como la farmacéutica y tecnología médica avanzada, entre otras afectaciones socioeconómicas, pero dijo que la Isla “dispone de las condiciones y herramientas para superar las presiones actuales”.
También hizo mención de la activación plena de la Ley Helms-Burton y las demandas que bajo su amparo ya han comenzado a producirse contra empresas cubanas y extranjeras, así como a la “prohibición brutal y repentina” de los cruceros, las restricciones de viajes de los estadounidenses y el “límite arbitrario” establecido para las remesas a la Isla, las que, dijo, están dirigidas a dañar a la población cubana al tiempo que violan los derechos de quienes viven en los Estados Unidos.
El ministro aseveró que el actual “recrudecimiento del bloqueo” –que según cálculos de su gobierno, desde abril de 2018 hasta marzo de 2019 ha causado pérdidas a Cuba en el orden de los 4.343, 6 millones de dólares– es una “violación grosera” de las normas internacionales y reafirma una política “genocida, obsoleta, ilegal y cruel” persiguiendo fines electorales, en referencia a la campaña presidencial en 2020.
Rodríguez aseguró que la Casa Blanca ha buscado “pretextos diversos” para “endurecer el bloqueo” –al que rafirmó como “el principal obstáculo para el desarrollo de la Isla–, como los “ataques” a diplomáticos estadounidenses en La Habana y la supuesta presencia militar de la Isla en Venezuela, lo que negó “categóricamente”.
Afirmó que las recientes medidas medidas provocarán “un mayor descrédito y aislamiento del gobierno de EE.UU.” ante la comunidad internacional que, predijo, volverá a respaldar “de manera masiva” el proyecto cubano de resolución contra el embargo estadounidense que se presentará el próximo noviembre ante la Asamblea General de la ONU.
El ministro dijo que La Habana “no cederá ante calumnias y chantajes” ni caerá en provocaciones, y reiteró su “disposición al diálogo” con Washington “en igualdad de condiciones”.
El próximo 6 de noviembre, el gobierno cubano presentará por vigesimoctava ocasión ante la Asamblea General de la ONU el proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, el cual en años anteriores ha contado con el apoyo mayoritario de la comunidad internacional.
De acuerdo con el informe que acompaña al proyecto, los daños causados por el embargo estadounidense a la Isla en 60 años ascienden a 922.630 millones de dólares, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al oro, mientras que a precios corrientes suman 138,843 millones.
Además, señala que sin las afectaciones provocadas por esta política, el Producto Interno Bruto de Cuba hubiera crecido un 10 % como promedio anual en los últimos años.