El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, rechazó este viernes las sanciones de Estados Unidos a dos responsables del Ministerio de Interior (Minint) y una unidad militar, por su presunto papel en la represión de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio.
Rodríguez calificó en Twitter de «oportunistas» las medidas del Departamento del Tesoro contra el jefe del directorio político de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Pedro Martínez, y su par en el Minint, Romárico Sotomayor.
El Tesoro también impuso restricciones a las Tropas de Prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), conocidas como «boinas rojas».
La agencia estadounidense acusó a Martínez y Sotomayor de haber desplegado a la PNR y otras unidades que dependen de sus cargos, como la brigada nacional especial del Minint, conocida popularmente como «boinas negras», que «atacaron violentamente y detuvieron a manifestantes» en Cuba.
Además, comunicó, en el caso de las «boinas rojas», que estas estuvieron «implicadas en un forcejeo violento con un manifestante» en el contexto de las protestas.
El canciller cubano respondió hoy que las sanciones «reflejan la doble moral de un Gobierno acostumbrado a la manipulación y la mentira para mantener el bloqueo contra Cuba».
Rechazo las medidas oportunistas de EEUU contra funcionarios del @minint_cuba y las Tropas de Prevención de las FAR.
Reflejan la doble moral de un gobierno acostumbrado a la manipulación y la mentira para mantener el bloqueo contra #Cuba.
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 13, 2021
Es la tercera vez que EE.UU. sanciona a funcionarios cubanos en relación con las manifestaciones del mes pasado, tras las que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha endurecido su política hacia la Isla.
El Departamento del Tesoro ya sancionó el mes pasado a las «boinas negras» y al ministro de las FAR, Álvaro López-Miera, y hace dos semanas hizo lo mismo con la PNR, su director, Oscar Callejas Valcarce, y su subdirector, Eddy Sierra Arias.
Todas las sanciones bloquean cualquier activo que Martínez, Sotomayor o los integrantes de los «boinas rojas» puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a quienes estén en Estados Unidos negociar con ellos, sobre la base de la ley estadounidense Magnitsky.
Las protestas del 11 de julio en Cuba se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad.
Durante y después del estallido social, que incluyó desde manifestaciones pacíficas hasta enfrentamientos con la policía y saqueos en algunas localidades, se produjo una ola de detenciones a los participantes y supuestos instigadores, entre ellos ciudadanos anónimos, artistas, activistas opositores y periodistas independientes.
El Gobierno no ha ofrecido cifras sobre detenidos, pero sí confirmó que 62 personas han sido juzgadas hasta el momento por participar en las protestas.
A falta de datos oficiales, activistas y opositores han documentado más de 500 detenidos, entre ellos varios menores de edad, mientras organizaciones religiosas asisten a familiares de los arrestados y salen a la luz duros testimonios de personas liberadas los pasados días.
Inefectivas en su esencia, las medidas adoptadas por la nueva administración yanqui están dirigidas a contentar (como quien satisface las demandas de un niño gritón) las exigencias y posiciones del fundamentalismo anticubano. El otro objetivo (de tipo subliminal) consiste en «canibalear» el voto de este sector arrebatándoselo al muy circense Donald Trump. Toda esta ruidosa parafernalia politiquera jamás trasciende el plano simbólico y sólo intenta crear una narrativa que gire sobre el mismo eje: Estados Unidos como garante de las «libertades» (en abstracto), etc. Pero en esa engañifa histórica sólo cae quien quiere, porque detrás de tales gesticulaciones se parapeta la política anticubana de los sectores más reaccionarios de Estados Unidos, que mientras culpan a las autoridades cubanas por la represión del 11 de julio, aprietan sin cesar las tuercas del bloqueo a la Isla, añadiéndole nuevos ingredientes. La guinda al pastel la puso el mismo Biden anunciando una programación «gratuita» de Internet contra la Isla (ja-ja-ja-ja), otra forma de satisfacer al insaciable niño gritón de ultraderecha que acuna. Hasta ahora el juego politiquero ha llegado hasta ahí. Veremos a qué nuevas cotas lo llevan las indecisiones (y cobardías) de una administración que parece haber optado más por la gesticulación teatral que por los hechos concretos.