En medio del anuncio sobre el retiro de Cuba de la lista de “países que no cooperan plenamente con esfuerzos antiterroristas” y la ratificación por Washington del mantenimiento de la isla entre los Estados que, a su juicio, patrocinan el terrorismo, algo más quedó fuera del foco mediático.
No se trata de un hecho menor, si se tienen en cuenta los continuos cruces y cuestionamientos que provoca el tema entre un lado y otro del estrecho de Florida: el alcance e impacto del embargo/bloqueo de EE.UU. a la isla.
Al responder a un periodista sobre las razones por las que Cuba fue retirada de la primera lista, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, reconoció la vigencia y amplitud del embargo, algo reiterado una y otra vez por las autoridades cubanas y minimizado por sus opositores.
“Cuba sigue sujeta a un embargo increíblemente amplio”, admitió Patel, tal como puede leerse en la transcripción de la rueda de prensa del propio Departamento de Estado.
El vocero no ofreció más detalles, pues la frase fue pronunciada solo como un ejemplo de que la decisión de ya no considerar a la isla como un país que no coopera plenamente con la lucha antiterrorista, no significaba exactamente una flexibilización de la política y las sanciones de Washington.
En su alegato, el Patel también recordó al periodista que “las ventas de artículos de defensa a Cuba seguirán restringidas en virtud de la Sección 40 de la Ley de Control de Exportaciones de Armas, dado el estatus de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo”.
EEUU ratifica que mantiene a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo
Una contradicción y una pregunta no respondida
Preguntado sobre cómo se puede considerar a Cuba un Estado patrocinador del terrorismo y al mismo tiempo afirmar que coopera en la lucha contra el terrorismo, el portavoz aseguró que el Departamento de Estado tenía razones para ello.
“Se puede cooperar en la lucha contra el terrorismo, pero todavía creemos que hay acciones que se están emprendiendo que apoyan las actividades terroristas”, justificó Patel sobre esta contradicción.
“Si algún criterio legal cambiara al rescindir la designación SST (de Estado patrocinador del terrorismo), trabajaríamos en ello con base en la ley y los criterios establecidos por el Congreso”, añadió.
Además, Patel declinó responder sobre qué acciones específicas debe tomar Cuba para ser retirada de ese listado.
“Simplemente no hablaría sobre el proceso de deliberación sobre eso desde aquí arriba”, dijo.
La clasificación como Estado patrocinador del terrorismo por Washington entraña una serie de sanciones económicas y financieras para la isla. Estas sanciones refuerzan el efecto del embargo/bloqueo, tal como han denunciado reiteradamente las autoridades cubanas.
Washington permite algunas actividades comerciales con la isla a través de exenciones y licencias, bajo determinadas condiciones —como el pago al cash— y con la autorización de las autoridades norteamericanas.
De acuerdo con el Gobierno de Cuba, las sanciones estadounidenses causaron daños y prejuicios estimados en 4867 millones de dólares entre el 1 de marzo de 2022 y el 28 de febrero de 2023.
Lo anterior representa una afectación de 405 millones de dólares al mes, más de 13 millones al día, y más de 555 mil por hora, según datos del Minrex expuestos antes de la última votación en la Asamblea General de la ONU contra esa política extraterritorial estadounidense.
Según la Cancillería de la isla, los daños acumulados en más de seis décadas de embargo ascienden a más de 159 mil millones de dólares, un número que se multiplica hasta más de 1 billón 337 mil millones si se considera el comportamiento del valor del oro.