El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, anunció este miércoles que suspenderá dos semanas más el título III de la ley Helms-Burton, que endurecería el embargo a Cuba y permitiría reclamar ante tribunales de EE.UU. propiedades en la isla que fueron expropiadas tras la Revolución cubana.
En un comunicado, Pompeo anunció que impedirá la entrada en vigor de esa medida legal durante dos semanas más, desde el 18 de abril (fecha en que expira la suspensión vigente) hasta el 1ro de mayo, pero continuará permitiendo las demandas contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en una “lista negra” del Departamento de Estado.
Desde su creación en 1996, el título III de la ley Helms-Burton ha sido suspendido por todos los Gobiernos de EE.UU. cada seis meses, pero el Ejecutivo de Donald Trump ha acortado cada vez más esos plazos: primero lo anuló 45 días, luego durante un mes y ahora solo dos semanas.
El Departamento de Estado no explica por qué Pompeo ha decidido reducir el plazo de la suspensión, aunque algunos analistas lo interpretan como un aviso a La Habana.
A ese respecto, el Departamento de Estado aseguró que “continúa examinando las condiciones de los derechos humanos en Cuba, incluida la actual represión contra los derechos del pueblo cubano a la libertad de expresión y de reunión”.
Expertos: La aplicación del Título III depende solo de los tribunales de EEUU
Añadió que “el Departamento también está supervisando el apoyo militar, de seguridad y de inteligencia de Cuba a Nicolás Maduro, responsable de la represión, la violencia y la crisis humanitaria en Venezuela”.
El título III de la ley Helms-Burton fue creado para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, pudieran demandar ante tribunales de EE.UU. a las compañías que supuestamente se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas hace 60 años, antes de la Revolución.
Cuando esa norma se aprobó hace 22 años, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron ferozmente porque temían que sus compañías fueran demandadas en EE.UU.; y, por ello, la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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El litigio concluyó con el compromiso de EE.UU. de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella.
Hasta ahora, EE.UU. ha cumplido su compromiso, pero en marzo por primera vez en la historia, el Gobierno de Trump estableció que los cubano-estadounidenses podían demandar a las 200 compañías cubanas incluidas en la conocida como “lista de restricciones a Cuba“, aunque las extranjeras seguían exentas.
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Esa “lista negra” incluye entidades que están “bajo el control o actúan en nombre” de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, según el Departamento de Estado.
En realidad, en Cuba muchos de los hoteles son propiedad de empresas controladas por las Fuerzas Armadas y gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras, como el grupo Meliá, con sede en España.