La economía cubana está sufriendo su crisis más aguda en treinta años, maltratada por las sanciones estadounidenses de máxima presión impuestas por Trump y mantenidas en su mayor parte por Biden.
Pero las nacientes empresas privadas de la isla, hasta hace poco prohibidas, prosperan: ahora están en camino de emplear a más personas e importar más bienes que el sector estatal cubano.
Al parecer, la noticia no ha llegado a oídos de la presidenta del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para el Hemisferio Occidental, la congresista María Elvira Salazar (R-FL), que celebrará este jueves una audiencia titulada “El mito de los nuevos empresarios cubanos”.
Cubanoamericana nacida en Miami y conocida por sus posiciones de línea dura sobre Cuba, se espera que Salazar interrogue a dos funcionarios del Departamento de Estado, Eric Jacobstein y Enrique Roig, sobre el apoyo profesado por la Administración Biden a los negocios privados cubanos.
“Por supuesto que somos reales. La idea de que somos un mito no tiene sentido”, dijo Amel Herrera, consejero delegado de la empresa cubana de comercio electrónico Acubamos. “En vez de debatir sobre nuestra existencia, deberían debatir sobre cómo después de dos años aún no han aprobado ninguna medida o solución concreta para el sector privado de Cuba”.
Si bien los emprendedores cubanos no son un mito, el apoyo en toda regla de la Administración Biden a estos puede serlo.
El pasado septiembre, Bloomberg informó que Biden estaba a días de anunciar un paquete de medidas para potenciar a los empresarios cubanos, uno de los ejes de su política hacia Cuba. Se esperaba que la Administración levantara las restricciones impuestas al sector privado cubano, permitiendo a los empresarios cubanos abrir y operar cuentas bancarias estadounidenses desde Cuba, autorizando las transacciones “en U” a Cuba a través del sistema financiero estadounidense y permitiendo a las empresas de tecnología financiera con sede en Estados Unidos atender a usuarios en Cuba.
Cuatro meses después, los empresarios cubanos siguen esperando. La Administración Biden dio marcha atrás tras recibir presiones del aliado de Salazar, el congresista Mario Díaz-Balart (R-FL), de línea dura y cubanoamericano, según declaró un empleado del Congreso a The Miami Herald.
Se dice que Díaz-Balart utilizó su influencia como presidente del Subcomité de Asignaciones para Operaciones Estatales y Extranjeras de la Cámara de Representantes para coaccionar a la Administración Biden y hacerla retroceder, amenazando con bloquear otras prioridades suyas, como la ayuda a Ucrania, si se aprobaban las medidas sobre Cuba.
“Todos teníamos esperanzas en estas nuevas medidas, especialmente después del aluvión de sanciones de Trump, pero luego no pasó nada”, dijo el empresario cubano Ernesto Barrios Gómez, propietario de la relojería privada Tiempo de Luz. “Es como si estuvieran jugando con nosotros”.
La Administración Trump redesignó a Cuba como un Estado patrocinador del terrorismo, implementó amplias restricciones al comercio, los viajes y la inversión, y sancionó a los suministradores de energía de Cuba —contribuyendo a una caída del 10% en el PIB, prolongados cortes de electricidad y escasez de alimentos básicos.
“Los empresarios cubanos necesitan el apoyo de Estados Unidos ahora más que nunca”, dijo el ex congresista demócrata Joe García, quien ha defendido las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) cubanas, sobre todo en Florida. “La situación en Cuba es calamitosa, y el incipiente sector privado está proporcionando la poca esperanza que queda en el país”.
Salazar afirma que el emergente sector no estatal cubano —-formado por casi 10 mil negocios legalizados desde 2021— está compuesto principalmente por leales al sistema político de Cuba y familiares de los líderes militares cubanos que conspiran para enriquecer al Estado y financiar la represión contra los disidentes.
“De lo que estoy en contra es de que el sistema financiero estadounidense ayude indirectamente al régimen cubano y a su aparato represivo”, dijo Salazar al medio miamense América TeVé en septiembre pasado.
Muchos empresarios cubanos no están de acuerdo con la descripción que hace Salazar.
“El hecho de que seamos empresarios privados no significa de ninguna manera que estemos vinculados al Gobierno”, dijo Yulieta Hernández Díaz, presidenta de la constructora cubana Pilares Construcciones. “En cualquier país del mundo tienes que registrar tu empresa, pagar impuestos y cumplir las leyes del lugar donde operas. En Cuba es igual”.
Muchos de los argumentos de Salazar son similares a los que se encuentran en los “reportajes de investigación” publicados por los medios de comunicación Cubanet, ADN Cuba y Yucabyte, con sede en Miami, que alegan que los empresarios cubanos son cómplices de un plan del Gobierno cubano para eludir las sanciones estadounidenses y apuntalar sus fuerzas de seguridad.
Estos medios han recibido fondos del Gobierno de EE. UU. a través de sus programas de “promoción de la democracia” para Cuba —lo que los críticos llaman esfuerzos de “cambio de régimen”— plagados de escándalos de alto perfil, uso indebido de los fondos y resultados limitados.
La presidencia de Díaz-Balart al frente del Subcomité de Asignaciones para Operaciones Estatales y Exteriores de la Cámara de Representantes le otorga el control sobre esta financiación. En junio, introdujo enmiendas a un proyecto de ley que aumentaría la financiación anual de Radio y TV Martí, con sede en Miami, y de los programas de “promoción de la democracia” dirigidos a Cuba hasta una cifra sin precedentes de 65 millones de dólares.
Incluso mientras el Gobierno de EE. UU. canaliza dinero hacia los detractores del emergente sector privado cubano, la Administración Biden ha respaldado a este públicamente.
“La política de larga data de Estados Unidos apoya a los empresarios cubanos y el crecimiento y la independencia del sector privado cubano para maximizar los beneficios para el pueblo (…) y minimizar los beneficios para el Gobierno cubano”, dijo un funcionario del Departamento de Estado a El Nuevo Herald.
El encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en La Habana, Benjamin Ziff, dijo al medio de noticias cubano El Toque a principios del año pasado que “el sector privado de Cuba es real… y está prosperando, independientemente del Gobierno”.
La embajada de Estados Unidos ha organizado una serie de talleres para empresarios cubanos, algunos impartidos por cubanoamericanos, incluido un programa que llevó a empresarias cubanas de visita a Estados Unidos.
Pero muchos de ellos afirman que, aun cuando aprecian mucho la formación en emprendimiento, preferirían el alivio de las sanciones.
El pasado abril, cientos de empresarios cubanos enviaron una carta al presidente Biden, apoyada por docenas de empresas estadounidenses, en la que solicitaban a su Administración que facilitara las transacciones financieras entre Estados Unidos y Cuba, estableciera permisos para que los empresarios estadounidenses invirtieran en Cuba, ampliara las oportunidades comerciales y retirara a Cuba de la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo.
El Gobierno de Biden no respondió a su llamamiento, pero poco después, el principal funcionario del Departamento de Estado para América Latina tuiteó que “en breve se anunciarán nuevas medidas para las empresas independientes de Cuba”.
Si bien Biden ha dejado intacta gran parte de la política de Trump hacia Cuba desde que asumió el cargo, su Administración revirtió algunas restricciones dirigidas principalmente a los cubanoamericanos.
En 2022, la Administración volvió a autorizar vuelos a ciudades cubanas fuera de La Habana, reanudó los canales formales de envío de remesas, reabrió y dotó de personal la embajada y reanudó un programa de reunificación familiar.
Biden también autorizó a algunas empresas estadounidenses a exportar directamente automóviles, autobuses y equipos de construcción y agrícolas a empresarios cubanos de la isla.
En septiembre, 70 empresarios cubanos viajaron a Miami para celebrar una serie de encuentros sin precedentes con destacados hombres de negocios cubanoamericanos, funcionarios de los Departamentos de Estado, Hacienda y Comercio, expertos jurídicos e incluso un antiguo congresista republicano de Miami.
“He visto algunos pasos de Biden, algunos intentos de trabajar dentro de los límites del embargo”, dijo Carlos Gómez, fundador de la productora cinematográfica cubana Wajiros Films. “Pero no se acerca en absoluto a lo que esperábamos y mucho menos es suficiente. No tiene ningún sentido que tengamos estas medidas de asfixia, medidas de apretar económicamente mientras nos dicen que nos están ‘ayudando’”.
Jacobstein, el funcionario que testificará el jueves, se desempeñó como director de Biden para Cuba y América Central en el Consejo de Seguridad Nacional y recientemente se reunió con la alta funcionaria cubana Johana Tablada para conversaciones bilaterales en Washington.
Un mes después, encabezó una delegación estadounidense en La Habana para mantener conversaciones semestrales sobre migración, una de las pocas áreas en las que Estados Unidos y Cuba mantienen un diálogo regular.
Casi medio millón de cubanos han intentado cruzar la frontera estadounidense sólo en los dos últimos años, ya que la escasez generalizada de alimentos, combustible y medicinas —agravada por las sanciones estadounidenses y el persistente impacto de la Covid en el sector turístico cubano— ha hecho insostenible la vida en Cuba para muchos, especialmente profesionales y jóvenes cubanos.
“El apoyo concreto a los mejores y más brillantes de Cuba —sus empresarios— puede ayudar a reducir la migración a la frontera entre EE. UU. y México, lo que podría ayudar a los esfuerzos de reelección de Biden en 2024”, dijo García, el ex congresista. “Este sector independiente y en crecimiento es lo que la política estadounidense siempre ha querido, y no hay mejor manera de que Biden se gane la confianza de los votantes cubanoamericanos que cumpliendo su promesa de ayudar a crecer al sector privado de Cuba, que es verdaderamente el futuro del país”.