El presidente estadounidense Barack Obama quiere “cerrar Guantánamo”. Pero todavía no habla de la base militar instalada hace 113 años en la entrada de la bahía homónima en el oriente cubano, sino de la prisión allí construida, “Camp Liberty”.
Este martes el mandatario estadounidense presentó otra vez una propuesta al Pentágono para cerrar “de una vez y por todas” la cárcel donde han estado retenidos cientos de individuos sospechosos de pertenecer a grupos terrorista, aunque la gran parte de ellos sin acceso a ningún tipo de juicio.
“No quiero dejar pasar este problema al próximo presidente, sea quien sea. ¿Vamos a dejar que esto persista durante otros 15 años?”, dijo Obama a la prensa, durante una comparecencia en la Casa Blanca.
Parece un gran paso, una propuesta sin precedentes, pero dos razones relativizan esos calificativos: la primera es que las declaraciones de Obama a favor de cerrar Guantánamo están planteadas desde 2008 (cuando supuestamente en el plazo de un año se cerraría la instalación) y la segunda es que el plan demanda el traslado de los detenidos y para poder concretarlo dependerá de apoyos en el Congreso que el presidente no tiene.
“Mantener esta instalación abierta es contrario a nuestros valores. Socava nuestra posición en el mundo. Se ve como una mancha en nuestro registro más amplio de mantener los más altos estándares del estado de derecho”, argumentó Obama. Otras voces políticas norteñas lo apoyan, pues alegan que la prisión ha sido durante mucho tiempo una herramienta de reclutamiento para los grupos militantes y que encarcela de forma indefinida, sin cargos ni juicio, a cientos de sospechosos.
Aunque la idea viene con argumento financiero (dejarían de gastarse 180 millones de dólares cada año en esa instalación) y precandidatos demócratas como Hillary Clinton la apoyan abiertamente; mover prisioneros hacia territorio de los Estados Unidos implica un cambio en las leyes que deberá recopilar votos no proclamados. Por tanto, se avizora otro largo debate para que Obama concrete su deseo.
Pero lo que puede pasar inadvertido en esta discusión sobre el cierre o no de un centro tan ajeno a la justicia internacional como Guantánamo, es que no se menciona la posibilidad de devolver el territorio de la base a quien hace décadas la reclama: Cuba.
La instalación de la base naval en la zona de Caimanera fue resultado de un Convenio para establecer Estaciones Navales y Carboneras firmado entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Cuba en 1903 y que tuvo su antecedente en el artículo siete de la Enmienda Platt, añadida a la Constitución de la naciente República cubana.
Además de una zona caliente, de tensiones recurrentes entre los dos países después del triunfo de la revolución socialista en 1959, Guantánamo tuvo el dudoso privilegio de acoger un centro de detención creado por el presidente George W. Bush para concentrar a sospechosos de terrorismo durante su Guerra contra el Terror después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
En su punto máximo en 2003, la cárcel concentró casi 680 detenidos, y unos 245 permanecían allí cuando Obama asumió el cargo.
Ahora, esta promesa incumplida vuelve a la palestra cuando el reloj corre en contra del fin del mandato del primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos. Y vuelve a días de que realice una histórica visita al archipiélago caribeño, en la cual el tema de la Base saldrá presumiblemente más de una vez.
Quizás a limar asperezas y preparar el terreno en esta discusión también viene Jhon Kerry, el secretario de Estado, quien justo este martes anunció al Congreso norteamericano la posibilidad de realizar un segundo viaje a la Isla. Del lado cubano seguro le recordarán que cerrar toda presencia militar estadounidense en Guantánamo, y no solo la prisión, es un requisito esencial para normalizar relaciones entre los vecinos antagonistas.