El Plan Biden para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela parece un pequeño alivio al actual ciclo migratorio en la región, pero aún está lejos de ofrecer una solución de fondo.
El objetivo principal es eliminar la explosiva concentración de indocumentados en la frontera con México. Su mayor virtud es el giro en el pensamiento oficial estadunidense para reconocer la necesidad de regular la movilidad laboral realmente existente.
Abre una vía de acceso legal a la emigración (parole o entrada condicionada) y en consecuencia ayuda a disolver la ruta irregular con todos sus riesgos, la injerencia de la delincuencia organizada y el tráfico de personas.
Sin embargo, la oferta de cupos legales de admisión, 30 mil mensuales o 360 mil al año para los cuatro países, es muy limitada ante la demanda.
Según el registro del servicio de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), sólo entre los años fiscales de 2021 y 2022 la entrada combinada de indocumentados de los cuatro países más que se triplicó, al pasar de 189 mil 251 a 635 mil 323.
Es decir que el nuevo plan alcanza sólo para la mitad, si es que la demanda se mantiene en su mismo nivel.
Por países individuales la demanda creció en ese lapso en casi seis veces en el caso de los cubanos (de 39 mil 303 a 224 mil 607); en más de tres veces en los venezolanos (de 50 mil 499 a 189 mil 520) y los nicaragüenses (de 50 mil 722 a 164 mil 600) y tuvo un ligero ascenso en los haitianos (de 48 mil 727 a 56 mil 596).
Una segunda debilidad del plan es el límite de dos años de estancia en Estados Unidos. Este plazo es mejor que el del Estatus de Protección Temporal (TPS), que Washington otorga a originarios de 12 países hasta por 18 meses renovables.
Sin embargo, no hay emigrante que quiera instalarse fuera de su país para luego buscar un segundo destino, en particular cuando en Estados Unidos operan los lazos de atracción familiar por generaciones.
De este límite, al menos hasta ahora, pueden escapar los cubanos. La Ley de Ajuste les permite optar por la residencia permanente después de un año y un día de estancia en Estados Unidos.
En forma contradictoria, Estados Unidos aún mantiene a su embajada en La Habana sin servicio consular para no inmigrantes, con lo cual presiona innecesariamente la demanda del nuevo parole.
*Este texto se publicó originalmente en el blog Del Gran Caribe de La Jornada. Se reproduce con la autorización expresa de su autor.