La política de Estados Unidos hacia Cuba no se explica exclusivamente por la influencia de lo que se conoce como el lobby cubano-americano. Históricamente, sus límites han estado determinados por marcadores como el interés nacional o cuestiones de seguridad. A mediados de diciembre de 1984, por ejemplo, los Estados Unidos y Cuba firmaron acuerdos migratorios bajo la administración Reagan en un contexto de tensiones signado, entre otras cosas, por el conflicto centroamericano y por la apelación de Alexander Haig de “ir a la fuente” –es decir, de invadir la Isla. Los miembros del lobby, y sus alrededores, se enteraron de esos acuerdos solo a través de los medios de difusión.
Más recientemente, algunos parecían estar convencidos de que la administración Trump iba a revertir todas las medidas promovidas por la anterior. “Pence y Trump”, declaraba Mario Díaz-Balart en noviembre de 2016, “han dicho de manera pública –y lo han reiterado a muchas personas de manera privada– que van a cumplir la ley y, para cumplirla, van a eliminar las concesiones unilaterales que ha otorgado el presidente Obama a la dictadura de los hermanos Castro”. Esto, hasta ahora, finalmente no ha ocurrido.
Como se sabe, se mantuvieron los vuelos y los cruceros, y no se prohibieron/cancelaron los viajes con licencias culturales. Al final, todo ello condujo a reacciones exonerando al Presidente y culpando a la burocracia del Departamento de Estado, pero a la vez omitiendo que el asunto resulta bastante más complicado al involucrar no solo a representantes de esa agencia federal, sino también a miembros del Consejo Nacional de Seguridad que no comulgaban, ni comulgan, con esa perspectiva.
Lo interesante es que situaciones como aquella de 1984 pueden ocurrir incluso en contextos favorables para los conspicuos de la vieja escuela, a pesar de su reingreso al epicentro.
Según El Nuevo Herald, “la noche antes de que la Casa Blanca planeara anunciar las nuevas regulaciones que restringen los negocios y los viajes a la Isla […] los legisladores republicanos de Miami en el Congreso no estaban informados”, lo que ciertamente no podría explicarse por el horror a los leaks de esta administración, como a veces se ha intentado hacer.
“En lugar de aplausos incondicionales” –relata un reportaje– “el senador Marco Rubio y los representantes Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lethinen ofrecieron tibias declaraciones en las que lamentaron que los burócratas se resistieron a apoyar con fuerza al Presidente”.
Podría apostarse a que algo similar ocurre en muchos otros dominios. Por ejemplo, dentro del propio Departamento de Estado –caracterizado hoy por despidos, renuncias y situaciones inusuales–, existen profesionales de carrera, tanto republicanos como demócratas, que no están de acuerdo con retroceder en materia de otorgamientos de visas a escritores y artistas cubanos, esas que, en efecto, han desaparecido prácticamente del mapa.
La noción de que algo se podría estar cocinando –los miembros del lobby se mueven dentro de las estructuras de poder, y en eso son muy buenos–, podría constituir la base de una carta que cuatro de ellos (Mario Díaz-Balart, Ileana Ros-Lethinen, Albio Sires y Carlos Curbelo) dirigieron hace apenas unos días, a fines de abril, al nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, a propósito del evento Artes de Cuba. De la Isla al Mundo, convocado por el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, a celebrarse en Washington DC del 8 al 20 de mayo.
En ella le solicitan analizar “detenidamente y con prudencia si cada uno de estos ciudadanos cubanos es digno del privilegio extraordinario de la entrada a Estados Unidos”.
Díaz-Balart fue todavía más claro aún en un tuit: “Junto a mis colegas @roslehtinen @repcurbelo @repsires he solicitado al @StateDept información sobre la entrada a EEUU de un grupo de apologistas del régimen de los Castro para un festival en @kencen. Propagandistas del régimen no merecen entrada en EEUU”.
Parecería, al mismo tiempo, una reacción a las palabras del viceministro de Cultura, Fernando Rojas, el pasado 28 de marzo: “Es la primera vez que vamos a los Estados Unidos con una delegación oficial tan numerosa”, declaró a la agencia EFE con la noticia de que no había habido problemas con los visados, concedidos desde México como consecuencia del levantamiento de funcionarios consulares en la embajada del Malecón habanero. Al menos, dijo, “hasta ahora”.
Se trata de una delegación diversa cuyos integrantes han sido invariablemente rotulados por los congresistas de origen cubano en sus códigos tradicionales, lo cual anula, de hecho, la enrevesada y conflictiva dinámica entre arte y política. Es lo típico en un pensamiento polarizador y, en última instancia, reduccionista.
El resultado de esta operación, propia de la Guerra Fría, consiste en despojar de legitimidad a artistas de probada ejecutoria al presentarlos como simples sombras chinescas del gobierno. Y cedérsela, en cambio, a otros que no la tienen, o que no la tienen tanto como otros, pero ubicados en la oposición. Esto último, de manera automática, les otorga un crédito estético per se que para muchas conciencias de hoy podría resultar, por lo menos, controvertido.
Alicia Adams, curadora del evento, declaró hace un par de días a The Washington Post: “Esta será la primera vez que tantos artistas cubanos se hayan reunido para un festival en los Estados Unidos. Estuvimos trabajando en lo de las visas hasta el último momento, ¡y lo logramos!”.
Los puentes pueden siempre más que los muros.
