¿Qué pasaría si EEUU aplica el Título III de la Ley Helms-Burton?

La administración de Donald Trump sigue sopesando la posibilidad de permitir el enjuiciamiento en Estados Unidos de empresas extranjeras que han invertido en Cuba y usan instalaciones que fueron nacionalizadas después de la Revolución de 1959.

Pero, han coincidido varios expertos en declaraciones a OnCuba, se trata de un proceso difícil, intrincado, no exento de escollos pero que, a la larga, puede ser beneficioso para la isla.

“El mayor dolor de cabeza va a ser con Europa, o cualquier país invirtiendo en Cuba, por la cuestión de la extraterritorialidad”, apunta el analista político Eduardo Gamarra, director del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida.

Sobre la mesa se encuentra el Título III de la Ley Helms-Burton promulgada en 1996 por el ex presidente Bill Clinton. La aplicación de este título ha sido suspendida continuamente por períodos de seis meses desde entonces, tras una negociación con la Unión Europea.

El Título III permite que ciudadanos estadounidenses al momento de las nacionalizaciones o extranjeros –incluyendo cubanos– que hayan obtenido esa nacionalidad posteriormente, reclamen una indemnización ante un tribunal en Estados Unidos a aquellas empresas extranjeras que hayan invertido o utilicen las instalaciones nacionalizadas que eran de su propiedad.

En estos momentos hay casi 6,000 reclamaciones por valor de 1,8 mil millones de dólares, sin contar los intereses acumulados, presentadas ante la Comisión Federal de Resolución de Reclamaciones Extranjeras (USFCSC, por sus siglas en inglés).

Si bien los ciudadanos estadounidenses han podido presentar reclamaciones ante la comisión, los extranjeros que no tenían la nacionalidad al momento de las intervenciones han estado impedidos de hacerlo, porque cuando la ley fue promulgada, se acordó “congelar” las reclamaciones de los cubano-americanos y priorizar las de los ciudadanos estadounidenses al momento de las nacionalizaciones, con la idea de igualarlos más tarde en otras circunstancias. Esto no sucedió jamás.

Si el Título III entra en vigor, esa veda desaparece. Y comienzan los problemas.

Los detalles del Título III

Para entender el Título III hay que leer el IV. Este Título es el que prevé castigos a los inversionistas, desde la confiscación de cuentas bancarias en Estados Unidos de empresas extranjeras que han invertido en Cuba hasta la negación de visas de entrada a sus ejecutivos y familiares –el caso de hijos que estudian en Estados Unidos, por ejemplo.

Cuando la Ley Helms Burton fue aprobada, la entonces administración Clinton presionada por la Unión Europea suspendió el Título III y no aplicó el IV.

La idea era apaciguar los ánimos y no provocar sobresaltos a las relaciones económicas de entonces de Estados Unidos con sus aliados europeos, Canadá y Japón. En consecuencia, cada seis meses el Presidente decretaba la suspensión, hasta que durante la administración de Barack Obama y a la luz del deshielo entre los dos países, el mandatario pasó esa responsabilidad al Secretario de Estado. La administración Trump está sopesando revertir esa decisión que es meramente administrativa.

El 16 de enero pasado, por primera vez, el secretario de Estado, Mike Pompeo, comunicó al Congreso que la renovación de la suspensión sería reducida a 45 días para permitir “llevar a cabo una revisión cuidadosa del derecho a actuar en virtud del Título III a la luz de los intereses nacionales de Estados Unidos y los esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba”.

Y, de paso, “pedimos a la comunidad internacional que intensifique los esfuerzos para responsabilizar al gobierno cubano por los 60 años de represión de su pueblo. Alentamos a toda persona que realice negocios en Cuba a que reconsidere si está traficando propiedades confiscadas e incitando a esta dictadura”, añadió.

Esta precisión tiene una dimensión particular porque cuando Estados Unidos acordó con los socios europeos que no iba a perseguir a nadie, lo hizo con la tenue esperanza de que esos países disuadieran a sus empresarios de invertir en propiedades sujetas a litigio.

Esto tampoco sucedió así, entre otras razones, porque la generalidad de las constituciones de países de la Unión Europea obligan a los gobiernos a estimular las inversiones de sus empresas incluso con préstamos o subsidios.

Se plantea, como dice Gamarra, el problema de la extraterritorialidad. “Europa no va a dar la batalla por Cuba, sino por sus empresas. A nadie le gusta que la legislación de un país interfiera con sus empresas”, afirma.

“Si hay demandas, van a ser resueltas en tribunales de Estados Unidos que no tienen la más mínima posibilidad de imponer sentencias por la extraterritorialidad. Puede que una empresa sea demandada por alguien acá, en Estados Unidos, puede pasar, pero ¿cómo se impone la extraterritorialidad a una empresa española?”, enfatiza.

Negociaciones, no conversaciones

Tanto Gamarra como John Kavulich, presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, piensan que una eventual aplicación del Título III no implica necesariamente una avalancha de querellas en los tribunales, pero será un cambio de política con profundas implicaciones en los nexos entre las dos economías.

“Puede afectar inversiones al futuro, y para Cuba eso es el problema porque un inversionista apuesta a largo plazo. Desde 1997 era comúnmente aceptado que no se iba a aplicar. Pero con este personaje [el presidente Trump] hay posibilidad de que se aplique, aunque no creo que políticamente le convenga”, apostilla Gamarra.

Es lo que piensa Kavulich, quien recuerda que el presidente estadounidense es un negociador nato y negociar es una solución al problema. Desde el deshielo, La Habana y Washington han realizado dos rondas de conversaciones sobre el tema de las reclamaciones por las nacionalizaciones. No condujeron a nada. Y no lo hicieron porque –apunta Kavulich– lo que hay que hacer son negociaciones y esa es la mejor solución para Cuba. Al menos la más práctica.

“Lo clave es esa palabra: negociación. El gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con esto. Lo que se debe hacer es que Cuba haga una aproximación a las empresas afectadas y negocien una solución”, afirma el presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, que trabaja con decenas de empresas estadounidenses que han presentado reclamaciones o tienen interés en la economía cubana.

Y las opciones son amplias. “Se puede negociar esa deuda por inversiones, las empresas conocen las infraestructuras cubanas. Hay empresas que pueden no tener ya interés en Cuba y vendan sus reclamaciones a otras que sí están interesadas. Se pueden conceder feriados o amnistías fiscales, que tienen su valor; se pueden emitir bonos… Establecer valores comerciales. Pero hay que resolver el problema porque son ya 60 años con este litigio y se debe resolver. Las empresas (intervenidas) merecen eso”, afirma Kavulich.

Como recuerda el analista estadounidense con amplia experiencia cubana, la negociación es, de hecho, la solución preferida por la Comisión Federal de Resolución de Reclamaciones Extranjeras, que lleva el listado de las empresas reclamantes.

“La certificación (de las reclamaciones) siempre se ha opuesto a una conversaciones prefieren una mediación de las reclamaciones y que estas sean negociadas”, afirma.

Lo que Cuba puede y debe hacer

Ahora, todo esto puede tener también un escenario malo. ¿Qué quiere Cuba? La isla nunca se ha opuesto a pagar por las nacionalizaciones. Lo ha hecho con España, por ejemplo, pero reclama una cifra justa y, al menos retóricamente, ha puesto sobre la mesa lo que considera ser las pérdidas que tiene por el embargo económico estadounidense, que valora en 134,500 millones de dólares. Esto seria un tema a considerar en el establecimiento de los marcos de la negociación.

Para Kavulich es un escenario malo, porque el analista defiende que Estados Unidos “debe ser sacado de la ecuación” y dejar intervenir apenas a las empresas reclamantes. Lo otro es que la isla solo quiera negociar con los que han pedido hacerlo, lo que excluiría a los que aspiran a una indemnización monetaria y nada más.

“Ellos (los cubanos), tienen el apoyo de la Unión Europa (en esas negociaciones), de Japón o Canadá, toda la comunidad de negocios está de acuerdo, incluso la Cámara de Comercio (de Estados Unidos), el problema es que dentro del gobierno cubano alguien se oponga si tiene la percepción de que lo están obligando a hacerlo, bajo amenazas, porque no tiene otras posibilidades. Por eso, las instituciones de Estados Unidos deben ser mediadoras, y dejar que las empresas privadas negocien directamente con Cuba”.

Los términos de las negociaciones y lo que estas abarquen como forma de compensaciones debe ser acordado entre las dos partes, porque si La Habana llega directamente a las empresas, tiene posibilidades de salir fortalecida del proceso. Y pudiera llevar a la postergación de la suspensión porque la suspensión no impide las negociaciones.

“El conjunto de los reclamantes van a preferir otra suspensión (de la aplicación del Título III). Pero por muy poco confortable que sea para las aerolíneas, los agentes de viajes, empresas como John Deer o Caterpillar (reclamantes), este tema tiene que ser resuelto para que las compañías estadounidenses tengan una oportunidad en Cuba que no esté limitada por causa del dinero que se debe”, subraya Kavulich.

De hecho, el U.S.-Cuba Trade and Economic Council ha declarado públicamente que prefiere que la suspensión siga. Lo ideal es que el Presidente haga una declaración fuerte diciendo que Estados Unidos quiere ver avances sólidos en la solución del litigio en un plazo de seis meses y siga la suspensión.

“Es que una vez que Cuba se libere del fardo que son las reclamaciones, le será mucho más fácil desarrollar su economía. Se abren mas puertas, GAESA (la empresa comercial militar) estará en condiciones de actuar más libremente. Cuba tiene ahora una oportunidad única. La tuvo con Obama y decidió no aprovecharla. Ahora tiene otra oportunidad de negociar y poner esto en su pasado. Creo que Díaz-Canel será un presidente de un solo mandato, pero también pienso que es el hombre que puede lograr esto”, dice Kavulich.

¿Entiende Cuba esta oportunidad? Kavulich suelta una carcajada. “Creo que lo entienden pero también me queda claro que es culturalmente difícil y hay gente mirando que la administración Obama lo permitió y que hay 1,800 millones de dólares en discusión (el valor total de las reclamaciones certificadas). Cuba entiende eso racionalmente, pero políticamente pueden desplegar cierta animosidad porque lo ha decidido una organismo del Gobierno de Estados Unidos”, afirma.

Es por ello, afianza Kavulich, que la Unión Europea, Japón y Canadá van a tener un papel importante en el proceso. “Le van a decir a Cuba: ‘no les entregamos más dinero, nuestros empresarios no están contentos (con las deudas y plazos de pago), si quieren más para sobrevivir, este es el momento de negociar’. Ahora les están dado otra oportunidad y a Trump le gustan los acuerdos”, afirma.

¿Extenderá Estados Unidos la suspensión?

Es difícil de prever. “No tengo una bola de cristal”, aduce Jorge Duany, el director del Centro de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida. “Hay personas que están apoyando esta gestión, como los senadores –cubano-americanos– Marco Rubio y Bob Menéndez. Pero la Casa Blanca también está evaluando distintas implicaciones porque es una medida que no necesariamente favorece todos los sectores”, afirma.

Y precisa: “Lamentablemente me parece que (la suspensión) está muy acorde con la línea dura que ha prevalecido en la administración Trump y la retórica de Guerra Fría que ha vuelto, después que se había bajado el enfrentamiento. Pueden levantar la suspensión”.

Es mejor que no lo hagan, agrega Gamarra. “Como todo en las tomas de posturas de esta administración, creo que tienen tanta presión dentro como fuera del país para no hacer más lo que es políticamente expedito. Pueden reducir las visas (el Título IV), eso elevará el temor de la gente yo habrá inversiones nuevas. Pero no he visto nada que me lo confirme”, subraya el analista.

Es posible, especula, de que “al término de los 45 días habrá otra renovación de 45 días y así iremos de 45 días en 45 días en vez de seis meses. Hay que recordar que la Cámara de Comercio [de Estados Unidos] se opone al embargo económico”.