El Departamento de Estado de EE.UU. divulgó este martes el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, cuya sección dedicada a Cuba no ha variado casi nada en relación a las últimas décadas.
En la óptica de Washington, La Habana sigue violando los derechos humanos, laborales y religiosos de sus ciudadanos, lo cual es significativo en el contexto actual, cuando muchas personas dentro y fuera de la Isla esperan un cambio sustancial en la política hacia Cuba y las relaciones bilaterales, tras la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca.
Pero hasta hoy la nueva Administración estadounidense ha mantenido básicamente la política de Donald Trump con la Isla, aunque anunció que la está revisando y explicó que esa revisión se asentará en una perspectiva de respeto por los derechos humanos.
“Estados Unidos mantiene el mismo rasero tanto para sus adversarios como aliados. El respeto de los derechos humanos es clave en una buena relación y se juzga a todos por igual”, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en la rueda de prensa de lanzamiento del informe.
Al inicio, el documento indica que a mediados de año el mismo será ampliado para incluir una sección dedicada a la mujer y “los derechos de procreación”.
Básicamente, el informe establece como en años anteriores, tanto en administraciones republicanas como demócratas, que Cuba “es un estado autoritario con el expresidente Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba; la máxima entidad política del estado por ley, es Miguel Díaz-Canel como presidente de la República y una nueva constitución ratificada en febrero de 2019 establece que Cuba sigue siendo un sistema de partido único en el que el Partido Comunista es el único partido político legal”.
“Las elecciones no fueron libres, ni justas ni competitivas”, añade el documento relativo al año 2020, pero que incluye algunos acontecimientos del año actual.
Por otro lado, afirma que el Ministerio del Interior controla la policía, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario, y que la Policía Nacional Revolucionaria del ministerio es la principal organización encargada de hacer cumplir la ley, mientras que “las unidades especializadas de la rama de seguridad del Estado del ministerio son responsables de monitorear, infiltrar y reprimir la actividad política independiente. El liderazgo nacional, incluidos los miembros del ejército, mantuvo un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, y asegura que los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos”.
El Departamento de Estado considera que entre las cuestiones importantes de las supuestas violaciones de los derechos humanos se incluyen ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; la desaparición forzada de personas por parte del gobierno; tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, detenidos y presos por parte de las fuerzas de seguridad; las condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; prisioneros políticos; problemas importantes con la independencia del poder judicial; e interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad.
El gobierno cubano ha negado reiteradamente acusaciones similares realizadas en otras ocasiones por Washington, las que considera parte de una campaña de descrédito en su contra, y ha cuestionado la legitmidad de EE.UU. para juzgar la situación de los derechos humanos en otras naciones.
Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos también considera que La Habana “se dedicó a la censura y al bloqueo de sitios de Internet y hubo graves limitaciones a la libertad académica y cultural”.
“Los funcionarios del gobierno, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos contra los derechos humanos. Como cuestión de política, los funcionarios no investigaron ni procesaron a quienes cometieron estos abusos. La impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada”, indica el informe.