El año 2012 significó para Cuba la aplicación masiva de un paquete de revolucionarias medidas que forman parte del programa conocido como “actualización del modelo económico” impulsado por el presidente Raúl Castro en la búsqueda de la eficiencia, sostenibilidad y prosperidad del sistema político-social del país.
En retrospectiva, el lapso que expiró en diciembre dejó el saldo de que los cambios y flexibilizaciones no generan aún, por inacabados, saltos espectaculares ni todos los frutos tangibles que se esperan de ellos, pero no pocos consideran que va creando los cimientos para el vuelco decisivo.
Otros, en cambio, prefieren ver la “copa medio vacía” y reclaman mayor velocidad en los asuntos agobiantes aún por resolver, que entre los apremiantes están altos precios, bajos salarios y doble circulación monetaria.
En enero pasado comenzaron las primeras señales visibles de que el discurso político estaba sincronizado con la práctica, al ampliarse la posibilidad de arriendo de locales estatales a trabajadores privados, algo que se aplicó de modo experimental en pequeñas barberías y peluquerías.
El gobierno decidió ampliar el otorgamiento de licencias para el trabajo autónomo —trabajo por cuenta propia se dice en la Isla— a otros 25 oficios, la mayoría prestatarios de servicios menores, que hasta el momento solo ofrecían centros estatales.
Los cambios no se materializaron hasta que, en julio, el Parlamento aprobó la nueva Ley Tributaria que comenzó a aplicarse en enero de 2013, y la cual modifica el régimen impositivo adaptándolo a la realidad del país, además de ser un sistema que incluye impuestos sobre la renta, ventas o servicios, contratación de fuerza de trabajo y una contribución obligatoria a la Seguridad Social.
Las transformaciones se aceleraron en el último cuatrimestre del año, cuando en septiembre, el gobierno, que busca revitalizar la producción agropecuaria, aprobó un paquete de 17 medidas para darle autonomía a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), un tipo de organización colectiva muy extendida en la nación, pero que la burocracia estatal del sector frenó su desarrollo atándola a las empresas, lo que actualmente es motivo de críticas públicas.
Esas entidades agrícolas nacieron en 1993, en plena crisis económica cubana, y consistió en que el Estado puso la tierra en usufructo para que los trabajadores agropecuarios constituyeran una unidad productiva, en teoría con aparente autonomía, pero con real subordinación a las empresas estatales que les imponían planes, estructuras y hasta dirigentes.
Durante casi 20 años las UBPC estuvieron atadas de pies y manos, a pesar de que llegaron a ser la principal forma de explotación de la tierra en el país, con más de 2 500 constituidas y poseedoras de casi la tercera parte del área cultivable; una muestra de su ineficiencia es que hoy tienen ociosas la quinta parte de sus tierras.
Con la misma intención de elevar la producción agrícola, en octubre, el Consejo de Estado emitió el Decreto Ley 300, que entró en vigor en diciembre, para flexibilizar las reglas de entrega en usufructo gratuito de tierras estatales improductivas a campesinos privados, y autorizar, entre otras medidas, la construcción de viviendas familiares permanentes en esas fincas.
“El usufructuario, con sus propios recursos, puede construir o fomentar nuevas bienhechurías, así como reconstruir o remodelar o ampliar unas y otras”, especifica la legislación que también permite “las edificaciones, instalaciones y otras obras necesarias o útiles para la adecuada atención y protección a los cultivos, animales y plantaciones”.
El nuevo decreto también amplió de 40 hasta 67 hectáreas el área concedida a usufructuarios particulares que las reciben por un término de 10 años, prorrogables por igual período todas las veces que las partes acuerden; pero si se trata de personas jurídicas, como cooperativas, el contrato es hasta por 25 años, igualmente prorrogables.
Desde septiembre de 2008 hasta finales de 2012, el gobierno entregó alrededor de 1 400 000 hectáreas a 170 000 personas, en un intento por hacer productivos esos campos, como parte de la estrategia de lograr lo que en Cuba se ha dado en llamar “soberanía alimentaria”, que se traduce como la posibilidad de sustituir, con producción propia, los grandes montos de alimentos importados.
Apertura de la industria azucarera a la inversión externa
Otra decisión singular fue la apertura de la industria azucarera a la inversión extranjera, de la mano de empresas de Brasil y Gran Bretaña, que comenzaron a invertir en ese sector a partir del pasado mes de diciembre, cuando inició la actual cosecha de la gramínea.
La brasileña Compañía de Obras en Infraestructura (COI) administra desde ahora, y por 13 años, el complejo agroindustrial Cinco de Septiembre, en la central provincia de Cienfuegos, a unos 226 kilómetros al sudeste de La Habana.
Mientras, la empresa de capital británico Havana Energy, Ltd. y la sociedad estatal cubana Zerus, S.A., construyen la primera de cinco plantas capaces de generar 30 megavatios de electricidad a partir de la quema del bagazo de la caña de azúcar y del marabú (planta indeseable muy expandida en las tierras de cultivo).
En diciembre, también el gobierno puso en vigor un experimento para que pequeñas cafeterías y restaurantes estatales comenzaran a ser operados por sus trabajadores en concepto de cooperativa, lo que se ensaya actualmente en las provincias Artemisa, Villa Clara y Ciego de Ávila, para extenderlo a partir de este año al resto del país.
De igual manera, se prueba la creación gradual de cooperativas en actividades no agropecuarias, con las primeras 220 distribuidas en todo el territorio nacional, en diversos sectores como transporte, gastronomía, pesca, servicios personales y domésticos, recuperación de materias primas, producción de materiales y los servicios de la construcción.
No obstante el camino avanzado, el 2013 se espera complejo y decisivo, pues comenzará a tocar el nervio mismo del cambio estructural más importante de la actualización del modelo: la empresa estatal socialista.
En el esquema planificado en Cuba para la creación de riquezas, esas organizaciones desempeñarán el papel mayoritario, y por tanto, sobre su eficiencia descansa la solución a los más importantes problemas pendientes.