Arquitectos y urbanistas cubanos reclamaron este miércoles un diálogo con las autoridades de la Isla sobre la posibilidad de ejercer su labor de manera privada, algo que hasta el momento no le es permitido a quienes desarrollan esa profesión.
En un mensaje público en Facebook, titulado “¿Diálogo imposible?”, cuatro reconocidos profesionales del gremio insistieron en la necesidad de un intercambio sobre el tema y lamentaron que hasta la fecha no haya existido respuesta a las comunicaciones que en este sentido aseguran haber enviado “a las más altas instancias del país”.
“Durante casi un año varios grupos de arquitectos, ingenieros y urbanistas cubanos hemos dirigido cartas a las más altas instancias del país –al Presidente y varios ministros (Construcción, Trabajo, Economía y Planificación)–, solicitando abrir un diálogo para poder explicar la conveniencia y la necesidad de permitir el trabajo de arquitectura independiente en las modalidades que se han aprobado —Trabajo por Cuenta Propia (TCP), PYMES, Cooperativas No Agropecuarias (CNA)– y conocer las razones de su prohibición”, señala el mensaje que aparece rubricado por los arquitectos Universo García, Orlando Inclán y Nelson González, y el Doctor en Ciencias Técnicas y urbanista Carlos García Pleyán, quienes aseguran que “no ha habido todavía ninguna respuesta a las respetuosas y fundamentadas demandas”.
“La producción arquitectónica y urbana tienen un significativo componente creativo y responde a un ámbito de múltiples escalas y actores económicos que no se circunscriben únicamente al sector estatal. En particular, la próxima reorganización y crecimiento del sector no estatal (ya sea como trabajador por cuenta propia, como micro, pequeña y mediana empresa o como cooperativa), así como el incremento de proyectos de desarrollo local presentan una demanda creciente de proyectos urbanos y arquitectónicos, asumidos ya por un grupo considerable de profesionales al amparo de licencias afines no aptas para ello”, argumentan los especialistas, en cuya opinión “se necesita para ello de un marco legal flexible que responda cabalmente a todas las escalas de su desarrollo y que fortalezca la visión cultural de la arquitectura y el urbanismo, y no la meramente constructiva, que es hoy la predominante, conteniendo así la creciente emigración profesional”.
“Las demandas han provenido de más de un centenar de arquitectos organizados alrededor de tres grupos: la Sección de Arquitectura y Patrimonio de la UNEAC, el Grupo de Estudios Cubanos de Arquitectura (GECA, sección de base 160 de la UNAICC) y otro grupo nucleado alrededor de la Iniciativa Pro Arquitectura. El reclamo ha consistido en solicitar a las autoridades la convocatoria a un diálogo para debatir la actual prohibición del ejercicio no estatal de las profesiones de arquitectura e ingeniería, con el objetivo de conocer sus razones y poder argumentar las nuestras”, prosigue la comunicación, según la cual “cada grupo escribió varias cartas a las autoridades competentes exponiendo su argumentación y solicitando el diálogo”.
Sin embargo, sostienen los firmantes, “en los meses transcurridos el Ministerio de la Construcción, la UNAICC y la UNEAC recibieron a algunos representantes para escuchar sus planteamientos sin ofrecer ninguna respuesta ni abrirse el diálogo en ningún caso”.
“Recientemente el MICONS informó –en una reunión con GECA y la presidenta de la UNAICC (Unión nacional de arquitectos e ingenieros de la construcción de Cuba)– que la solución se canalizaría a través de la formación de PYMES estatales, lo que plantea multitud de interrogantes. Por lo que nuestro reclamo sigue siendo el mismo casi un año después: abrir un diálogo para escuchar las razones de la prohibición y exponer nuestras propuestas”, explican.
Los cuatro profesionales de la Arquitectura y el Urbanismo esgrimen que “en los últimos días el Presidente –Miguel Díaz-Canel– ha estado desarrollando una serie de intercambios con distintos grupos de interés –campesinos, economistas, estudiantes universitarios, mujeres, juristas…– sobre la compleja situación del país y como enfrentarla” y se preguntan “¿por qué no se ha propiciado reunirse y dialogar con los arquitectos e ingenieros?”
“¿Cuáles son las dificultades insuperables que se plantean? ¿Acaso las ciudades no reclaman del aporte de todos para su recuperación y, en particular, de arquitectos y urbanistas? ¿No merecen los jóvenes arquitectos poder desarrollar toda su potencialidad en el país que los formó? ¿Cuál es, entonces, la vía adecuada para lograr ese diálogo y alcanzar una solución consensuada?”, son otras interrogantes todavía sin respuesta oficial, con las que García, Inclán, González y García Pleyán culminan su mensaje público.
En febrero el gobierno cubano eliminó la lista de trabajos establecidos en el sector privado y dejó solo limitadas o vedadas 124 ocupaciones, como parte de sus reformas económicas en medio de la severa crisis que padece la Isla. Pocos días después publicó la relación del centenar de empleos que seguirán prohibidos para los llamados “cuentapropistas”.
Ámbitos especialmente importantes para el Estado por motivos económicos o político-ideológicos quedaron fuera del alcance de los trabajadores autónomos, que en este momento representan el 13 % de la población ocupada en Cuba. De acuerdo a la lista, profesionales de alta cualificación como los médicos, odontólogos, arquitectos, abogados, ingenieros o investigadores en ciencia y desarrollo seguirán sin poder trabajar de forma independiente fuera del sector estatal, lo que ha motivado quejas y reclamos por parte de algunos de estos gremios, que ven limitadas sus posibilidades en el actual escenario económico del país.