Bienestar animal en Cuba: las normas que vienen (I)

Aunque el tema de la protección y el bienestar animal lleva años sobre el tapete en Cuba, con intentos hasta ahora inacabados de establecer una legislación específica al respecto, el mismo ha ganado fuerza en los últimos tiempos a la par de los reclamos de un creciente sector de la sociedad civil cubana.

Los debates populares en torno a la nueva Carta Magna de la Isla, aprobada en referendo en febrero de 2019, pusieron al descubierto ante la opinión pública los criterios y preocupaciones de muchos cubanos acerca del tratamiento a los animales en el país, tanto por entidades estatales como por la propia sociedad, y reforzaron la necesidad de contar con normas legales actualizadas y abarcadoras, en sintonía con los avances internacionales en esta dirección.

En este escenario ha logrado mayor visibilidad en Cuba el accionar de una activa comunidad animalista, articulada mayormente de manera independiente, que ha desarrollado numerosas acciones de salud y protección animal, ha insistido en la aprobación de nuevas normativas y ha protagonizado hechos hasta hace poco inéditos en la Isla, como protestas pacíficas y una marcha autorizada por el gobierno, así como algunos espacios de diálogo y participación con instituciones del Estado.

A la par, las autoridades cubanas dieron finalmente luz verde a la elaboración de una política estatal y al postergado proyecto de legislación sobre el tema, que, concebido como un decreto ley ―y no como una ley, como en algún momento se manejó y muchos ambientalistas solicitaban― fue inicialmente programado para aprobarse el pasado noviembre y pospuesto recién para febrero, como parte de los reajustes realizados en el cronograma legislativo debido a la pandemia.  

Para conocer sobre estos documentos, su confección, elementos principales y otros temas situados en su órbita, OnCuba conversó con Yobani Gutiérrez Ravelo, Director de Sanidad Animal del Ministerio de la Agricultura (MINAG) y delegado de Cuba ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, y con Orlando Díaz Rodríguez, Director Jurídico del MINAG, entidad encargada de liderar el proceso de construcción legislativa, quienes nos ofrecieron detalles y valoraciones sobre tales aspectos. A continuación, le ofrecemos la primera de las dos partes en que dividimos la entrevista, organizadas según los temas abordados en diferentes momentos del amplio intercambio sostenido con ambos funcionarios.

Bienestar animal mejor que protección animal

Yobani Gutiérrez Ravelo (YGR): El tema de bienestar animal se ha constituido actualmente en una ciencia. Todo lo que se habla y se recomienda al respecto, tanto en lo relacionado con especies afectivas como productivas, se ha venido estudiando desde hace unos veinte años y se basa en fundamentos científicos, probados. La Organización Mundial de Sanidad Animal, de la que Cuba es miembro desde 1972 ―un año después de erradicar la fiebre porcina africana, introducida en Cuba por EE.UU. ― tiene un grupo de normas, directrices y recomendaciones que los países miembros, aunque no están obligados a cumplir, sí deben observar a la hora de elaborar políticas y estrategias, aun cuando estas se adecuen a la realidad nacional. Y dentro de ellas se aborda dicho tema.

En el glosario de términos y definiciones, incluido en el código de las enfermedades de los animales terrestres de la organización mundial, se define el concepto de bienestar animal, el cual plantea que “el bienestar animal es el adecuado estado físico y mental de un animal con relación a las condiciones en las que vive y muere”, o sea desde el nacimiento del animal y durante el tránsito de la vida hasta su muerte. Se trata de un concepto más amplio que el de protección animal, que incluso no está incluido en este glosario de términos y definiciones, y que más bien se refiere a la protección física del animal, es decir su cuidado físico, mientras que el de bienestar, además de esa protección, incluye también el que el animal tenga un buen estado mental. Ello permite que, en el caso de las especies afectivas, estas puedan mostrar un comportamiento natural, acorde a la especie, a las razas, y en el caso de las productivas, cuando se cuidan y explotan bajo condiciones adecuadas, esas especies, que se utilizan con fines comerciales, puedan expresar su todo potencial genético.

En el código también se definen las llamadas cinco libertades o cinco necesidades básicas que deben tener cubiertas los animales para disfrutar de bienestar animal, y así las hemos definido en la política y en las normas jurídicas nuestras. En ellas se plantea que el animal tiene que estar libre de sed, libre de desnutrición, libre de malos tratos. Se debe prever todo lo relacionado con una buena asistencia veterinaria y que los animales no se enfermen, que no sufran acciones de injuria, de agresividad, que les puedan causar estrés, temor, y que finalmente puedan expresar su comportamiento innato genético, tanto en las especies afectivas como productivas. En estas últimas se han hecho también estudios y se han definido aspectos importantes para garantizar el bienestar animal, que están relacionadas con las tecnologías de producción, el espacio vital, los sistemas de crianza, de alimentación, de nutrición, de ventilación, para que los animales expresen su mejor comportamiento.

Antecedentes de los documentos que se elaboran

YGR: En Cuba no estamos en punto cero en el tema del bienestar animal. Cuando el amplio proceso de consulta para la aprobación de la nueva Constitución, hubo un reclamo ciudadano de que hubiera una norma que regulara esto. Sin embargo, ya desde antes veterinarios, especialistas, productores, animalistas, venían planteando en diferentes espacios que en Cuba debíamos adoptar esas directrices internacionales e ir trabajando en una legislación propia. Por tal razón, desde enero de 2001 se creó en el país el Comité Nacional de Bienestar Animal, que está integrado por profesionales de varios campos relacionados de una forma u otra con el trabajo con los animales: veterinarios, microbiólogos, abogados, especialistas de la dirección de Flora y Fauna, académicos, los cuales fueron trabajando en esta dirección. Primero, en ver qué normas relacionadas con el tema ya había en Cuba, qué normas estaban saliendo a nivel internacional, qué adecuaciones había que hacer para el contexto cubano, y también ver los temas de la capacitación, cómo se podía incidir en que en nuestro país se trabajara en función de esto. Y ese comité también se dio a la tarea de ir trabajando en lo que ellos llamaron en ese momento un proyecto de ley de bienestar animal, del que se llegó a trabajar hasta una cuarta versión. Por lo tanto, sí ha habido un tránsito en este sentido, hasta llegar a la labor que hemos desarrollado en el último año.

Por otro lado, en la normativa veterinaria cubana tenemos el decreto ley 137, que es el que rige esta actividad en Cuba, y también tenemos otras normas que se han aprobado en el país, en las que se hace un abordaje de la sanidad y el bienestar de los animales. Pero realmente no había una norma jurídica específica sobre el tema, y ese fue un problema que vimos en el diagnóstico, según la metodología que seguimos para elaborar la política y el decreto ley, una vez que comenzó el proceso de elaboración de estos documentos.

Orlando Díaz Rodríguez (ODR): Ya en nuestra legislación vigente tenemos temas regulados referentes al bienestar animal. Usted revisa el decreto ley 137 de la medicina veterinaria, de 1993, y ahí hay mención al tema del bienestar animal. También en la Ley 85, la Ley Forestal, hay referencia a ello cuando se aborda la protección de la flora y la fauna silvestre. Ello demuestra la atención y preocupación sobre el tema del gobierno, el Estado y las instituciones cubanas.

Un hito previo fue el análisis y amplio debate del proyecto de Constitución. La necesidad de contar con una norma específica sobre bienestar animal fue un tema muy planteado en esos debates, y el trabajo que hemos venido realizando responde a esos planteamientos. En el decreto ley en elaboración se invoca como norma de desarrollo al artículo 75 de la Carta Magna que asegura que todas las personas tienen derecho a disfrutar de un medioambiente sano y equilibrado. Ese artículo dice que el Estado protege el medioambiente y los recursos naturales del país y reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad, para ser más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Y es que hoy en los organismos internacionales se habla del concepto de una sola salud, y hablar de bienestar animal tiene que ver también con la salud humana, no solo con la física sino hasta con la salud espiritual.

La política y la norma, ¿por qué un decreto ley?

ODR: De todos los temas estratégicos para el país siempre se aprueba primero una política, por parte del Consejo de Ministros como máximo órgano de gobierno de la República de Cuba, con todas las facultades constitucionales que tiene. Esta política de bienestar animal tiene un trabajo interesante, porque parte de una metodología y de un diagnóstico de los principales problemas que teníamos sobre el asunto. Eso permite que, partiendo de ese diagnóstico, se pueden hacer definiciones de política y trabajar la norma jurídica. Ahora, ¿cuál es la interrelación entre ambas? Pues se trabaja y se aprueba la política y también se trabaja la norma jurídica para su aprobación. Por tanto, la norma jurídica, cuando se promulgue y entre en vigor, será la instrumentación jurídica de la política. O sea, que el decreto ley de bienestar animal va a instrumentar jurídicamente la política aprobada para el bienestar animal en Cuba. Se trata de un hito importante, pues además del trabajo pretérito de nuestras instituciones y de otras menciones legislativas, sin lugar a dudas la novedad ahora es que vamos a tener una norma específica sobre el bienestar animal que va a permitir unificar la legislación y va a poder abordar también algunos temas novedosos. Por eso, es muy importante el estudio que se ha hecho del derecho comparado. Hemos estudiado legislaciones de otros países, de América Latina, para ver un poco la referencia, pero encausando la política y la norma jurídica adecuadas a nuestras características, a las condiciones histórico-concretas de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Recordemos la frase martiana: “insértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas”. Ese ha sido un objetivo importante del grupo de trabajo creado para la elaboración de la norma.

¿Por qué decreto ley? Primero, se trata de una norma de rango superior, una norma ágil, que constitucionalmente la dicta y aprueba el Consejo de Estado y después es ratificada por la Asamblea Nacional. Esto quiere decir que tiene todas las garantías, en nuestra opinión, para dar respuesta legislativa al tema que se está tratando. Además, va a tener también un decreto, que va a ser su reglamento, que es donde se va a abordar la necesidad de un orden contravencional para establecer algunas medidas punitivas a aquellas acciones u omisiones que transgredan el bienestar animal.

Elaboración de los documentos

YGR: En el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre del 2019 fue incluido el tema del bienestar animal y el propio presidente Díaz-Canel planteó que había que atender esto. Entonces se creó un grupo de trabajo por indicación del ministro de la Agricultura, desde el 15 de enero de 2020 integrado por 42 compañeros, un grupo muy heterogéneo, con especialistas de casi todos los organismos de la Administración Central del Estado, de otras entidades que tienen que ver con el campo de la sanidad y el bienestar animal, siguiendo la metodología que existe para ello. Hemos estudiado otras legislaciones a nivel internacional, pero muy atemperados a la realidad nacional, porque no podemos poner cuestiones que después no podamos cumplir. El grupo tiene a su vez siete subgrupos para los diferentes temas que abarcan los documentos, que incluyen lo relacionado con los animales afectivos, los animales productivos, los eventos y ferias, los temas de la salud pública veterinaria, la producción animal, los temas específicos de la zoonosis, o sea, son muchas cuestiones las que se incluyen y en las que hemos venido trabajando.

Ya en nuestro ministerio, en la dirección jurídica y en el resto de las direcciones que participan en los procesos de elaboración de normas jurídicas, tenemos experiencia al respecto, lo que conllevó que, al crearse el grupo de trabajo para la elaboración de la política y el decreto ley, ya tuviéramos una metodología de trabajo. Siempre se parte de un diagnóstico sobre cuáles son los problemas existentes y qué reclama la sociedad al respecto. En este caso se hizo un diagnóstico que tiene alrededor de 14 problemas fundamentales señalados: primero la dispersión jurídica, porque, aunque existen determinadas legislaciones, no hay una norma específica que rija este tema en Cuba. También el componente educacional desde las edades tempranas, desde los niños hasta la formación general y específica para los profesionales de las carreras afines a este tema. En el diagnóstico también salieron los problemas relacionados con el abandono de los animales en las calles y otros que han sido frecuentes en las redes sociales, por ejemplo, con Salud Pública, sobre los métodos de captura de los animales callejeros, su tratamiento y cuidado en los centros de observación, e incluso los métodos del sacrificio si es necesario llegar a ese punto. De igual forma, lo relativo al enfrentamiento inducido por el hombre entre determinadas especies de animales, principalmente las peleas de perros, las peleas de gallos finos, alrededor de las cuales también hay mucho juego ilícito. También el tema de la tenencia de los animales afectivos en las instalaciones de producción agropecuaria, que tienen normativas a cumplir y que muchas veces también se violan y afectan el bienestar animal. Además, los problemas que se dan en recintos de ferias, en zoológicos, en el cuidado de los animales, las indisciplinas de las personas en el cumplimiento de los reglamentos y procedimientos establecidos para estos sitios. Y está lo relacionado con el traslado de los animales, y también con el sacrificio, cómo hacerlo, cómo insensibilizar al animal para que el proceso sea lo menos doloroso para él, algo sobre lo que el organismo internacional recomienda métodos siguiendo bases científicas. Nosotros hicimos un levantamiento de todos esos problemas detectados en el diagnóstico y coinciden prácticamente con los planteamientos que hace la población, que son muy recurrentes. Por eso creemos que, gracias a esa metodología que hemos aplicado, junto al estudio del derecho comparado, estamos en condiciones de tener en Cuba una buena política y una buena norma jurídica, entre todos los actores que participamos en ello, que somos bastantes, no solo el MINAG, y no solo tenerla sino también implementarla para bien de los animales y la sociedad.

Nuestro ministerio atiende 16 asociaciones, que somos su órgano de relación, y muchas tienen que ver con la sanidad animal. Ese el caso de la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria, la Asociación para la Protección de Animales y Plantas (ANIPLANT), la Asociación Nacional Ornitológica, la Federación Colombófila, que su órgano de relación es el ministerio de las comunicaciones, pero tenemos vínculos con ella, la Federación Cinológica, que tiene sus clubes, la Asociación de Aficionados a los Gatos, la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), para el tema de los animales productivos, que también es muy importante y tiene sus sociedades. Y nosotros estamos interactuando con todas ellas en función de este tema y los documentos que se han ido elaborando, para que cada una, desde su posición, nos brinden su enfoque y cómo se va atendiendo el bienestar animal. Y también hay muchas personas que integran grupos proteccionistas, ambientalistas, como PAC, CEDA, BAC, que se han hecho eco de esta problemática y han emitido sus planteamientos, nos los han hecho llegar o los han enviado incluso a la oficina del presidente. Hasta enviaron un borrador de un proyecto de decreto ley que habían trabajado, juristas que pertenecen a esos grupos, y todos esos criterios los hemos tenido en cuenta también. Nos hemos comunicado con ellos, hemos conversado sobre el proceso, sobre sus propuestas, para de ahí tomar lo positivo para elaborar la política y el decreto ley. En sentido general, ha sido un trabajo sistemático, de revisión, de contacto, de construcción, para avanzar hasta lo que tenemos hoy, y creo que profesionalmente ha sido una experiencia única, muy bonita, para todos los que hemos participado en ella.

Criterios de la población, convocatoria a legislar

ODR: El proceso de elaboración de la política y la norma ha sido muy participativo e inclusivo. Desde el inicio hicimos una apertura en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, habilitamos un correo específicamente para recibir opiniones de la población sobre el tema, con vistas a la construcción de la política en un primer momento. Así fuimos recogiendo diversos criterios, e incluso recibimos 72 propuestas que nos remitió un grupo de compañeros y que también estuvimos evaluando. Y a partir de noviembre lanzamos nuestra convocatoria a legislar, que tiene una línea de continuidad con el proceso inicial que abrimos en nuestras redes sociales y que ha tenido una respuesta muy interesante: más de 6.000 lecturas al corte de noviembre, y más de 1.200 comentarios. En esa convocatoria publicamos los temas principales de construcción de la política y sobre todo del decreto ley, y su impacto ha sido muy positivo. Todas las opiniones que han llegado a nuestra página web y en nuestras redes las hemos tomado en consideración, han sido valoradas por el grupo de trabajo. El sistema de atención a la población del MINAG a lo largo del país también ha recepcionado criterios y hemos tenido encuentros directos con personas interesadas en el bienestar animal, porque abogamos por estos intercambios que puedan enriquecer los documentos. De esta forma, hemos desarrollado un proceso de construcción legislativa muy interesante, que recae en el grupo de trabajo, pero que está acompañado por la población, por sus criterios y valoraciones. Incluso en los meses duros de la pandemia el grupo se ha mantenido activo y le hemos seguido prestando la máxima atención al tema y a las opiniones que nos han seguido enviando.

YGR: Como parte del proceso de elaboración y consulta de estos documentos con las principales autoridades legislativas y del país, hemos recibido un grupo de recomendaciones, y una de ellas ha sido precisamente observar y tener en cuenta todos los planteamientos y recomendaciones que haga la población, todas las personas naturales y jurídicas, incluyendo las personas insertadas en los grupos de proteccionistas que no son hoy reconocidos por el Ministerio de Justicia como asociaciones, pero que también se han acercado a nosotros y nosotros a ellos, para intercambiar, compartir opiniones, y tener en cuenta todos los criterios para enriquecer el documento y que este sea lo más completo posible.

Tenemos que reconocer que en muchos de los planteamientos, de los mensajes de la población, que fueron enviados primero a las direcciones electrónicas y las plataformas que habilitamos en el grupo de trabajo, nos llegó mucha información valiosa. También de la oficina del despacho del presidente nos llegaron quejas, reclamaciones, criterios de las personas sobre el tema, que nos fueron enviadas, y luego abrimos la convocatoria a legislar, que ha sido muy útil porque las personas vieron ahí no el contenido de la norma, pero sí la estructura, los capítulos, los temas fundamentales. La norma va a tener tentativamente 14 capítulos y 95 artículos, aunque ya esas cifras no son las iniciales y podrían variar en la versión definitiva, y entonces las personas se han ido guiando por esas pautas y emitiendo sus opiniones. El proceso de trabajo que se ha seguido es que el grupo de trabajo da seguimiento a todos esos estados de opinión y con el apoyo del departamento de comunicación de nuestro ministerio va analizando día a día toda la información que va llegando, para que todos los elementos que no hayan sido considerados hasta ese momento lo sean, y que las personas vean que su opinión fue atendida y sus criterios pueden tener un impacto en el tema que estamos trabajando. Eso lleva un trabajo riguroso, de seguimiento sistemático a toda esa información, y también con el grupo de capacidad legislativa, al que presentamos el documento, y luego nos hacen recomendaciones y aparecen cinco planteamientos más, entonces venimos, revisamos, cotejamos y lo volvemos a presentar. Así se van construyendo los documentos lo más acabados posible. Pero reitero que todos los planteamientos de las personas se han tenido en cuenta en este proceso.

Momento actual, aprobación de la norma

ODR: Se ha avanzado muchísimo en la elaboración de la norma jurídica y en ello, indiscutiblemente, la convocatoria a legislar ha dado un aporte significativo. Por eso, decidimos no cerrarla como estaba inicialmente previsto, sino dejarla viva, para seguir recibiendo opiniones. El grupo de trabajo sigue trabajando de manera permanente, de manera acuciosa, para cumplir con el nuevo plazo previsto en el cronograma legislativo debido a la pandemia. En ello estamos. Quiero resaltar que esta es una labor en la que intervienen muchas especialidades, porque no solo estamos los juristas encargados de la redacción de la norma, sino también muchos especialistas que abordan el tema desde sus diversos ángulos. Por eso ha sido importante la presencia de representantes de diversas instituciones en el grupo de trabajo. El MINAG, por su función estatal rectora, ha actuado como ente coordinador, como ente organizador del grupo de trabajo, pero este es un proceso intersectorial. Y también es importante resaltar el papel de las asociaciones, entre las que yo destaco siempre el de ANIPLANT, porque ha sido precursora en lo referido al bienestar animal, en gestionar el conocimiento y acompañar al ministerio, a las instituciones y a la sociedad cubana en el abordaje de este tema, y en un rol muy importante que va a tener esta norma, que es el proceso educativo, formador de valores, porque sin lugar a dudas las normas jurídicas van a tener un orden contravencional, incluso va a haber algunas conductas que van a tener un tratamiento penal, pero si lo contravencional es importante, más importante es trabajar en lo preventivo, en lo educativo. Y la norma lo refleja.

YGR: En cuanto a las causas de la posposición de la aprobación del decreto ley, que inicialmente estaba prevista para noviembre, son varias. El escenario del 2020 no fue el mismo de todos los años, llegó la COVID, pero además hay que reconocer que la convocatoria a legislar ha tenido un impacto importante en la decisión de postergar la aprobación de la norma; en decir, bueno, en noviembre no, vamos a esperar que las personas nos envíen todos sus criterios, que refuercen su estado de opinión, para tenerlo en cuenta, y bueno, nos demoramos unos meses más, pero tenemos documentos más inclusivos y acabados.  

El tope para su aprobación ya está definido, se definió en la Asamblea Nacional, es febrero, aunque la convocatoria la dejamos abierta, y estamos haciendo un esfuerzo muy grande en el cierre del proceso, porque, además, también tenemos otro documento muy importante en elaboración, que es el reglamento, el cómo hacer, el papel que jugará cada organismo de la Administración Central del Estado, cada entidad, una vez que se aprueben la política y la norma. En eso estamos trabajando, para que Cuba tenga su legislación de bienestar animal.