Más de nueve mil soldados de las Fuerzas Armadas están en las calles del país. La amplia presencia de mosquitos Aedes Aegypti, el agente transmisor de enfermedades como el dengue, el Chicungunya, y también del Zika, ha impulsado al presidente de la Isla a “sacar las tropas”.
Efectivos en activo y reservistas recorren desde hace cinco días las calles de las principales ciudades. Ellos —la mayoría jóvenes— van en dúo, armados con bazucas y escoltados por estudiantes de Medicina. Pero no se trata de un ejercicio militar en el más estricto sentido, sino de una operación que ha sido llamada “Apoyo al Sistema de Salud cubano”.
Raúl Castro lo hizo oficial este lunes, en un llamamiento al pueblo, en el que calificó como “(…) necesario que cada cubana y cada cubano asuma este combate como un asunto personal, un problema que le atañe, sobre todo por la responsabilidad que adquiere, en primer lugar, con su familia.”
El altísimo riesgo de que entre el virus del Zika al archipiélago es el detonante de esta decisión. El estado de emergencia internacional decretado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) resuena en Cuba, donde las deterioradas condiciones higiénicas y ambientales y la baja percepción de riesgo de la población podrían generar una epidemia de graves consecuencias, si entra la enfermedad al país.
“Cada pareja tiene que revisar 100 casas por jornada, y tenemos que emitir partes a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde sobre quiénes abrieron las puertas y quiénes no. Nosotros solo fumigamos, los estudiantes de medicina son quienes registran el nombre de las personas y toman la temperatura para detectar casos de fiebre”, explica a OnCuba Osniel, uno de los reservistas llamados a filas para trabajar en la zona de Cayo Hueso, en La Habana Vieja.
“Yo soy agente de seguridad y protección y vivo por aquí cerca, como casi todos los que han llamado para esta Contingencia”, agrega el joven, enfundado en su uniforme verde olivo, que “adornó” con unas gafas de moda.
La participación popular se promueve primero de forma voluntaria (facilitándole a los trabajadores estatales llegar tarde o ausentarse de su centro) pero también con la fuerza de la ley: la resolución 23 de la Fiscalía General de la República ha establecido un procedimiento para exigir responsabilidad legal a quienes no colaboren. Para ello, 200 oficiales de la Policía se encargarán de multar a quien se resista a cooperar.
Daisy, la Organizadora del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) en la zona de Espada y Jovellar, se aseguró de que sus vecinos abrieran las puertas. “Yo misma los llamé por teléfono o les toqué las puertas. Si no abren tendrán que enfrentarse a una multa de 1 500 pesos”, afirma.
La magnitud del despliegue sanitario en el archipiélago guarda relación con el alto costo de no evitar a tiempo más contagios. Porque no se trata solo de la posibilidad del Zika (del cual hasta ahora no se ha reportado ningún caso) sino de que, ahora mismo, los médicos y enfermeras de varios municipios del país enfrentan una verdadera “situación de epidemia”.
En Centro Habana, por ejemplo, algunos consejos populares que registraron durante 2015 unos 20 casos de Dengue por mes, sumaron en diciembre y enero de 2016 más de 140 infectados, con declives a partir de febrero.
“En Cuba no existe percepción de riesgo, no solo porque las personas sean irresponsables, sino porque la información sobre las epidemias que vivimos es casi inexistente”, razonaba el vicedirector de Higiene y Epidemiología de un policlínico habanero, bajo condición de anonimato. “Hay cólera y hay alerta de Fiebre Amarilla, que nos puede llegar desde África; pero de eso no se ha dicho nada en los medios de comunicación. La información sobre las epidemias es un asunto de política”, agregó.
Para un país carente de recursos económicos, como Cuba, puede ser más factible en el plazo inmediato movilizar al Ejército que poner fin a toda la acumulación de basura en las esquinas, a los salideros en sus redes de acueducto (por donde se pierde casi la mitad del agua que se bombea) y a las técnicas precarias de almacenamiento de agua (por la inestabilidad del abasto), con que convive su población.
“La gente se despreocupa porque llevamos muchos años de campaña y la situación no se resuelve”, dice Manolo Iturralde, residente en un cuarto piso, en Cayo Hueso, y que se niega a fumigar porque, observa, en la bodega del primer piso y la oficina estatal del segundo, no lo hacen tampoco.
Contra esa trinchera también tendrá que “batirse” la infantería “antivectorial”.
