La relatividad de las cifras y su forma de presentación pública no nos deben llevar a restar importancia a fenómenos sociales preocupantes y dañinos. Tal es el caso de la interesante información que acaba de ofrecer el Ministerio Interior de Cuba acerca de la baja incidencia de delitos de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Según la información que publicó este martes la agencia Prensa Latina, durante el 2012 se reportaron en el país dos mil 117 denuncias de delitos contra niños, niñas y adolescentes, lo cual arroja una incidencia de 0,09%, en relación con una población de dos millones 260 mil 751 habitantes de hasta 16 años.
Los datos que ofreció la coronela Idaís Borges, jefa de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior (Minint), pudieran corroborar que, efectivamente, tales manifestaciones no constituyen un problema social en Cuba.
Pero ojo. Una simple división aritmética nos da un promedio de 5,8 denuncias diarias por esta causa. O sea, cada día hay al menos cinco menores de edad envueltos en presuntos actos de abuso que llegan a manos de la justicia. Y de cualquier forma, este es un tipo de problema en el cual un solo caso, para nosotros ya debería ser demasiado.
Y aunque si bien podríamos estar de acuerdo con “que —como expresó la funcionaria—en la nación caribeña no existen redes dedicadas a la trata y abuso de menores, y que las autoridades aplican una política de cero tolerancia hacia los delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, de la familia y de la infancia y la juventud”, yo personalmente no me conformo con ese enfoque triunfalista.
Porque debemos estar muy claros que en este, como en otros delitos de naturaleza sexual o de violencia, los casos que llegan a presentarse como denuncia distan de ser la totalidad.
Además, hay múltiples formas de ir contra los derechos de la infancia y la adolescencia que no necesariamente son los abusos sexuales. Por ejemplo, hoy por hoy, no veo muy enérgica la actuación de la policía ante la utilización de menores en actividades lucrativas informales o en labores particulares.
Recuerdo particularmente una ocasión en que compartía con unas amistades de trabajo en el Malecón habanero hace ya algunos años, e hice fijación con un individuo que a altas horas de la noche representaba su espectáculo callejero en compañía de un niño muy pequeño.
Y este tipo de empleo de los infantes en actos o conductas que les denigran o los apartan de su descanso, el estudio u otras actividades propias de su edad, también tenemos que repudiarlo y si es preciso, denunciarlo ante las autoridades policiales, las cuales, por cierto, bastante presencia tienen en estos sitios públicos, y también podrían estar más alertas en este sentido, en lugar quizás de concentrar tanto su atención en los sitios y la manera en que comparten las personas homosexuales, bisexuales y trans.
Otro elemento que no podemos desconocer es que los instrumentos legales a los que hace referencia la funcionaria del Minint como mecanismos para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, en particular “los códigos de Familia, de la Niñez y la Juventud, y un decreto sobre la Adopción”, hace rato que requieren una revisión y actualización, lo cual es un reclamo de muchos activistas por los derechos humanos y expertos en cuestiones de familia en la actualidad.
Resulta muy congruente y lógico con nuestro proyecto social que “el Estado cubano esté entre los 10 primeros que ratificó la Convención de Palermo sobre los derechos de los niños”, y me parece genial que “la Dirección de Menores del Minint y sus centros de protección trabajen para prevenir y detectar los delitos cometidos contra ese sector de la población, así como para evaluar y dar tratamiento educativo y especializado a las víctimas y sus familias”.
Pero, por favor, no nos quedemos en la simpleza de los porcentajes matemáticos y en el acomodamiento de las cifras para edulcorar nuestra realidad.
Francisco Rodríguez Cruz (Paquito el de Cuba)
Foto: Alain. L Gutiérrez