El número de personas sancionadas penalmente en Cuba por el delito de evasión fiscal ha crecido en los últimos años, según directivos de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat), citados por el periódico oficial Trabajadores.
Los tribunales cubanos dictaron 67 sentencias por evasión fiscal en 2018, en casos que implican a 155 personas. Mientras, al cierre de julio de 2019 ya habían declarado culpables del propio delito a 71 contribuyentes, lo que en conjunto suma más de 200 sancionados por esta causa en los dos últimos años.
Las penas aplicadas a los sancionados por incurrir en ese tipo de delito pueden llegar hasta ocho años de privación de libertad, además del pago de las deudas tributarias, multas y recargos por mora, según refirió Sonia Fernández, directora jurídica de la Onat.
De igual forma, “cuando son juzgados penalmente, estos contribuyentes pueden perder derechos civiles como el de ejercer el sufragio o salir del país“ e, incluso, en “casos más graves“ puede establecerse “la confiscación de los bienes y el patrimonio adquiridos con dinero mal habido“, dijo la funcionaria.
Fernández explicó que actualmente “hay una intensificación del rigor en las acciones de control fiscal, a través de la realización de auditorías fiscales con técnicas más avanzadas que permiten una mayor efectividad en la búsqueda de información de relevancia tributaria“.
Aseguró que en la actualidad es “difícil“ que no se detecten las evasiones al fisco, a partir de que la Administración Tributaria cuenta con “diversas informaciones que están a su disposición“. Según lo detectado, la Onat realiza determinaciones de las deudas tributarias, el dinero que no se aportó al presupuesto del estado, y en función de ello se les cobra a los evasores con las correspondientes multas y recargos por mora que la ley establece.
Según la directiva, las provincias con mayor incidencia en el incremento de la evasión fiscal son La Habana, Holguín, Matanzas y Camagüey, aunque ningún territorio cubano está exento del problema.
Las conductas evasoras sancionables varían, desde la subdeclaración de ingresos y la utilización de materias primas de procedencia ilícita, hasta falsear la contabilidad de los ingresos y gastos en los asientos contables, explicó Fernández.
No incluir, o disminuir en la declaración jurada la cantidad de trabajadores contratados en la actividad que se realiza también figura entre las violaciones frecuentes, así como el uso de testaferros, o sea, una persona que presta su nombre como falso titular del negocio. Al respecto, la funcionaria dijo que la persona inscrita como contribuyente, aunque no sea el verdadero propietario, es asimismo responsable ante las autoridades.
La directora jurídica de la Onat también enfatizó en el concepto de que “no se puede gastar más de lo ingresado”. Si aparecen compras de grandes cantidades de materias primas, mercancías y productos costosos, “esto presupone un nivel de ingresos en correspondencia con tales desembolsos”, dijo, al tiempo que también refirió otros aspectos tenidos en cuenta por las autoridades como el movimiento de los inventarios, los gastos propios de la instalación, el costo por el arrendamiento del inmueble, la ejecución de inversiones y los consumos energéticos.
“Cuando se analizan los gastos, y luego los ingresos reportados, se hace evidente el nivel de subdeclaración, que en muchas ocasiones es consciente, inducido, pensado, provocado”, agregó Fernández.
En la actualidad, Cuba registra más de 600 mil trabajadores por cuenta propia, según estadísticas reveladas en la Asamblea Nacional, una cifra que sobrepasa el millón cuando se suman otras modalidades del sector privado. Entre las labores más ejercidas por los autónomos están la elaboración y venta de alimentos, el transporte de pasajeros y el arrendamiento de habitaciones y viviendas.