Los tribunales cubanos han juzgado hasta la fecha a 67 acusados por presuntos delitos relacionados con las protestas antigubernamentales del pasado julio, revelaron autoridades judiciales de la Isla.
Estas personas están comprendidas en las 23 causas radicadas hasta el momento por los sucesos, en las que “la tipicidad delictiva predominante continúa siendo el desorden público, con 58 implicados, si bien existen otras como resistencia y daños”, reporta la Agencia Cubana de Noticias (ANC).
Estos delitos, considerados de menor gravedad, pueden ser sancionados hasta con un año de prisión o multas de hasta 300 cuotas, según el Código Penal cubano. Al respecto, Joselín Sánchez, director de Supervisión y Atención a la Población del Tribunal Supremo Popular (TSP), precisó que en el caso de las multas, las cuotas pueden ser de hasta 50 pesos (CUP), “lo que implica que puedan alcanzar cifras de 15 mil pesos aproximadamente”.
Además, apuntó que “no ha sido sancionado penalmente por los tribunales ningún acusado menor de 16 años”, edad en la que en Cuba se adquiere la responsabilidad penal.
De acuerdo con la fuente, de las personas juzgadas hasta la fecha, una resultó absuelta y 45 establecieron recurso de apelación, “a partir de inconformidades con las sanciones impuestas, y de considerar que sus conductas no eras constitutivas de delitos”. De ellas, 42 han designado abogados para que los representen en este acto, en el cual se pueden aportar pruebas nuevamente.
Sánchez aseveró que ya “se han resuelto los recursos de apelación interpuestos por 32 de los sancionados, y 11 casos se han declarado con lugar, por lo que fue modificada la sanción originalmente impuesta”. Para ello se ha tenido en cuenta, entre otros aspectos, el grado de participación demostrado, las características personales y la juventud de algunos de los acusados. En estos casos, “se han impuesto mayoritariamente sanciones subsidiarias de la privativa de libertad, combinadas con multas”.
El directivo aseguró que en estos procesos judiciales se han cumplido “todas las garantías” previstas en la Ley de Procedimiento Penal, entre las que mencionó el derecho a aportar pruebas, el de comparecer el acusado con un abogado de su elección, el de declarar o abstenerse de hacerlo, así como el derecho a establecer recursos.
Sobre el derecho a contar con abogados para su defensa, que según testimonios publicados en las redes y medios independientes, ha sido vulnerado en varios casos, Sánchez explicó que “al tratarse de procesos tramitados por los tribunales municipales, cuyo marco sancionador es hasta un año de privación de libertad, la decisión de comparecer al acto del juicio oral con abogado corresponde al propio acusado”.
“De hecho —dijo— 23 de ellos (de los 67 hasta ahora juzgados) tuvieron asistencia letrada” en primera instancia.
También comentó que se han presentado 61 habeas corpus, de los cuales 59 han sido resueltos, todos sin lugar, “tras confirmarse la inexistencia de privaciones de libertad con vulneración de lo establecido en la ley” —algo también cuestionado por activistas y familiares de los encarcelados—, y dijo que “contra tales resoluciones denegatorias solo un acusado estableció recurso”.
Por su parte, Lisnay María Mederos, fiscal jefa de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República (FGR), señaló que “continúa la tramitación de los procesos investigativos sobre hechos de mayor connotación, en los cuales se pusieron de manifiesto actos de violencia contra personas, autoridades y bienes, y en los que se han dispuesto medidas cautelares de fianza, reclusión domiciliaria y prisión provisional”.
La funcionaria dijo que un grupo de estas investigaciones ya concluyó y “la Fiscalía evalúa las decisiones procesales a adoptar”, en tanto el resto está próximo a su terminación.
Citada por la ACN, comentó que se mantiene la revisión de las medidas cautelares, “en aras de reservar la prisión provisional para los autores directos de los hechos vandálicos”, mientras que “en los casos donde se cumplen los requisitos establecidos en la ley, se adoptan decisiones de imponer multas administrativas, según el artículo 8.3 del Código Penal”.
Mederos explició que “los jóvenes entre 16 y 18 años de edad que participaron en hechos delictivos asociados a los disturbios —como llaman las autoridades a las protestas de julio—, tienen designados para su protección fiscales diferentes a los que realizan el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública”.
De igual forma, afirmó que “fueron evaluadas las medidas cautelares a imponer”. “A algunos, al inicio, se les aseguró con prisión provisional, lo que fue variado al avanzar los procesos, entretanto se mantienen en esa condición aquellos que ejecutaron hechos de extrema gravedad”, acotó.
Acerca de los menores de 16 años involucrados en los hechos y que, de acuerdo con las autoridades, “incurrieron en conductas delictivas”, confirmó que “están siendo examinados por equipos multidisciplinarios de expertos de los Centros de Evaluación, Análisis y Orientación de Menores, quienes —dijo— recomendarán las medidas que se adoptarán” en sus casos.
Conflicto, consenso, crisis. Tres notas mínimas sobre las protestas
Finalmente, Dyxán Fuentes, fiscal jefe de la Dirección de Atención a los Ciudadanos, señaló que sobre los hechos asociados a las protestas “han sido atendidas 308 personas y se han recibido 99 quejas y peticiones, las cuales han variado con el avance de las investigaciones y hoy se concentran, sobre todo, en inconformidades con la medida cautelar de prisión provisional, con los delitos imputados y con las sanciones impuestas”.
De estas quejas, precisó que se han concluido 33, y que “a partir de los resultados de las investigaciones y los elementos manifestados, se han modificado medidas cautelares, han sido incluidos los argumentos para valorarlos en el proceso penal concreto y se ha ofrecido orientación jurídica de lo que corresponde en cada etapa del proceso”.
Durante y después de las protestas de julio, en medio de una severa crisis económica y sanitaria y que incluyeron desde manifestaciones pacíficas hasta enfrentamientos con la policía y saqueos en algunas localidades, se produjo una ola de detenciones a los participantes y supuestos instigadores, entre ellos ciudadanos anónimos, activistas opositores, artistas y periodistas independientes.
El Gobierno no ha ofrecido datos sobre detenidos y se desconoce cuántos permanecen encarcelados todavía, si bien activistas y organizaciones opositoras los cifran en cientos en todo el país. Estas organizaciones han denunciado incumplimientos de la legalidad por parte de la justicia cubana, desde ignorar el derecho de habeas corpus de los procesados hasta juicios sin abogado defensor y condenas de cárcel sin pruebas concluyentes, algo que niegan las autoridades, que responsabilizan a EE.UU. de estar detrás de las protestas.