El gobierno cubano aprobó la aplicación de multas de entre 5000 y 15000 pesos a las personas que violen las políticas de precios y tarifas establecidas en la Isla relacionadas con la comercialización de bienes y servicios, informó este domingo la Agencia Cubana de Noticias.
El Decreto-Ley 30, que entró en vigor el viernes luego de su publicación en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 8, establece las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar a personas naturales por incurrir en tales violaciones.
Violar los precios tendrá su costo. #CubaViva @finanzasprecios https://t.co/xVj2XxsUjC
— Meisi Bolaños Weiss (@MeisiBWeiss) January 31, 2021
La medida impone multas, así como establece el decomiso y la venta forzosa de los productos, según la gravedad del hecho, de acuerdo con la norma.
La regulación considera como precios abusivos “aquellos cuyo crecimiento estén por encima de un rango razonable en comparación con productos similares o dentro de la misma familia”, y que “buscan lograr un nivel de utilidad o ganancia desmedida”.
Asimismo, define como precios especulativos “los fijados a productos, principalmente de primera necesidad, superiores a los establecidos por la autoridad competente, vinculados a operaciones de recompra, reventa o ambas, con el objetivo de obtener ganancias”.
Según la Agencia Cubana de Noticias, el viceministro primero de Finanzas y Precios, Vladimir Reguerio, expresó que esa normativa actualiza todas las regulaciones de enfrentamiento a las infracciones de los precios a servicios y productos, tanto mayoristas como minoristas.
Durante un pleno del Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) celebrado el sábado de manera virtual, Reguerio subrayó que los colectivos laborales deberán ser más rigurosos en la colaboración con las autoridades que enfrentan este tipo de delitos, indica la fuente.
La normativa establece multas de 5000 a 7000 pesos a los vendedores que no exponen los precios de sus productos en la tablilla, carta o menú, a los comerciantes que les falten partes o accesorios de sus mercancías y a los que ofrecen servicios con afectación en su calidad.
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También, serán multados con cuantías de 8000 a 10000 pesos quienes violen las tarifas aprobadas por las autoridades, las personas que retengan, reserven, aplacen o no pongan a la venta los productos destinados a la comercialización minorista a la población, y quienes apliquen o permitan que se apliquen precios abusivos o especulativos.
El decreto castiga con multas de 12000 y hasta 15000 pesos a los ciudadanos que “ordenen no aplicar, o no apliquen las medidas dispuestas por la autoridad facultada, para subsanar los resultados nocivos que se hubiesen originado como consecuencia de la contravención”.