La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) de Cuba identificó una deuda con el Presupuesto del Estado superior a los 32,5 millones de pesos (CUP) por parte de personas naturales y jurídicas, según medios oficiales de la Isla.
El informe de la ONAT especifica que las deudas fueron detectadas luego de realizar 4591 acciones de control contra el incremento de precios, llevadas a cabo hasta el pasado 16 de junio, de acuerdo con una nota publicada en el diario oficial Granma.
El medio refleja los datos difundidos a través del portal tributario, e indica que fueron fiscalizadas actividades cuyo desarrollo impacta en los precios de productos y servicios destinados a la población, como los panderos-dulceros, trabajadores de cafeterías, carretilleros, vendedores de producctos agrícolas en puntos de ventas y quioscos, productores-vendedores de artículos varios, y poncheros, entre otros.
Los mayores adeudos fueron identificados en lo referido a la sub-declaración de ingresos (declarar y pagar menos de lo realmente obtenido), monto que asciende a 23 500 000 de CUP, un dinero que fue exigido ahora a los infractores, según refiere la publicación.
En cuanto a las multas, que incluyen las que forman parte de la determinación de deuda y las de talón, aplicadas por el incumplimiento de deberes formales u otros motivos, la cifra asciende a 7 400 000 de CUP, mientras que lo adeudado como recargo por mora en la contribución tributaria supera el millón y medio de CUP.
El informe de la ONAT identifica que entre las principales causas de esta situación estuvieron no poseer la documentación establecida, y la desactualización de los registros contables. También incluyen en ese acápite la no implementación del sistema de contabilidad para los trabajadores por cuenta propia (TCP) y la obstrucción del proceso de fiscalización.
De acuerdo con la fuente, atendiendo a las violaciones identificadas fueron sancionadas 473 personas que se encontraban ejerciendo ilegalmente actividades de TCP.
La deuda fiscal determinada por la ONAT está compuesta por el tributo que debió pagarse o las subdeclaraciones, y el recargo por mora, que es una indemnización exigida por el Estado por no recibir el ingreso en el momento previsto, detalla la publicación.
Ese monto depende del tiempo transcurrido desde que culminó el plazo legal establecido para aportar la obligación. Además comprende la multa fiscal, una sanción por no cumplir con la obligación de pago o el deber formal, señala Granma.