Las máximas autoridades de la Justicia y la Fiscalía de Cuba desmintieron este sábado que se estén realizando juicios sumarísimos a detenidos por las protestas del 11 y el 12 de julio pasados, ni que exista una “avalancha de casos judiciales” por estos hechos, como se ha venido divulgando en las redes sociales y medios independientes.
“Se ha sembrado la matriz de que se trata de procedimientos sumarísimos, y no lo son. En el argot judicial lo llamamos ‘proceso sumario’, es el equivalente al ‘procedimiento abreviado’, se pueden encontrar en diversas legislaciones del mundo”, aseguró Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), en conferencia de prensa con medios nacionales y extranjeros acreditados.
Ferro también señaló que se maneja una matriz “que habla de una avalancha de casos judiciales”, lo que, dijo, tampoco es cierto. Al respecto informó que hasta este viernes habían llegado a los tribunales “solo 19 procesos judiciales, los cuales involucran a 59 personas”, detalla el sitio oficial Cubadebate.
De acuerdo con el presidente del TSP, los juicios “transcurren los juicios apegados a lo establecido por la ley”, lo que incluye “el derecho a la defensa, a nombrar abogados, algo que también se ha estado diciendo que no les permiten a los acusados”.
“Para este tipo de procedimientos la ley establece que el sujeto decide si nombra o no a un abogado para que lo defienda en el juicio, o él se ocupa de defenderse. Un número de los acusados de estos presuntos delitos ha decidido nombrar abogados y lo ha tenido, otros no lo han decidido”, afirmó Ferro, quien dijo que a los detenidos “se les ha dado todas las oportunidades”.
Familiares de detenidos en las manifestaciones como el joven cineasta Anyelo Troya denunciaron esta semana que se están llevando a cabo supuestos juicios sumarios en los que algunos encausados no cuentan con un abogado y los allegados no reciben información o lo hacen cuando el juicio ya se ha celebrado.
Al respecto, Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la Isla, comentó que la Fiscalía General cubana y sus instancias menores han atendido más de 90 personas con inquietudes y dudas, según establecen los procedimientos habituales del sistema de atención a la población.
Por su parte, Ferro señaló que los acusados tienen el derecho de establecer recursos de apelación para los tribunales en segunda instancia, donde podrán presentar materiales probatorios, por lo que explicó que los procesos judiciales en marcha “todavía no tienen sentencia firme”.
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Hasta ahora, delitos menores
El presidente del TSP explicó, en relación con los procedimientos relacionados con las protestas, que a los tribunales han llegado hasta ahora “sobre todo delitos de menor entidad” como desorden público, lesiones leves o desacato, que tienen previstas desde sanciones administrativas o multas hasta penas de un año de prisión.
“Se tramitan por procedimientos más expeditos y ágiles pero no por ello están exentos del derecho a la garantía del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa”, reiteró el alto funcionario, quien insistió en que la justicia cubana “cumple estrictamente con los principales instrumentos internacionales” en la materia y criticó que “ha habido el propósito de desacreditar la legitimidad, independencia e imparcialidad con que actúan los tribunales y los jueces cubanos”.
“Los tribunales cubanos constituyen un sistema de órganos y funcionan con total independencia de cualquier institución del país. Los jueces cubanos solo deben obediencia a la Constitución y a la ley”, apuntó.
“El hecho de que juicios sean más cortos no significa que no se respeten las garantías procesales”, acotó al respecto la Fiscal General Yamila Peña.
A la vez, en tanto van llegando a los tribunales los juicios por delitos menores, la Fiscalía mantiene abierta la investigación de “un grupo de hechos de extrema violencia y gravedad” en los que “se pretende determinar la responsabilidad de cada persona”.
@yamilapenao: "La @FGR_Cuba por mandato constitucional tiene como misión el control de la investigación penal, el ejercicio de la acción penal y pública en representación del Estado cubano". https://t.co/J8IAygmTeD
— Centro de Prensa Internacional (@MinrexCpi) July 24, 2021
Dos semanas después de las multitudinarias protestas antigubernamentales que sacudieron la Isla las autoridades no han divulgado la cifra oficial de detenidos y han negado que en el país existan personas desaparecidas por participar en estos hechos. La única referencia sobre los arrestados son las listas que grupos de activistas y organizaciones independientes han recopilado y divulgado en las redes sociales, según las cuales serían más de 500 los detenidos.
La ONG de abogados Cubalex, por ejemplo, ha difundido un listado preliminar de detenidos que hasta el 21 de julio recogía 584 nombres, de los que se verificó la detención de 150 y la liberación de 91, refiere la agencia española EFE.
Al respecto, señaló Peña Ojeda que “por las redes, aunque las personas no se han dirigido directamente a la fiscalía, a partir del monitoreo que realiza el órgano, hemos captado información y hay personas que han sido citadas”.
“Hay personas que han presentado quejas, por el procedimiento que tenemos en nuestro órgano están siendo investigadas, serán remitidas y por supuesto, daremos respuesta”, precisó.
Tratamiento a los menores
En la conferencia de prensa de este sábado, las autoridades jurídicas cubanas confirmaron que hay menores de edad bajo investigación judicial, quienes reciben un “tratamiento diferencial” por su condición.
Peña explicó que los menores detenidos “han sido pocos y algunos fueron conducidos a la policía, incluso, en compañía de sus padres”, según citan reportes de la prensa oficial. La Fiscal explicó que se investiga su participación en los hechos y que ningún menor de 16 años será juzgado, sino que en su caso se aplican otras medidas de índole educativa, acorde a lo establecido en las leyes cubanas.
Al respecto, el presidente TSP recordó que la edad penal en Cuba son los 16 años, pero que cuando se juzga y condena por la vía penal a jóvenes de 16 a 18 años “hay procedimientos especiales, tratamiento diferencial según el Código Penal” y lo establecido en la Convención sobre los Derechos de la Infancia.
Posible amnistía
Sobre las voces que solicitan desde dentro y fuera de Cuba una amnistía para los detenidos en las protestas, Ferro consideró que se trata de una decisión política que corresponde al Gobierno y “tiene su momento”.
“Los procesos están en curso y está la opción del recurso. En el país no es delito pensar diferente, no constituye delito, es un derecho. No somos trogloditas”, recalcó el presidente del TSP, en tanto la Fiscal General apostilló que “no es lo que corresponde” todavía ya que las investigaciones aún están en desarrollo.
Peña Ojeda señaló que una parte de los arrestados se encuentran bajo medida cautelar de prisión provisional y otros con medidas no detentivas, al tiempo que también han sido liberados sin cargos varios individuos, “porque se esclareció su situación por los órganos de investigación criminal”, refiere Cubadebate.
Además, dijo que “dentro de la legalidad” se actuará “de manera severa” en los casos más graves, “donde se demuestre que las personas organizaron, promovieron o financiaron los hechos que afectaron la seguridad colectiva, la seguridad jurídica y la tranquilidad ciudadana. Tenemos esa responsabilidad”.
“Ha habido hechos contra personas, contra autoridades, contra bienes, no solo estatales, sino también personales. Hechos de extrema gravedad. Esos son los que hoy estamos investigando, determinando desde la participación de las personas que han sido detenidas, y otras que no lo han sido pero que están siendo llamadas a los procesos, con las pruebas pertinentes”, añadió la Fiscal General.
Los arrestos y procesos judiciales contra participantes en las protestas son seguidos con atención dentro y fuera de la Isla, y, como la respuesta de las autoridades a los hechos, han sido objeto de duras críticas por opositores, activistas, organizaciones internacionales y gobiernos como el de los Estados Unidos, al que La Habana acusa de respaldar las manifestaciones antigubernamentales, las mayores en 60 años en la Isla.
Las autoridades de Cuba han negado que lo sucedido se tratase de un “estallido social” y han calificado los acontecimientos como “disturbios”, apoyados por una “operación político-comunicacional” organizada desde territorio estadounidense, en tanto fuera del país se han sucedido declaraciones y manifestaciones a favor y en contra de las protestas y del gobierno cubano.
EFE / OnCuba