No fue cosa de dos meses o, ni siquiera, de dos años. El proceso de reforma constitucional en Cuba venía “cocinándose” –al menos– desde un lustro atrás, según reconoció recientemente el Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta.
Días atrás, en la conferencia inaugural del Congreso Abogacía 2018, Acosta confirmó que la comisión aprobada a inicios de junio por la Asamblea Nacional de la Isla para reformar la Carta Magna no partió de cero, sino que tuvo “como referencia” la labor previa de un grupo creado por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) en mayo de 2013.
Este Grupo de Trabajo, de 13 integrantes, estuvo encabezado por el entonces todavía presidente Raúl Castro. El mismo, explicó Acosta, tuvo como objetivo evaluar “los impactos en el orden constitucional” derivados de los cambios económicos, sociales e institucionales que tenían lugar en Cuba y que habían sido avalados por el PCC en su sexto Congreso, celebrado en 2011, y su primera Conferencia Nacional, un año después.
“Ese grupo preparó durante un año las bases de lo que sería el futuro proceso de reforma, las que se aprobaron en el Buró Político el 29 de junio de 2014”, dijo literalmente el Secretario del Consejo de Estado, con lo que desmintió lo dicho un año atrás –antes de iniciarse el proceso público de la reforma– por José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional.
Entrevistado por el sitio Cubadebate, Toledo Santander negó que en ese momento –marzo de 2017– se hubiese iniciado el análisis para reformar la Constitución cubana.
Dijo, sí, que existía “un planteamiento muy claro” de Raúl Castro, en su discurso de clausura del VII Congreso del PCC –en 2016–, de que la Carta Magna iba “a ser sometida a un estudio integral de análisis y de valoraciones para atemperarla al momento que vive la nación y no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social”. Pero ante la pregunta de Cubadebate sobre si ya habían comenzado los análisis, respondió categórico: “Todavía no han iniciado”.
Sin embargo, Homero Acosta, aseguró en Abogacía 2018 que el Grupo de Trabajo creado cuatro años antes por el Buró Político, “sostuvo más de cien reuniones de análisis en diferentes momentos”.
Explicó que, como parte de su labor, sus integrantes analizaron “el impacto que en el orden jurídico” habían tenido los procesos de reforma en China y Vietnam, “que con sus características continúan la construcción del socialismo”, así como los procesos constituyentes en países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia y Ecuador, “de los más significativos dentro del neoconstitucionalismo iberoamericano”.
Además, realizaron “un amplio estudio” de diversos textos constitucionales, de la historial constitucional cubana, y de la literatura existente sobre estos temas, antes de informar al Buró Político sobre sus análisis en febrero de este año.
Entonces, “se efectuaron importantes precisiones”, al igual que un mes después, cuando se presentó el estudio al Comité Central del PCC y fueron hechas “distintas recomendaciones”.
Con estos antecedentes, se llegó a la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del pasado 2 de junio, en la que se confirmó públicamente el proceso de reforma constitucional y se aprobó la comisión encargada de elaborar el anteproyecto de la nueva Carta Magna, integrada por 33 diputados.
Raúl Castro, ya expresidente desde abril, siguió al frente del proceso, como líder de la comisión encargada de la reforma constitucional, en la que su sucesor como jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, fue electo como vicepresidente. También están el número dos del PCC, José Ramón Machado Ventura y otros dirigentes políticos y de diferentes organizaciones oficialistas, además de intelectuales, periodistas, científicos y juristas que integran la Asamblea.
En total, de acuerdo con Acosta, fueron incluidos ocho de los integrantes del grupo aprobado por el Buró Político en 2013.
Esta comisión, dijo, “trabajó intensamente, teniendo además como referencia toda la labor anterior”, lo que en su opinión “contribuyó indiscutiblemente a avanzar en la conformación del proyecto”.
De esta forma, en menos de dos meses, el anteproyecto de la reforma constitucional fue presentado a la Asamblea Nacional en julio, que lo discutió y aprobó, con vistas a su consulta popular para, según explicó Acosta, “enriquecerlo con la participación directa del pueblo”, proceso que se realiza todavía y en el que los cubanos residentes en el exterior también pueden expresar su opinión, aunque de momento no se ha concretado si podrán participar en el referendo final.
El documento que se debate cuenta con 224 artículos divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones. No incorpora modificaciones del sistema político, pero en cambio reconoce la propiedad privada, elimina las alusiones al comunismo, establece las figuras del presidente de la República –actualmente el cargo oficial es Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros– y el primer ministro y redefine el matrimonio como la unión entre dos personas sin especificar su sexo, entre otras modificaciones con respecto a la Carta Magna anterior.
Una vez que finalice la consulta popular, en noviembre, la comisión constitucional incorporará –o no– al borrador las aportaciones propuestas por los ciudadanos, y lo remitirá de nuevo a la Asamblea Nacional, que deberá aprobarlo de nuevo antes de su ratificación en referendo en febrero de 2019.
El referendo es un paso indispensable para la aprobación de una nueva Constitución de acuerdo con las leyes vigentes en Cuba, y cuando se realice, cada cubano tendrá la oportunidad de votar por su aprobación “con una simple cruz en la casilla con el SI o el NO”, según explicó la Agencia Cubana de Noticias.
La actual Constitución se promulgó en 1976, bajo el liderazgo de Fidel Castro y con un respaldo del 97,7 por ciento en un proceso refrendario. Desde entonces ha sido objeto de modificaciones parciales en 1978, 1992 y 2002.
El actual proceso de reforma, sin embargo, “implica cambios profundos a la Carta Magna” por lo que en la práctica su resultado será una nueva Constitución. Su aprobación supondrá una “avalancha” de leyes, por lo que el gobierno cubano ya creó otro grupo de trabajo liderado por el presidente Díaz-Canel para “identificar en su totalidad el amplio volumen de normas que será necesario actualizar”, así como para “dirigir, coordinar, evaluar y controlar la labor legislativa que se desprenda” de su implementación.