Un total de 45 personas, entre ellas dos menores de edad, van a ser juzgadas a partir de este lunes en Cuba en relación con las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio, según datos recopilados por activistas de los que da cuenta la agencia EFE.
El colectivo Justicia 11J, una agrupación no gubernamental que hace un levantamiento sistemático de los detenidos y procesados por esos hechos, asegura que se trata de tres juicios, que se celebran en Mayabeque y La Habana, y que para algunos de los acusados se solicitan hasta 20 años de cárcel.
La fiscalía imputa a estas personas por diversos delitos, como desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, ultraje a los símbolos de la patria y, en el caso de las penas mayores, están acusados de sedición, indican los activistas citados por la agencia española.
El mayor de los procesos, de acuerdo con el reporte de EFE, tiene lugar en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en La Habana, donde se juzga hasta el viernes en una causa común a 23 personas con peticiones de hasta 20 años de prisión.
En este juicio los activistas han detectado que dos de los acusados tienen 17 años, y para ambos la fiscalía solicita 15 años de cárcel. La agencia recuerda que en Cuba la edad penal mínima son 16 años y que el Código Penal (artículo 17.1) contempla la posibilidad de reducir a la mitad las penas de las personas menores de edad, mientras que para los condenados entre 18 y 20 las condenas se pueden rebajar en un tercio.
En su reporte, EFE asegura haber solicitado un posicionamiento al respecto a la oficina regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sin que por el momento haya obtenido respuesta.
Por su parte, en la provincia occidental de Mayabeque tienen lugar esta semana dos juicios, ambos en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas. En el primero, entre este lunes y el miércoles, 15 personas se enfrentan a hasta 14 años de cárcel; en el segundo, el jueves, 7 personas afrontan penas de hasta 15 años, de acuerdo con los activistas que sirven de fuente a la agencia española.
En su reporte, EFE hace referencia a conteos realizados por ONG que fijan en más de mil las personas detenidas a raíz de las protestas de julio —de las cuales una parte ya ha sido juzgada, otros fueron liberados y otros continúan detenidos— y recuerda que las autoridades judiciales cubanas no acostumbran a informar sobre los procesos legales, sobre los que tampoco reportan los medios oficiales. Además las vistas no son públicas y los medios internacionales no tienen posibilidad de cubrirlos.
En este sentido, activistas y organizaciones opositoras han denunciado diversas irregularidades, falta de garantías, y penas muy elevadas para los acusados en estos procesos por las protestas de julio, las mayores en décadas en la Isla, las que tuvieron como escenario el pico pandémico por la COVID-19 y la severa crisis económica del país, con largas colas, carencias de productos básicos, una elevada inflación y largos cortes eléctricos entre sus detonantes.
Mientras, las autoridades judiciales cubanas aseguran que se cumplen estrictamente los instrumentos internacionales y las garantías establecidas por la ley, niegan que se trata de procesos políticos y subrayan que se juzgan principalmente los delitos graves, como hechos violentos y actos de vandalismo relacionados con las protestas.
El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, hizo este lunes una referencia indirecta a los procesos en la apertura del año judicial al asegurar que, pese a la pandemia, la Justicia cubana ha podido seguir enjuiciando a quienes “cometieron hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios, y otros graves actos delictivos”.
A la par, el gobierno cubano ha negado que se trate de juicios de carácter político y ha reiterado que en el país no hay personas detenidas por ese motivo, sin embargo, no existe información oficial pública sobre los detenidos a raíz de las protestas de julio y los procesos judiciales correspondientes.
Las autoridades del país —que desde el comienzo catalogaron las protestas como “disturbios”—, han reconocido la existencia de reclamos “legítimos” entre los manifestantes, pero también las han vinculado con una campaña que aseguran está organizada y financiada desde EE.UU. con el fin de promover un “cambio de régimen” en la Isla.
Las detenciones y juicios contra los manifestantes han provocado pronunciamientos por parte de políticos y entes internacionales, como el Parlamento Europeo. También de autoridades estadounidenses, entre ellas el propio presidente Joe Biden, cuya administración ha impuesto nuevas sanciones a la Isla, en particular a funcionarios y fuerzas policiales, lo que, en opinión de La Habana, confirma su respaldo a las protestas y a una campaña “político-comunicacional” contra el gobierno socialista cubano.
EFE / OnCuba