Cuba: medios muestran redadas policiales a diario

En un país en el que la prensa rara vez reporta crímenes o se confirman casos policiales, los medios de comunicación oficiales de Cuba mostraron algo inusual: el decomiso de sacos de cebolla en Mayabeque, un operativo en una casa de Villa Clara donde se escondían cajas de refrescos, aceite y tomate, y otro en depósitos clandestinos La Habana.

Con la transmisión diaria de redadas a acaparadores, revendedores o por incrementos de precios en las últimas dos semanas, las autoridades de la Isla parecieran encabezar una campaña para dejar claro que no se tolerarán estas acciones en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

La emergencia sanitaria en la Isla incrementó las colas y la irritación de la población, ya sometida desde antes al desabasto, pero también abrió un debate sobre la necesidad de estos operativos o cómo se desarrollan.

“Por quejas reiteradas de la población pudimos conocer que estas personas se dedicaban a receptar grandes volúmenes de cebollas”, dijo a la televisión el capitán Arley Tortoza de la policía en medio del operativo. En la pantalla se leía: “Acaparadores en la mira”.

Escenas como éstas se han repitido al menos una docena de ocasiones en las últimas semanas, según un recuento de The Associated Press y con reportes cada vez más extensos, incluyendo el desmantelamiento de un taller de pintura, un puesto de venta de carne de puerco a sobreprecio, el bloqueo a un robo de azúcar en un tren de carga y el hallazgo de un desvio de pollo de un centro de salud.

“Creo que se pretende mostrar que existe un enfrentamiento cotidiano a las ilegalidades que afectan el suministro de productos”, indicó a The Associated Press el abogado Raudiel Peña. “También persigue un fin ejemplarizante, sobre todo respecto a los acaparadores y comerciantes que operan en el mercado negro cubano”.

Ni las colas ni el mercado informal son nuevos en Cuba. La espera para adquirir productos de primera necesidad que casi habían desaparecido esta década se reiniciaron el año pasado sumada a sanciones impuestas por Estados Unidos —para presionar un cambio de modelo político— que dificultaron el acceso a importaciones, suministros y dinero, en combinación con deficiencias propias.

Sin embarg se extinguió el robo de mercancías de centros gubernamentales, donde algunos trabajadores ganan un sobresueldo desviándolas, o en el caso de tiendas —el comercio minorista es estatal— poniéndose de acuerdo con personas que compran todo lo que sale para surtir negocios particulares o revender.

“El enfrentamiento no es sólo a la Covid-19; es también a los que pretenden lucrar en tiempos de excepción con los bienes del pueblo”, escribió en su cuenta en Facebook el usuario César González al comentar uno de estos reportes de prensa.

Desde la otra esquina, las críticas llovieron contra los delatores y el gobierno, pues pese a la tímida autorización a la iniciativa privada, no se ha abierto un mercado mayorista.

“Legalizar estas actividades para que sean totalmente lícitas es una opción. Son productos de alta demanda, no son sustancias prohibidas. Lo que es ilegal es la forma clandestina en que se consiguen, distribuyen, venden y compran”, escribió en otro comentario el usuario Orestes Rodríguez.

Desde el derecho, el debate se desarrolló en torno a la forma en que se realizaron y mostraron los reportajes. Peña indicó que la nueva Constitución reconoce el derecho a la información veraz, objetiva y oportuna que podría fundamentar la exhibición de los operativos, pero también la disposición de que se respete a los implicados, su intimidad personal y familiar. Además, aunque existe la figura del “acaparamiento” en el Código Penal, los límites de lo permitido son difusos.

Dada la escasez, las autoridades racionaron la venta de algunos productos como pollo, papel sanitario, detergente o café, y reforzaron los que se entregan subsidiados a la población.

No obstante, según expertos, la Isla debería acompañar el enfrentamiento a las ilegalidades con medidas para incrementar el abasto a partir de su producción nacional e incentivarla.

“La noción de que el acaparador-especulador es un actor aberrado y que la solución para lidiar con esa conducta desviada es la represión hace retroceder el fundamento de la política económica a una especie de ciencia moral”, escribió en Twitter el economista Pedro Monreal.

En un país en el que la prensa rara vez reporta crímenes o se confirman casos policiales, los medios de comunicación oficiales de Cuba mostraron algo inusual: el decomiso de sacos de cebolla en Mayabeque, un operativo en una casa de Villa Clara donde se escondían cajas de refrescos, aceite y tomate, y otro en depósitos clandestinos La Habana.

Con la transmisión diaria de redadas a acaparadores, revendedores o por incrementos de precios en las últimas dos semanas, las autoridades de la Isla parecieran encabezar una campaña para dejar claro que no se tolerarán estas acciones en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

La emergencia sanitaria en la Isla incrementó las colas y la irritación de la población, ya sometida desde antes al desabasto, pero también abrió un debate sobre la necesidad de estos operativos o cómo se desarrollan.

“Por quejas reiteradas de la población pudimos conocer que estas personas se dedicaban a receptar grandes volúmenes de cebollas”, dijo a la televisión el capitán Arley Tortoza de la policía en medio del operativo. En la pantalla se leía: “Acaparadores en la mira”.

Escenas como éstas se han repitido al menos una docena de ocasiones en las últimas semanas, según un recuento de The Associated Press y con reportes cada vez más extensos, incluyendo el desmantelamiento de un taller de pintura, un puesto de venta de carne de puerco a sobreprecio, el bloqueo a un robo de azúcar en un tren de carga y el hallazgo de un desvio de pollo de un centro de salud.

“Creo que se pretende mostrar que existe un enfrentamiento cotidiano a las ilegalidades que afectan el suministro de productos”, indicó a The Associated Press el abogado Raudiel Peña. “También persigue un fin ejemplarizante, sobre todo respecto a los acaparadores y comerciantes que operan en el mercado negro cubano”.

Ni las colas ni el mercado informal son nuevos en Cuba. La espera para adquirir productos de primera necesidad que casi habían desaparecido esta década se reiniciaron el año pasado sumada a sanciones impuestas por Estados Unidos —para presionar un cambio de modelo político— que dificultaron el acceso a importaciones, suministros y dinero, en combinación con deficiencias propias.

Sin embarg se extinguió el robo de mercancías de centros gubernamentales, donde algunos trabajadores ganan un sobresueldo desviándolas, o en el caso de tiendas —el comercio minorista es estatal— poniéndose de acuerdo con personas que compran todo lo que sale para surtir negocios particulares o revender.

“El enfrentamiento no es sólo a la Covid-19; es también a los que pretenden lucrar en tiempos de excepción con los bienes del pueblo”, escribió en su cuenta en Facebook el usuario César González al comentar uno de estos reportes de prensa.

Desde la otra esquina, las críticas llovieron contra los delatores y el gobierno, pues pese a la tímida autorización a la iniciativa privada, no se ha abierto un mercado mayorista.

“Legalizar estas actividades para que sean totalmente lícitas es una opción. Son productos de alta demanda, no son sustancias prohibidas. Lo que es ilegal es la forma clandestina en que se consiguen, distribuyen, venden y compran”, escribió en otro comentario el usuario Orestes Rodríguez.

Desde el derecho, el debate se desarrolló en torno a la forma en que se realizaron y mostraron los reportajes. Peña indicó que la nueva Constitución reconoce el derecho a la información veraz, objetiva y oportuna que podría fundamentar la exhibición de los operativos, pero también la disposición de que se respete a los implicados, su intimidad personal y familiar. Además, aunque existe la figura del “acaparamiento” en el Código Penal, los límites de lo permitido son difusos.

Dada la escasez, las autoridades racionaron la venta de algunos productos como pollo, papel sanitario, detergente o café, y reforzaron los que se entregan subsidiados a la población.

No obstante, según expertos, la Isla debería acompañar el enfrentamiento a las ilegalidades con medidas para incrementar el abasto a partir de su producción nacional e incentivarla.

“La noción de que el acaparador-especulador es un actor aberrado y que la solución para lidiar con esa conducta desviada es la represión hace retroceder el fundamento de la política económica a una especie de ciencia moral”, escribió en Twitter el economista Pedro Monreal.