Una nota publicada hoy por el Ministerio de la Agricultura (Minag) esclarece varios elementos sobre la venta de leche y sus derivados a partir del cumplimiento del plan de entrega e indicadores establecidos por la ganadería.
El texto dice que el requisito fundamental a cumplir por los productores privados consiste en poseer constancia de la Empresa Láctea que acredite la suscripción y el cumplimiento del contrato para la entrega de leche a la industria y al comercio minorista.
En el caso de la comercialización de leche fresca de vaca, el documento establece que el precio de compra para el acopio de un litro a los productores es 7.50 pesos cubanos (CUP). Y que si el productor cumple o sobrecumple el plan de entrega del mes, se bonifica con 1.50 pesos por litro entregado, lo cual equivaldría a 9.00 pesos por litro.
La comercialización por los productores de la leche fresca de vaca y sus derivados, una vez cumplido el contrato mensual, será a precios por acuerdos y a partir de las regulaciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y el Centro Nacional de Sanidad Animal del MINAG.
En el caso de los productores de leche de vaca contratada que se encuentran excesivamente lejos de los puntos donde se recolecta la leche fresca, pueden procesarla para producir queso. Su precio, según la nota, se acordará con la empresa láctea en dependencia de la calidad del producto.
Esos productores pueden comercializar su queso en otros mercados siempre que cumplan los requisitos de inocuidad y calidad y las regulaciones sanitarias establecidas por el MINSAP y el Centro Nacional de Sanidad Animal del MINAG.
La leche de cabra y búfala, y sus derivados, se pagarán por acuerdo entre el productor y los compradores con el objetivo de buscar ingresos en divisas que contribuyan al desarrollo de la ganadería, siempre que cumplan los requisitos de calidad e inocuidad y las regulaciones sanitarias establecidas.
El pasado 4 de junio entraron en vigor las normas legales que regulan la política de comercialización y viabilizan la aplicación de las 63 medidas aprobadas por el gobierno a fin de potenciar la producción de alimentos, estimular al productor, eliminar las trabas existentes y favorecer la alimentación de las personas.