El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, propuso que los comercios, restaurantes y servicios estatales de Cuba imiten fórmulas del sector privado para resolver problemas endémicos como la ineficiencia, la mala atención a los clientes y el robo de recursos.
El mandatario, que llegó al poder en abril del año pasado, se preguntó “por qué no hacemos lo que hace el sector no estatal” durante su asistencia a la presentación del balance de 2018 y proyecciones para 2019 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) cubano.
Díaz-Canel, cuyas palabras fueron recogidas por medios de prensa cubanos, también afirmó que “lo estatal no puede ser lo más feo” y exigió orden, armonía y limpieza en los establecimientos comerciales públicos, superados en estos aspectos por los nuevos negocios privados surgidos en la última década tras la moderada apertura económica impulsada por el expresidente Raúl Castro.
El Mincin, que gestiona 26 actividades comerciales con un total de 158 mil trabajadores, señaló en su balance numerosos problemas, desde resultados negativos e impagos de los comercios estatales o la falta de un mercado mayorista hasta “indisciplinas y violaciones”.
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En este sentido, el presidente cubano apuntó directamente a la corrupción de funcionarios que presuntamente llevan a cabo hurtos de materiales y productos, lo que influye negativamente en la productividad, y reiteró que “el presupuesto del Estado no se usará para pagar robos”.
Además, llamó a los responsables de los comercios estatales a hacer uso de las nuevas tecnologías y a “tener inquietud revolucionaria”, esto es, “molestarse cuando las cosas se hacen mal, cuando se entorpece”, así como a sensibilizarse con los problemas de los ciudadanos.
No es la primera vez que un informe del gobierno cubano revela resultados deficientes o prácticas irregulares en los establecimientos estatales, problemas que el actual presidente critica habitualmente en sus intervenciones públicas.
Además del sector estatal, que continúa siendo el mayoritario en Cuba, existen algo más de medio millón de personas que ejercen el trabajo privado en varias actividades autorizadas por el gobierno, desde el alquiler de viviendas hasta peluquerías, restaurantes y otros servicios especializados.