Cuba comenzará de manera gradual a cobrar impuestos en 2018 sobre la posesión y uso de las tierras agrícolas, dentro de las modificaciones que aplica al programa estatal de entrega de terrenos ociosos para el cultivo y ganadería.
Los tributos se aplicarán según la extensión y las características de los terrenos, y serán entre 120 pesos cubanos y 30 pesos por hectárea, según la categoría productiva. También se cobrarán impuestos sobre la ociosidad de las tierras agrícolas y forestales, explicó el director de Suelos y Control de la Tierra del Minag, Eddy Soca.
De acuerdo a la Ley 113 del Sistema Tributario, son tierras ociosas las que no están en producción agrícola, pecuaria o forestal -con excepción de las que se encuentran en descanso por rotación de cultivos-, las cubiertas de maleza y las “deficientemente aprovechadas” según la “legislación especial al respecto”.
En este caso, los tributos son mayores: de 180 pesos a 45 pesos por hectárea de tierra ociosa.
En Cuba existen 151,000 usufructuarios en 1,2 millones de hectáreas entregadas por el Estado cubano, que puso en marcha el programa en 2008 para reanimar la agricultura.
En 2012 se realizaron modificaciones al Decreto Ley 259 vigente desde 2008, para asegurar la continuidad y sostenibilidad en la explotación de las tierras entregadas en usufructo, estimular la incorporación, permanencia y estabilidad de la fuerza laboral del sector y el asentamiento familiar definitivo. Por estos motivos fue promulgado el Decreto Ley 300 y su Reglamento.
Según Efe, ya más del 70 por ciento de las tierras cultivables de la Isla están en manos de productores no estatales, entre usufructuarios y campesinos propietarios.
Esto ha influido en el incremento de la producción de cultivos como el arroz, el maíz, el fríjol y las frutas, donde más del 90 por ciento de la producción recae en el sector no estatal y en el que se registra un crecimiento anual entre el 6 y el 8 por ciento.
Soca añadió que restan por entregar unas 500.000 hectáreas de tierras destinadas a la agricultura y la ganadería, aunque advirtió que muchos son áreas poco “atractivas” por estar lejos de poblaciones y plagadas de vegetación invasiva.
Entre las modificaciones al programa destaca la decisión de extender de 10 a 20 años el periodo de posesión de las tierras entregadas a personas naturales, quienes ahora -como nuevo requisito- las deberán trabajar y administrar de forma directa.
En el caso de las personas jurídicas el tiempo será indefinido -antes era por 25 años-, siempre que “cumplan con las condiciones pactadas”.
También se incrementó la cantidad de tierra entregada, de 13,42 a 26,84 hectáreas, para las personas naturales que la solicitan por primera vez para uso agropecuario y forestal.
De igual forma los beneficiarios podrán “vincularse o integrarse a empresas (estatales) agropecuarias, azucareras o forestales”.
La isla dedica unos 2,000 millones de dólares al año a la importación del 80 por ciento de los víveres que consume y, según datos del Minag, el 60 por ciento de esos alimentos que se compran en el exterior podría producirse en el país.
Otro de los males del sector es la pérdida de un alto porcentaje de las cosechas en el momento de la recolección debido a la falta de infraestructura, transporte y envases.
El embargo que EE.UU. mantiene sobre la isla también causa graves daños a la agricultura cubana, que sufrió pérdidas en 2016 de más de 260 millones de dólares por esa causa, informó hoy el Minag, que reconoce como “serios” los daños aún no cuantificados del reciente huracán Irma al sector.
EFE / OnCuba