El Gobierno cubano anunció ajustes al plan económico y el presupuesto estatal de 2024 a las condiciones de “economía de guerra”, así como una política “única” de precios, como parte de un nuevo grupo de medidas para hacer frente a la crisis que atraviesa el país.
Lo anterior trascendió en el más reciente Consejo de Ministros, en el que las autoridades de la isla admitieron un decrecimiento económico respecto al estimado previo y presentaron el nuevo paquete, enmarcado en la voluntad gubernamental de “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, según reseña el diario Granma.
De acuerdo con Mildrey Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía, las medidas persiguen “en esencia, corregir desequilibrios macroeconómicos; incrementar la captación de divisas al país por diferentes vías y conceptos; incentivar la producción nacional, con énfasis en la producción de alimentos; y ordenar el funcionamiento de las formas de gestión no estatal”.
La funcionaria aseguró que “entre las principales acciones” se encuentra “ajustar el Plan y el Presupuesto 2024 a las condiciones de ‘economía de guerra'”, aun cuando la relatoría oficial no ofrece detalles acerca del alcance de estos ajustes.
Otras acciones anunciadas son “reducir las partidas del Presupuesto con el objetivo de disminuir el déficit fiscal de 2024, partiendo de las inejecuciones; definir requisitos en la actividad presupuestada para el uso del Presupuesto aprobado, y centralizar la facultad de aprobación”.
También, “asignar mensualmente los recursos financieros en correspondencia con los ingresos reales del mes; calcular el impacto fiscal de las importaciones de las formas de gestión no estatal; conceder beneficios arancelarios, incluidas las exenciones, por la importación de materias primas e insumos para producir, así como concluir el sistema tributario para el comercio electrónico”.
Nueva política de precios
En su presentación en el Consejo de Ministros, Granadillo dijo que “se establecerá una política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto al sector estatal como al no estatal”.
La reseña de Granma tampoco revela detalles sobre esta nueva política, aunque por estos días publicaciones en redes y medios no oficiales se han hecho eco de un supuesto “tope” de precios a varios productos que comercializan las mipymes y otros actores de la economía.
Según esas informaciones no confirmadas, la noticia la habría dado la viceministra de Finanzas Lourdes Rodríguez en una reunión con actores no estatales y el Ministerio de Comercio Exterior, y los productos “topados” serían el pollo, el aceite, las salchichas, las pastas, la leche en polvo y el detergente.
La medida sería “temporal” y los “topes” a los precios se habrían determinado a partir de los costos de importación reportados por los importadores privados durante el segundo semestre de 2023 y el primer trimestre de 2024.
Sin embargo, hasta el momento el Gobierno cubano no ha informado oficialmente al respecto, ni ese supuesto “tope” se menciona explícitamente en la reporte oficial sobre la reunión del Consejo de Ministros.
Lo que sí confirmó el Consejo de Ministros entre las nuevas medidas es la regulación “para acotar la ganancia en las compras de productos y pagos de servicios e insumos que realiza el sector estatal al no estatal”, anunciada días atrás, y en vigor desde este lunes.
Al respecto, el economista Pedro Monreal consideró que esta medida, que fija un límite del 30 % a las ganancias, “repite el equívoco del ministerio de finanzas y precios de asumir una metodología errada para la formación de precios a nivel de la economía (local y nacional) tratando de imponer una ganancia ‘planificada’ que menosprecia relaciones reales de oferta y demanda”.
Gobierno “topa” las ganancias en las compras del sector estatal al no estatal
“Avanzar en la estabilización macroeconómica”
Según la reseña de Granma, el Gobierno cubano también prevé entre sus medidas iniciar la elaboración del Plan de la Economía y del Presupuesto del Estado para 2025 “a partir de la aprobación del Modelo Global y las Directivas de Gobierno concebidos para ese proceso”.
Igualmente, las autoridades cubanas pretenden “avanzar en la implementación de un plan de acciones para solucionar los problemas existentes en el proceso de bancarización”, que tanta polémica sigue causando en las redes y en las calles cubanas.
De acuerdo con Mildrey Granadillo, “esas y otras decisiones aprobadas” —de las que no se hace mención en el reporte— tienen “un carácter integral y parten de la compleja situación existente en la economía” y buscan “avanzar en la estabilización macroeconómica del país, proceso complejo, que exige de coordinación y alineación, entre los organismos globales de la economía”.
En este sentido, consideró como “acciones necesarias” “perfeccionar los mecanismos de planificación, las relaciones entre los actores de la economía, la captación de financiamientos, eliminar la evasión fiscal, e incrementar la producción”.
Al comentar al respecto, el primer ministro Manuel Marrero Cruz estimó que este nuevo paquete resulta “un paso importante” con “medidas asociadas a una etapa superior” en la implementación de las proyecciones e “impactos en asuntos sensibles para la población”.
Por su parte, el ministro de Economía, Joaquín Alonso, confirmó un decrecimiento de la economía al cierre de 2023 “respecto al año anterior, y del estimado del primer semestre de 2024”, aunque la relatoría oficial no ofrece las cifras de ese decrecimiento.
El titular apuntó que la situación económica del país “continúa siendo compleja” y, según Granma, “insistió en la necesidad de evaluar las causas de lo que ha ido sucediendo en la economía, para actuar sobre lo que debemos hacer en el segundo semestre”.
Cuba atraviesa una severa crisis económica signada por la carencia de productos básicos como alimentos, combustible y medicinas, así como por una creciente inflación y continuos apagones. Esta situación se ha visto reforzada por la pandemia y las sanciones de EE.UU., así como por las ineficiencias internas y la baja efectividad de las medidas gubernamentales para enfrentarla.