Es triste, pero hay que reconocer que la campaña de demonización de las mipymes en Cuba ha calado a nivel popular.
Vivo en un barrio en el que predominan ampliamente las personas trabajadoras y humildes. Es difícil que pase un día sin escuchar a alguien despotricando contra las nuevas mipymes: que si tienen “precios por las nubes” o “abusivos” y que “todo el mundo” no puede comprar en ellas; que si son las culpables de la inflación y de la devaluación del peso cubano (CUP); o que si son las culpables de que los bancos cubanos estén sin dinero en efectivo y, por esa razón, las personas solo puedan acceder con grandes dificultades a sus salarios, jubilaciones y cuentas bancarias, cuando lo consiguen.
Muy pocos dicen que, a pesar de haber tenido un nacimiento muy demorado y lleno de obstáculos —que a tenor de lo escuchado en la recién concluida sesión de la Asamblea Nacional del Popular Popular (ANPP), pronto podrían incrementarse— las mipymes están modificando para bien, y de manera bastante rápida, el desolador panorama del comercio minorista en Cuba caracterizado por tiendas con estantes vacíos o semi vacíos y enormes colas en las que se va la vida de la gente.
En los medios de prensa partidistas o estatales, sólo de manera muy rara los cubanos hemos podido escuchar o leer a algún analista, economista o no, apuntando con muchos cuidados al gobierno y su política económica como el principal causante de la inflación, con sus enormes déficits fiscales, que ha pulverizado el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.
En tal sentido, las mentes maestras detrás de la campaña sorda contra las mipymes han actuado de manera engañosa y cobarde, al no tener el valor de señalar al máximo responsable del abismo económico en el que hoy nos encontramos los cubanos de a pie, y usar a las mipymes como un cómodo chivo expiatorio.
Todavía no he escuchado decir a ningún crítico o acosador de las mipymes que en las tiendas estatales en MLC “todo el mundo” no puede comprar. Ni que, aunque en aquellos momentos la crisis no era tan terrible como ahora, tampoco “todo el mundo” podía comprar en las antiguas tiendas en CUC. Ni que, si fuéramos aún más lejos en el tiempo, mucho menos “todo el mundo” podía comprar en las tiendas en dólares estadounidenses de los años noventa del siglo pasado, ni en las “diplotiendas” de décadas anteriores, de tan triste recuerdo.
Volviendo a las tiendas estatales en MLC, tampoco he escuchado a ningún crítico o acosador de las mipymes cuestionar el proceso de formación de precios o la tasa de ganancias en esas entidades. O que haya demandado una información detallada y transparente sobre el uso que se le ha dado a sus utilidades durante los últimos años, considerando que se prometió y volvió a prometer al pueblo cubano que ellas servirían para reanimar gradualmente la oferta estatal de productos en CUP.
También se habla muy poco de que las mipymes son agentes mucho más efectivos que las pesadas y burocráticas empresas estatales de comercio exterior para “perforar” el bloqueo estadounidense. Para la OFAC del Departamento del Tesoro es mucho más fácil vigilar y golpear las operaciones de unas pocas empresas monopólicas u oligopólicas cubanas, plenamente identificadas, que a miles de pequeñas organizaciones que pueden renovar sus maneras de operar de manera ágil y frecuente.
Los dirigentes cubanos, que están hoy tan preocupados por la inflación y su terrible impacto sobre el pueblo, deberían considerar que las mejores vías para detenerla, además de mantener bajo control el déficit fiscal (que debería ser el punto de partida) son, por un lado, el incremento de la oferta de mercancías (que a su vez se logra elevando tanto la producción nacional como las importaciones) y, por otro, el fomento de la competencia entre los agentes económicos.
Estas son leyes económicas que se cumplen en cualquier país, sea Estados Unidos o Kiribati. Sin embargo, considerando el tono y el contenido de la gran mayoría de las intervenciones de los diputados transmitidas por la televisión cubana, la ANPP parecería apuntar hacia un fortalecimiento de la obsesión controladora administrativa y a darle un frenazo a la actividad de las mipymes importadoras.
Es decir, justamente cuando se comienza a comprobar en la calle que las mipymes son muy útiles para romper el bloqueo estadounidense, frenar la subida de precios de algunos productos (o incluso hasta bajarlos un poco, como el caso ejemplar de la cerveza) y aumentar significativamente la variedad de la oferta de mercancías, a la mayor parte de los diputados no se les ocurre nada mejor que golpearlas, sin ni siquiera haberles dado la oportunidad de que, mediante el aumento de su número y el consiguiente incremento de la competencia, puedan demostrar todo su potencial para beneficiar a la economía y contribuir al bienestar de los cubanos.
Antes de la llamada Ofensiva Revolucionaria de 1968, se estima que en Cuba existían alrededor de 58 000 pequeñas empresas. En el país existen hoy algo más de 8 500 mipymes y 5 000 cooperativas, cantidades todavía muy insuficientes para cubrir adecuadamente las graves carencias y los vacíos acumulados en la economía cubana durante décadas, tanto en el sector productivo como en el sector comercial.
Cuba necesita muchísimas más cooperativas y empresas privadas, no menos. Cuba necesita mucho menos control administrativo y más libertad para que funcionen adecuadamente las leyes económicas. El gobierno debería concentrarse en el control fiscal y el respeto al ordenamiento jurídico establecido para la actividad económica. Y ese ordenamiento jurídico no puede estar cambiando cada tres meses, según los vaivenes en la disposición anímica de nuestros políticos y un manipulable sentimiento popular.
Los que producen, invierten, comercian y asumen cualquier tipo de riesgo empresarial requieren de un mínimo de paz, estabilidad y previsibilidad en cuanto a la política económica y el ordenamiento jurídico. En Cuba necesitamos un Parlamento que las provea.