En medio del fragor por fiscalizar los precios de varios productos de amplio consumo en los negocios privados, el gobierno ha ido por más: una batería de decretos que “actualizan” y recortan prerrogativas e incentivos de este sector, y que no ha dejado a nadie indiferente.
“Todas las modalidades del sector no estatal se mantienen: los trabajadores por cuenta propia; las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y las cooperativas no agropecuarias”, confirmó a la prensa Mercedes López Acea para despejar dudas sobre la permanencia de los privados en el tablero económico de la isla.
López Acea, una ingeniera forestal de 59 años que ha ostentado diversos cargos ejecutivos en el Gobierno y el Partido Comunista desde hace más de una década, fue nombrada al frente del flamante Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales.
La entidad se ocupará de las necesidades, demandas e inspección del emergente sector que el gobierno considera “complementario” del estatal, aun cuando ya gestiona 44 % del comercio minorista en el país.
“Se pretende ordenar y favorecer esa actividad complementaria de la economía y corregir las distorsiones que se han venido presentando”, dijo la funcionaria, según reseña el periódico Trabajadores.
El nuevo organismo, subordinado al Consejo de Ministros, inicia su funcionamiento sobre la plataforma operativa de seis decretos-leyes, dos decretos y varias resoluciones de los organismos más involucrados en la atención a los actores económicos de nuevo cuño para “corregir las distorsiones que se han venido presentando”.
Tal paquete legislativo deberá “fortalecer la transparencia de procesos”, tales como la responsabilidad social empresarial y la metodología en la licitación de activos estatales que pasen a régimen privado de gestión, un asunto ya puesto en rojo en la agenda gubernamental.
Nuevas reglas para el sector privado en Cuba: control, bancarización y residencia efectiva
Hablan las autoridades
Según la viceministra de Economía y Planificación, Johana Odriozola Guitart, entre las ventajas del nuevo entorno normativo está la descentralización de la aprobación de las mipymes y las Cooperativas no agropecuarias (CNA) a los municipios.
Asimismo, consideró, se fortalece el sistema contravencional del país, a partir de la necesidad del “orden, control y disciplina” necesarios para el funcionamiento de estos actores privados.
Por su parte, Carmen Rosa López, directora de Empleo del Sector No Estatal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, trazó que las medidas “homogenizan el tratamiento en materia laboral, de seguridad social y contravencional para todos los actores del sector no estatal”.
“Un cambio muy positivo es que las personas trabajadoras contratadas por el titular ya no tendrán que registrarse como TCP (trabajador por cuenta propia), pues el dueño debe cumplir con todo lo que establece la legislación laboral como cualquier empleador”, ponderó López.
Igualmente, la funcionaria dijo que las nuevas reglas promueven el respeto a los derechos del trabajo y contrarrestan la informalidad en el empleo.
Otra de sus ventajas, desde el prisma gubernamental, es que la autorización para ejercer el trabajo por cuenta propia se puede solicitar en cualquier Oficina de Trámites del Gobierno, no necesariamente en el municipio de residencia.
Maritza Cruz García, viceministra primera de Finanzas y Precios, defendió, entretanto, el corte de incentivos fiscales a los emprendedores.
“Se buscan incrementar los ingresos al Presupuesto del Estado para disminuir el déficit fiscal, lo cual atenta contra los programas sociales y económicos que benefician a la población”, manifestó, en alusión a uno de los problemas más acuciantes de la economía, que ya sobrepasa, a un ritmo alarmante de incremento, el 20% del producto interno bruto.
Estado cubano gastó en 2023 casi un 39 % más de lo que ingresó, según cifras oficiales
Entretanto, Yosvany Pupo Otero, viceministro primero de Comercio Interior, aseguró a la prensa que se crearán condiciones para que los privados que realizan comercio mayorista con productos de importación terminados contraten capacidades de transportación, logística y almacenaje con entidades estatales.
Se trata de una modalidad, sostuvo, que tiene por meta abaratar los costos de esas mercancías y que no se encarezca tanto el precio minorista.
Sin embargo, la iniciativa, advirtió Pupo Otero, no incluye a las formas de gestión que producen en el país y distribuyen de forma mayorista, o a las importaciones para el comercio minorista directo.
Opiniones desde fuera del Gobierno
“En su mayoría, las nuevas regulaciones reiteran prohibiciones ya existentes y penalizan comportamientos de los actores económicos que han venido ocurriendo en el país no solo por codicia o indisciplina, sino por necesidad básica de supervivencia y por obligación forzosa de las circunstancias en que se desempeñan”, consideró, por su parte, Oniel Díaz, cofundador de AUGE, una consultora privada para emprendimientos con sede en La Habana.
En un detallado ejercicio del criterio, que aparece en su cuenta de Facebook, Díaz estimó que el listado de ocupaciones prohibidas “no es peor que el que desaparece, pero tampoco es el que necesita el país. Siguen las prohibiciones absurdas, lamentables y contraproducentes”.
“Quizás, el mayor y más indiscutible resultado de estas normas, cuando entren en vigor, es que disminuirá el flujo de aprobación de nuevas empresas o que se vuelva más lento”, escribió el experto.
La ralentización, según el emprendedor, vendría de la mano de la ampliación de hasta casi cuatro meses de los plazos de aprobación, además de su carácter discrecional en manos de decisores municipales.
“Nada de esto fortalece el papel de los municipios, todo lo contrario. Lo debilita porque los obliga a ocuparse de cosas que no deberían cuando hay tanto por hacer. El ‘desarrollo local’ podrá convertirse en simplemente la ‘aprobación local’. Desarrollo no es autorizar o prohibir, es incentivar, apoyar, fomentar, empujar, construir”, opinó.
“Lo que queda más claro de este nuevo paquete es la intención de controlar y de cerrarle espacios al relajo fiscal que nos corroe y anotarle algunos éxitos a la bancarización”, anotó Díaz y lanzó algunas interrogantes sin respuesta.
“¿Cómo garantizar que los actores privados operen solo en CUP cuando no hay mercado cambiario y cuando no es posible desdeñar su importante aporte a la disponibilidad de oferta de todo tipo, no solo para el ciudadano sino para todos los actores económicos, entre ellos la empresa estatal? ¿Qué sustituirá a los pagos en el exterior como mecanismo para asegurar que los proveedores internacionales continúen suministrando?”, se preguntó.
“Si con regulaciones como estas se cuenta para reimpulsar la economía y eliminar distorsiones, tal y como se nos dijo en un importante discurso en la más reciente sesión de la Asamblea Nacional, mal andamos”, concluyó el director de AUGE a título de ciudadano.
Comentando su análisis, el economista y profesor universitario Antonio Romero consideró que “estamos muy mal, y no hay ninguna iniciativa, medida, política, propuesta hasta hoy de nuestras autoridades que me inspire optimismo.”
Antonio Romero: “En Cuba los dogmas se imponen a la racionalidad económica”
Desde su cuenta en la red social X, otro académico, el economista Pedro Monreal, describió los nuevos decretos como “prohibiciones y restricciones al sector no estatal en Cuba”, lo cual “confirma el arrinconamiento de la actividad privada y del mercado como parte de medidas estatales para supuestamente “corregir distorsiones y reimpulsar la economía.”
De acuerdo con su análisis, muchas de las prohibiciones y restricciones “ya estaban contenidas en la norma anterior”, se derivan de “un estrecho razonamiento político” y muestran una “cuestionable racionalidad económica”.
Monreal, quien monitorea sistemáticamente la actividad gubernamental en materia económica y se hace respaldar por gráfica estadística de fuentes oficiales, escribió en su hilo en X que “47,8 % de las restricciones se concentran en el comercio, una actividad que en el contexto de la actual crisis ha funcionado como salvavidas para muchas entidades privadas”.
Igualmente lamentó que “casi la mitad de las prohibiciones (9 de 19) se concentran en dos sectores productivos claves —agropecuario e industria— que presentan severas limitaciones en cuanto a capacidad de oferta y que repercuten directamente en las carencias materiales de los ciudadanos”.
Finamente, el académico hizo notar que el paquete de restricciones, que entrará en vigor el próximo 19 de septiembre, pudiera perjudicar a un grupo de mipymes y cooperativas y favorecer a otro, que estuviera “enchufado” con el sector estatal.