Tras un silencio mediático medianamente prolongado desde enero y calzado por nuevos comentarios sobre toda clase de aristas de la realidad nacional, pero en especial por la puesta en vigor de la nueva Ley de inversión de extranjera, esta semana la venta de autos en Cuba volvió a los titulares.
La Vicepresidenta primera de la Corporación CIMEX, Iset Vázquez Brizuela, declaró a Radio Rebelde que en las once agencias de venta se han comprado 50 carros y 4 motos cuyo valor total asciende a 1 millón 283 mil pesos convertibles (CUC).
El 75 por ciento de los ingresos e impuestos por estas ventas, y otros que pudieran hacerse de ciclomotores de combustión interna, motocicletas, carros rurales, paneles, camionetas y microbuses, serán destinados a un fondo para el desarrollo del transporte público, se explica en la nota de prensa, donde además se especifica que solo en las provincias de Guantánamo, Granma, Las Tunas, Sancti Spíritus y Pinar del Río, no se comercializan.
En septiembre de 2011, con la aplicación del Decreto No. 292 del Consejo de Ministros y otras resoluciones ministeriales complementarias, se autorizó la compraventa o donación de los vehículos de motor entre personas naturales con domicilio en el territorio nacional, y extranjeras con residencia permanente y temporal. Pero el comercio minorista seguiría regulado por el Estado y limitado a determinadas “categorías ocupacionales”.
Más de dos años después, con el Decreto Ley No. 320 del Consejo de Ministros, se establecieron nuevas regulaciones para la transmisión de la propiedad de vehículos de motor, o sea, se autorizó la venta minorista a personas naturales, con precios semejantes a los que se reconocen en el mercado entre particulares.
También quedaron sin efecto las cartas de autorizo emitidas por el Ministro de Transporte que solo significarían para quienes las poseían una prioridad a la hora de realizar la compra.
Estos cambios se debieron, según un artículo publicado en el diario Granma, a “la baja disponibilidad de autos, la restricción de esta facilidad a un reducido grupo de categorías ocupacionales seleccionadas y la existencia de otro mercado que vende a precios varias veces mayores que los de la empresa comercializadora establecida”, situación que generó “inconformidad, insatisfacción y, en no pocos casos, condujeron a que este mecanismo, además de burocrático, se convirtiera en una fuente de especulación y enriquecimiento”.
Las medidas, no obstante, generaron no pocos debates en las redes sociales, blogs y en diversos espacios de la vida cotidiana en la Isla, sobre todo por los elevados precios establecidos para la compra de vehículos nuevos y de uso, según la resolución 543/2013 del Ministerio de Finanzas y Precios.