Que Cuba sufre un visible deterioro de su fondo habitacional resulta una verdad de Perogrullo. Los últimos años, sacudidos por huracanes y crisis económica, han visto como el déficit de viviendas aumenta, mientras disminuye el número de construcciones terminadas.
Si al finalizar 2016, faltaban en la Isla más de 880 mil casas, esa cifra creció hasta cerca de 930 mil en la actualidad, según explicó en la televisión cubana Vivian Rodríguez, directora general de la Vivienda del Ministerio de la Construcción. La peor parte recae en La Habana y las provinicias orientales, justo donde se concentra la mayor cantidad de habitantes.
Para revertir este hecho, las autoridades cubanas promueven una política que busca superar el déficit existente en los próximos 10 años. Para lograrlo, prevéen construir unas 527 mil viviendas y rehabilitar otras 402 mil a lo largo de una década, con la población como “protagonista principal”.
La estrategia, de acuerdo con Rodríguez, establece que el 60 por ciento de las casas sean construidas “por esfuerzo propio”, es decir, por las familias, mientras el 40 por ciento estará a cargo de las empresas estatales. Las excepciones de esta regla son La Habana y Santiago de Cuba, las dos principales urbes de la Isla, “debido a las complejidades de estos territorios”.
También pretende “estabilizar a la población que hoy está emigrando a las grandes ciudades o a las cabeceras provinciales” y frenar una dinámica que concentra al 79 por ciento de los 11,2 millones de cubanos en las zonas urbanas.
Sin embargo, más allá de la voluntad gubernamental –y particular también en la mayoría de las construcciones previstas–, las cifras de esta política dibujan un escenario cuesta arriba. De acuerdo con la directora general de la Vivienda, desde el triunfo de la Revolución Cubana, casi seis décadas atrás, se han construido en Cuba poco más de 2,5 millones de casas. O sea, unas 420 mil por década como promedio, más o menos.
Para cumplir con la nueva estrategia habría que superar esa cifra en más de 100 mil en el próximo decenio. Y todavía quedarían unas 400 mil por rehabilitar, si es que un nuevo huracán u otro fenómeno natural no multiplica los números de casas destruidas o en mal estado.
Solo el huracán Irma, en septiembre de 2017, causó daños a más de 158 mil viviendas, de las que 14,657 quedaron totalmente destruidas. Mientras, Matthew, en octubre de 2016, afectó 42,338 casas, de las cuales más de 8 mil sufrieron derrumbe total en la oriental provincia de Guantánamo.
En la actualidad, según datos oficiales, Cuba cuenta con unos 3,8 millones de viviendas. De ellas, el 39 por ciento está en regular y mal estado; lo que las convierte en posibles víctimas de los golpes de la naturaleza.
Pero aun cuando los huracanes se olviden de Cuba durante una década, el panorama seguirá siendo complejo, porque, como explica Vivian Rodríguez, “un grupo de viviendas presentan un estado de deterioro muy avanzado y habría que hacerles intervenciones estructurales complicadas, mientras que otras sujetas a demolición para construirlas desde cero”.
Además, como también reconoce la propia Rodríguez “hay una demanda insatisfecha de recursos materiales y fuerza de trabajo”, sin cuya solución los planes de la política de la vivienda caerían en saco roto.
Por este motivo, la estrategia gubernamental también persigue impulsar la producción y venta de materiales de la construcción, en particular, a nivel local, como un apoyo indispensable a las construcciones particulares.
Tomas Vázquez, director del programa estatal creado hace seis años con este fin –y que hasta el momento ha registrado un crecimiento anual de entre un 8 y un 11 por ciento–, aseguró que dicho programa está en todos los municipios de la Isla “con mayor o menor intensidad”, aunque dijo que “algunos han estado muy morosos y otros han retrocedido”.
En estas minindustrias se fabrican bloques, ladrillos, áridos, mosaicos y baldosas, entre otras producciones.
Vázquez lamentó que la calidad de los materiales producidos no sea siempre la adecuada y se hagan “cosas muy buenas, pero también muy malas”, y reconoció la incidencia de los bajos salarios en “la fluctuación laboral en el sector”, lo que en su opinión, trae aparejada una “pérdida de especialización”.
No obstante, no todos los materiales pueden producirse localmente, lo que supone que la industria nacional deba garantizar otros recursos como cemento, acero, muebles sanitarios, cables y accesorios eléctricos, de alta demanda.
Al respecto, Carlos Méndez, Director de Balance de la Dirección General de la Vivienda, aseguró que “el país continuará garantizando los recursos fundamentales” y acotó que “la demanda de recursos requiere de un incremento y uso eficiente en las producciones actuales”.
La escasez de materiales ha sido uno de los puntos conflictivos para la construcción de viviendas en Cuba, y ha servido –unida al descontrol– para alimentar al mercado negro, en el que los precios resultan prohibitivos para muchos cubanos.
Hace más de un lustro, el gobierno cubano implementó un programa de subsidios y créditos para la construcción de casas, que hasta el cierre de 2017 había beneficiado a más de 345 mil personas y había permitido terminar más de 62 mil casas, según datos oficiales.
Sin embargo, el déficit habitacional persiste debido, entre otros factores, al aumento y envejecimiento de poblacional y la falta de mantenimiento de las edificaciones. En contraste, la Isla lleva adelante un amplio programa constructivo de hoteles y otros centros turísticos, en busca de impulsar un sector clave para la economía cubana.
El actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha dicho que la vivienda debe ser “una prioridad” por su “alto impacto” en la población, y ha llamado a encontrar soluciones “ágiles” y a “trabajar con varias alternativas” para resolver los problemas que ha arrastrado durante años.
La nueva política matiza ese pedido de agilidad y extiende una década el horizonte de solución. Habrá que esperar entonces diez años para saber si fue posible. O, quizá, no sea necesario llegar a tanto para descubrirlo.