En 1993, dos años después de disuelta la URSS, se autorizó la creación de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (ETECSA), que empezó a funcionar un año más tarde. En un momento en el que México transitaba por un proceso de modernización de su infraestructura para ingresar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) –caracterizada no solo por el apogeo de desregulaciones y privatizaciones, sino también por una corrupción galopante–, apareció en el panorama la Corporación Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), una subsidiaria el Grupo Domos de Monterrey que ese mismo año compró el 49% de las acciones en un joint venture con esa empresa cubana, desembolsando para ello 1,5 billones de dólares. Cuba mantendría el 51% de las acciones como parte de un mensaje claro sobre la inversión extranjera en el país.
Varios estudios coinciden en señalar que los años 90 fueron un momento de repunte de la infraestuctura telefónica de la Isla, sobre todo por los montos de inversión extranjera directa (llegó a unos 123 millones de dólares en 1998, según estimados), destinada a reemplazar y expandir la hasta entonces existente, una explosiva mezcla de artefactos viejos norteamericanos con una no menos vieja tecnología del ex campo socialista. Ello redundaría, de entrada, en indicadores como la ampliación / acceso a los servicios telefónicos: en 1996 había en Cuba 3,19 teléfonos por cada 100 habitantes (en la capital, 7,1); en 2000 se había elevado a 4,38 (en la capital, 10,3) con perspectivas de llegar a 9 nacionalmente (20 en la capital) en 2004. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en 2013 la densidad móvil era de 17,9, y la fija de 11,1, para un total de 29 por cada 100 habitantes.
Una de las fuentes gruesas de los ingresos de ETECSA provenía en ese momento de las llamadas al exterior. De acuerdo con estimados, en 1995 la entidad facturó unos 145 millones de dólares por este concepto, posible en gran medida debido a las conexiones de Domos con empresas estadounidenses como WilTel, LDDS Metro Media Communications, IDB, MCI y Sprint, autorizadas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) a proveer servicios de larga distancia entre Cuba y Estados Unidos.
Pero poco tiempo después un artículo del New York Times daba cuenta de dos problemas. Por una parte, presiones a los ejecutivos de Domos y a sus familiares en términos de negativas de visados para entrar o estudiar en los Estados Unidos en el contexto de la Ley Helms Burton, aprobada por el Congreso en 1996, después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. De acuerdo con trascendidos, la administración Clinton había identificado a CITEL como una de tres compañías violadoras de esa ley al haber metido las manos en predios de la ITT Corporation de Nueva York, intervenida en agosto de 1960 (Cuban Telephone Company), dato que no suelen considerar ciertos análisis que circulan por la web e incluso algunos estudios técnicos serios. El reclamo norteamericano por expropiación ascendía entonces a 130 millones de dólares.
Por otra parte, los problemas económicos propios de Domos en el escenario de la crisis mexicana y la devaluación del peso, que impactarían negativamente sobre todo el sistema, y en particular sobre empresas de su tipo como Telmex, monopolio estatal privatizado a fines de los años 80, por lo menos parcialmente. “Estaban confrontando problemas financieros antes de la Helms Burton, pero los accionistas potenciales fueron mucho más tímidos después que entró en efecto”, dijo un banquero europeo al tanto de los asuntos cubanos. Reginaldo J. Cepeda, abogado de Domos, fue categórico en sus declaraciones públicas: “Puedo confirmar que ya no tenemos acciones u otras formas de participación en ETECSA. Me temo que no puedo dar más detalles”.
Apareció entonces la vía italiana. En efecto, en abril de 1995 Domos había vendido el 25% de sus acciones de ETECSA a STET International Netherlands (por 291,2 millones de dólares), una subsidiaria de Telecom Italia con negocios en Brasil, Líbano, Turquía, Israel, China y Francia; más tarde los italianos compraron un paquete adicional, con lo cual poseyeron casi un tercio de las acciones (27%).
Este ciclo de inversiones extranjeras directas en esta área se cierra con la compra, en 1998, del 37,5 % de las acciones de Cubacel por parte de Sheritt International, un holding canadiense con inversiones en la producción niquelífera de Moa y en otras áreas de la economía como turismo, transporte y energía, entre otros. Cubacel había surgido en 1991 como un joint venture con la firma TIMSA de México, dueña del 10% de las acciones.
En 2003 el Estado concedió a ETECSA la condición de operador unificado de telecomunicaciones fundiendo dos entidades, Cubacel y C COM, mediante el Acuerdo 4 996 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y el Decreto 275.
El objetivo consistía en “integrar en una sola empresa mixta todas las actividades relacionadas con la telefonía fija y celular, así como de otros servicios de telecomunicaciones, para asegurar el proceso de investigación, inversión, producción, prestación de servicios y su comercialización en Cuba y en el exterior, incluyendo la compra en el mercado externo de la asistencia técnica e insumos para la producción y servicios, así como otras actividades que garanticen el normal funcionamiento del sistema y aportar a la economía nacional divisas libremente convertibles”. Ese mismo año, y atendiendo a idéntica lógica, el Estado compró las acciones de canadienses y mexicanos en Cubacel.
En febrero de 2011 se dio un paso más allá. En la Gaceta Oficial se anunció el control del 100 % de las acciones de ETECSA, prescindiendo por primera vez en su historia de la inversión extranjera. De acuerdo con trascendidos, aquellas quedaron distribuidas entre seis entidades nacionales. De la siguiente manera: Telefónica Antillana S.A., 51%; Rafin, 27%; Universal Trade & Management Corporation S.A. (UTISA), 11%; Banco Financiero Internacional, 6,15%; Negocios en Telecomunicaciones, 3,8%; y Banco Internacional de Comercio, 0,9%.
Según los Lineamientos, se debe “potenciar el papel de la inversión extranjera directa en la introducción en el país de tecnologías de avanzada a nivel internacional”. Con ETECSA ocurrió lo contrario.