El consultor de CRF I, Jeetkumar Gordhandas, admitió que pidió al Banco Nacional de Cuba (BNC) que reconociera a este fondo inversor como acreedor de deuda soberana cubana “con el único propósito de iniciar la presente demanda legal para forzar su pago”, según reporta la agencia Efe.
Gordhandas testificó en el juicio iniciado en la división Comercial del Tribunal Superior de Londres, en el Reino Unido, con el fin de que la jueza Sara Cockerill determine primero si el fondo constituido en 2009 en las Islas Caimán es el acreedor legítimo de esa deuda valorada en 72 millones de euros.
Previamente esos bonos estaban a nombre de ICBC Standard Bank, filial británica del banco chino ICBC, y son derivados de un préstamo realizado al BCN por dos instituciones bancarias europeas en 1984.
Justicia británica estudia una reclamación de deuda contra Cuba
El BNC y la República de Cuba, los demandados en este caso, sostienen que no es válida la cesión de los derechos del ICBC a CRF, que fuera autorizada unilateralmente el 25 de noviembre de 2019 por el exfuncionario cubano Raúl Olivera Lozano, entonces director de Operaciones del BCN, y actualmente encarcelado por haber aceptado supuestamente un soborno de Gordhandas, y por irregularidades en esa asignación.
Olivera Lozano, de 63 años y condenado a 13 de prisión, declaró en el juicio por vía telemática, y dijo que “incumplió sus responsabilidades” al autorizar el traspaso de la deuda “sin consultar previamente” al Gobierno cubano, como establece la legislación vigente en la isla para estos casos.
Las partes demandadas sostienen que la cesión de los derechos al fondo “no fue válida”, dado que el documento está avalado solo con la firma de Olivera (en lugar de dos) y sin el consentimiento del Ministerio de Finanzas y Precios y el Consejo de Ministros.
En su declaración, Olivera Lozano insistió en su culpabilidad y explicó que aprobó unilateralmente el traspaso de la deuda tras recibir en octubre de 2019 un promesa de pago de 25 000 libras esterlinas (30 700 dólares) de un consultor de CRF, identificado en los documentos como Jeetkumar Gordhandas, reseña el medio.
Por su parte, los abogados de CRF lo refutan y acusan a Cuba de “fabricar pretextos para eludir sus obligaciones”, incluida la condena en mayo de 2021 de Olivera y otros funcionarios implicados en la cesión.
Una de las razones por las que las autoridades cubanas no quieren reconocer como acreedor a CRF es porque lo consideran un “fondo buitre”, formado solo, dicen, para acumular deuda cubana impagada y forzar su cobro en los tribunales.
En ese sentido, el presidente del fondo CRF I, David Charters, argumentó este jueves ante la jueza que el grupo inversor “es demasiado pequeño” para ser considerado “un fondo buitre”.
El directivo, citado por Efe, aseguró también que no tienen “los recursos ni el tamaño” para ser calificados de “fondo buitre” y mantuvo que no son comparables al más potente Elliott Management que en 2016 persiguió la deuda de Argentina.
Charters expuso que la opción judicial “no es atractiva, pues es lenta y cuesta tiempo y dinero”, y solo se utiliza “cuando no hay alternativa”.
Insistió, como lo hizo Gordhandas previamente, que CRF I trató infructuosamente desde 2013 negociar una reestructuración de la deuda con el Estado cubano y eventualmente decidió ir a juicio porque “los inversores estaban perdiendo la paciencia”.
La abogada de la parte cubana, Alison Macdonald, alegó que la oferta de reestructuración lanzada en enero de 2018, después de que Cuba hubiera sido asolada por el huracán Irma, “se programó para aprovecharse de un país empobrecido tras una catástrofe natural”, lo que CRF rebatió.
Durante una de las sesiones celebradas, la actual presidenta del BNC, Joscelín Río Álvarez, declaró que el fondo inversor “nunca ha adquirido deuda cubana de manera legal”, conforme a la legislación del país, y no consta en los registros de la institución (solo su solicitud) como acreedor.
Señala la agencia española que tras las declaraciones factuales de los últimos días, han empezado en este proceso los testimonios periciales, iniciados, para la parte cubana, por Juan Mendoza Díaz, profesor de Derecho Procesal en la Universidad de La Habana, quien será interrogado sobre las normas que regulan el BNC a fin de establecer si fue legal la autorización de cesión de los derechos contractuales aprobada por Olivera en 2019.
Efe/OnCuba