El gobierno cubano respaldó la política de precios topados que se aplica en varias provincias de la Isla y debe extenderse a todo el país, tras el reciente incremento salarial en el sector presupuestado.
Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios, dijo este miércoles en una intervención televisiva que la medida busca mejorar la capacidad de compra de los cubanos beneficiados con el aumento.
“Si incrementamos el salario y al propio tiempo lo hacen los precios de los principales productos, bienes y servicios que demanda la población, no se equipara ni se logra el efecto positivo de la capacidad de compra”, aseguró Bolaños.
La titular enfatizó que “no ha existido un incremento de los costos para la conformación de los productos que justifique un aumento de precios” y “por tanto, no puede ser la subjetividad de un incremento salarial la que lo motive”.
En este sentido, defendió la creación de un Observatorio de precios, un ente estatal encargado del “monitoreo constante” de los precios para que “no se produzcan incrementos no justificados, ni que se sigan estableciendo precios abusivos, como los de un grupo de productos que no se corresponden con los costos de producción o adquisición”.
Entre estos productos mencionó la carne de cerdo, que ha multiplicado sus precios en los últimos meses en la Isla, algunos agrícolas y otros de fabricación industrial que los trabajadores privados adquieren “listos para el consumo”. También se refirió al caso del transporte, “uno de los asuntos que más insatisfacciones genera y, por tanto, donde mayor trabajo se está realizando por los gobiernos municipales y provinciales”.
Los precios topados y la experiencia que no se toma en cuenta
Acerca del monitoreo, explicó que “se realiza con un instrumento usado por otros países: el índice de precios al consumidor, un indicador que toman en cuenta los gobiernos para evaluar el comportamiento de los precios en la bienes básicos a los que accede la población”.
También respaldó las facultades concedidas por su ministerio a los gobiernos locales para regular los precios de los bienes y servicios ofertados por el sector no estatal “teniendo en cuenta las condiciones económicas de cada territorio, la capacidad de ingreso de la población, y las características en que se desenvuelve la actividad”.
Hasta la fecha, los gobiernos de provincias como Camagüey, Mayabeque, Las Tunas, Matanzas y La Habana ya han dictado regulaciones sobre una gama de productos y servicios que van desde la cerveza y los productos agrícolas hasta el transporte privado.
Este lunes, el Ministerio de Finanzas y Precios emitió una resolución publicada en la Gaceta Oficial que establece que los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y otras formas de gestión no estatal, “no pueden incrementar los actuales precios y tarifas de sus productos y servicios, con destino a las entidades estatales y a la población”.
En la propia resolución se faculta a los presidentes de los gobiernos locales para fijar los precios y tarifas máximas del sector privado y los responsabiliza con la creación de los mecanismos de control, supervisión y atención de quejas sobre el tema.
Ante la posibilidad de que los precios topados y el incremento salarial generen inflación ante la falta de respaldo productivo, Bolaños afirmó que “se ha enfatizado en la importancia de generar más bienes y servicios” y “se viene trabajando” en esa dirección, aunque no ofreció más detalles al respecto, según la versión de sus palabras publicadas en el sitio Cubadebate.
Sus opiniones contrastan con las de economistas como Ricardo Torres, quien dijo a la agencia AP que “la historia nos dice que los controles de precios no son buenos, pueden permitir controlar un desequilibrio a muy corto plazo, pero no son el remedio sostenible a largo plazo”, aunque coincidió en que “el problema de Cuba es de producción”.
La ministra elogió la participación ciudadana en el “combate al aumento de precios” y exhortó a continuar utilizando los canales gubernamentales existentes, desde los del propio ministerio y la Fiscalía hasta los medios de comunicación, para alertar sobre posibles incrementos.
Además, aseveró que ante el control establecido “ha habido una reacción positiva” en “la mayoría” de los trabajadores privados, “cuando se les ha explicado la necesidad de regular los precios en beneficio no sólo de los trabajadores pertenecientes al sector presupuestado, sino de la familia cubana en general”.
Cuba atraviesa actualmente una difícil situación económica debido a su baja producción y altas cuentas por importaciones, especialmente de alimentos y combustible, lo que se une a la crisis que atraviesa Venezuela, principal aliado y proveedor de petroléo de la Isla, y las recientes medidas del gobierno estadounidense que apuntan a sectores claves como el turismo y las inversiones.