Recientemente, el profesor arquitecto Abel Tablada publicó un franco y lúcido artículo sobre el creciente deterioro de las ciudades cubanas. En él reflexiona sobre las causas que han motivado el lamentable panorama urbanístico y arquitectónico actual e identifica como esenciales siete factores: el insuficiente mantenimiento y rehabilitación del fondo edificado; la limitada participación de arquitectos como proyectistas en los procesos de renovación o construcción privada; la desaparición de los procesos de licitación o concurso en la contratación de obras; la desvalorización e indiferencia del papel de la arquitectura como parte de la cultura cubana; la degradación de los valores y referencias culturales tanto por parte de sectores populares como de funcionarios y directivos; la falta generalizada de sentido de pertenencia de la propiedad común o pública y el incumplimiento reiterado de las regulaciones urbanas por parte de entidades estatales y privados.
Cuando se dialoga con funcionarios de las instituciones relacionadas con estos asuntos —Micons, INOTU, gobiernos locales…— es frecuente, casi inevitable, la aparición del argumento clave que justificaría todas las calamidades: la falta de recursos. Y de ahí al bloqueo solo hay un paso para evitar responsabilidades. Sin negar las enormes dificultades materiales a las que se enfrenta el país para revertir el deterioro urbano (ni el daño que hace el bloqueo), tal argumentación tiene también el efecto de disimular —consciente o inconscientemente— todas las insuficiencias, ineptitudes y desatinos a los que nos tenemos que enfrentar diariamente y que tienen poco o nada que ver con la falta de recursos materiales.
Las ciudades son un objeto construido, pero también un modo de vida, un entramado de redes sociales y económicas, así como de relaciones de poder. Tienen una dimensión física y morfológica —tanto a escala de edificio como de barrio— que sin duda facilita o dificulta el funcionamiento urbano y, con ello, la vida de los ciudadanos. Un edificio con una cocina chiquita o expuesta al sol, un barrio con una bodega demasiado alejada del domicilio o un parque sin bancos ni árboles pueden hacer la vida más difícil a sus usuarios. Pero la ciudad tiene otras dimensiones —funcionales, ambientales, culturales, estéticas, económicas, sociales— que, aunque sin duda condicionan y son condicionadas por las estructuras construidas, pueden incidir en su buen o mal funcionamiento tanto o más que estas últimas.
Hay una infinidad de factores que facilitan o no la vida cotidiana en la ciudad y que no se relacionan con la disponibilidad de recursos materiales y sí mucho con los recursos intelectuales, culturales, organizativos, humanos y políticos; lo que durante muchos años se ha identificado como los factores “subjetivos”. Todo ello no solo incide en el deterioro físico de la ciudad sino también en el deterioro social, cultural y espiritual de la vida urbana. Son múltiples los procesos sociales que se han ido deteriorando y han hecho que la vida cotidiana pueda llegar a ser un suplicio.
Mostraré algunos ejemplos de problemas que afectan directa y decisivamente la vida urbana y cuya solución no tiene que ver con la falta de recursos materiales.
Es vital, en primer lugar, para la buena gestión de la ciudad una satisfactoria relación entre el gobierno/administración y sus ciudadanos. En teoría en nuestro país esta relación, que debe canalizar y facilitar la participación ciudadana y el control popular, debiera desarrollarse a través de los delegados de barrio y las reuniones de rendición de cuenta. Sin embargo, es notoria su escasa relevancia en la toma de decisiones debido a la fuerte centralización en la gestión de los recursos disponibles y a que las inversiones dependen mucho más de los planes y programas ministeriales que de los gobiernos locales, lo que anula o reduce el poder de decisión de los delegados y con ello el de los ciudadanos.
Intentar suplir estos disfuncionamientos a través de cartas y demandas dirigidas a niveles superiores es, la mayoría de las veces, absolutamente inútil por la falta de respuestas. Recientemente, las facilidades tecnológicas que ofrece la informatización para lograr lo que se ha llamado “gobierno electrónico” han abierto enormes posibilidades para promover una participación masiva. Pero por el contrario, la práctica concreta demuestra la inutilidad e inoperancia de las páginas web o los portales concebidos para esos fines. Ofrecen escasa o ninguna información sobre el actuar de sus instituciones e ignoran la mayoría de los mensajes que les llegan. No son los recursos materiales lo que falta aquí, sino los recursos intelectuales y la voluntad política.
Es grande el margen de maniobra que todavía existe para mejorar el deterioro urbano, no solo el de su construcción y rehabilitación sino el de su gestión. No se está pidiendo más inversión, lo que se está exigiendo es una mayor participación en su gestión. ¿Por qué tanta resistencia a implementar los presupuestos participativos donde los ciudadanos de un barrio den su opinión en la identificación de las prioridades inversionistas y la asignación de algún financiamiento? ¿Por qué tanta indiferencia ante las preguntas y los reclamos populares en las páginas web de las instituciones? ¿Por qué no reforzar las administraciones locales situando en ellas cuadros suficientemente formados y debidamente remunerados? ¿Por qué no desarrollar un presupuesto inversionista de la ciudad —estructurado y aprobado por esta— que no sea solo la suma de las asignaciones ministeriales? ¿Por qué no impulsar un sistema de tasas y contribuciones que vinculen directamente los aportes financieros de las familias y las empresas de un área específica con los resultados inmediatos de su urbanización? Nada de ello tiene que ver con la cuantía de los recursos materiales ni con el bloqueo.
Otro aspecto de la vida urbana se refiere a la calidad ambiental y estética de edificaciones, vías urbanas, espacios públicos, etc. Su progresiva degradación es algo que sufrimos todos. Obviamente con más luminarias, más asfalto, más pintura, más cemento podría mejorar la situación, pero ¿solo depende de ello? Cuando se dispone de esos elementos ¿realmente mejora la situación? Desgraciadamente no es así. Hemos asistido a fuertes reclamos ciudadanos en las redes sobre reiteradas intervenciones urbanas torpes e inconsultas que han debido rectificarse o demolerse. El incumplimiento generalizado de las regulaciones urbanas, tanto por privados como por instituciones estatales no tiene que ver con recursos sino con disciplina urbana. El mal gusto de muchas construcciones y adaptaciones improvisadas, sin disponer de un proyecto arquitectónico es general. La aprobación demandada del ejercicio independiente de la arquitectura no requiere de más recursos materiales. La inexistencia de una adecuada divulgación de los valores culturales de la arquitectura como una de las artes, la inexistencia de critica arquitectónica en nuestros medios, la ausencia de licitaciones y concursos, el intrusismo de empresas extranjeras en los grandes proyectos debilita la arquitectura nacional y empobrece su calidad. Todos son factores mejorarían sin duda la calidad y la estética del ambiente urbano sin demandar de recursos materiales sino posiblemente ahorrándolos.
Otro campo en el que el margen de acción es amplísimo y en el que se malgastan o mal usan enormes cantidades de medios es el de la gestión de las redes técnicas de la ciudad. Evitar podas indiscriminadas y abusivas no depende de insuficiente instrumental sino de insuficientes conocimientos, de desidia organizativa, de indiferencia y no pocas veces de actividades corruptas. El maltrato por parte de los operarios de los recipientes de basura, el destrozo de contenes y aceras por la maquinaria usada de cualquier forma por los servicios comunales, la continua rotura de la superficie pavimentada por particulares y por empresas estatales es abusiva, indiscriminada y caótica. Se abren zanjas sin orden ni concierto, se dejan abiertas o mal selladas, es notoria la falta de coordinación y no pocas veces se han abierto zanjas a pocos días del recién asfaltado de las calles. Tales barbaridades ¿son debidas a la falta de recursos materiales o a la falta de sensibilidad, responsabilidad y organización de los funcionarios y directivos de la administración urbana que deben controlar tales trabajos? La absoluta inoperancia de las instituciones responsables ante las continuas agresiones auditivas de día y de noche ¿es debida a la falta de recursos?
Por último, el actual caos en las redes de distribución comercial ¿se debe únicamente a la falta de recursos materiales? Si hay capacidad financiera para distribuir cierta cantidad de pollo, aceite, detergente, etc. de manera normada y controlada, ¿qué necesidad hay de que miles de hogares pierdan horas y horas de su vida buscando a ver “qué sacaron”, dónde lo sacaron, haciendo interminables horas de cola bajo el sol o la lluvia, perdiendo miserablemente el tiempo? Si todo el mundo está registrado en la OFICODA, ¿por qué hay que recibir una botella de aceite en la bodega y hay que ir a buscar la otra por otras tiendas? Si no hay suficiente, se puede ampliar el ciclo de distribución, pero ¿qué sentido tiene ese doble canal de distribución? ¿A quién le resuelve la multiplicidad de vías de distribución actual si no es a los revendedores? ¿Es de verdad una tarea irrealizable la de simplificar y racionalizar los circuitos de distribución?
Llama la atención que las cadenas comerciales dispongan de las divisas necesarias para importar cajas registradoras, pero luego es habitual que estén activas menos de la mitad por falta de cajeras, provocando colas innecesarias. No son raras las veces en las que cada producto hay que pagarlo en una caja distinta a costa del tiempo y el cansancio del consumidor. Colas de madrugada para coger el ticket que da derecho a comprar, cola para ingresar en la tienda, cola para pagar en la caja… Quizás haya razones que expliquen estos sinsentidos, pero entonces, ¿qué recursos materiales faltan para dar al menos una explicación pública fundamentada? Y mejor no tocar el mundo de los trámites administrativos en las direcciones de vivienda, en los bancos, etc.
Para volver al mundo del urbanismo, hace ya un año que el Consejo de Ministros publicó el Acuerdo 9101 sobre la aprobación del Plan general de ordenamiento territorial y urbano de La Habana. En su artículo 15 dice que “el Gobernador de la ciudad de La Habana entrega al IPF, antes del 30 de abril de cada año el Informe anual de la evaluación de la implementación del Plan”. ¿Existe algún habanero que conozca dicha evaluación? ¿Nadie debe rendir cuentas a la ciudadanía?
En resumen, ni todo el deterioro físico de las ciudades se debe, ni mucho menos, a la falta de recursos materiales ni todo el deterioro de la ciudad es el físico. El potencial de mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos sin gastar un centavo es todavía considerable. Ello tiene mucho más que ver con capacidad intelectual y organizativa, con responsabilidad y voluntad política, con sensibilidad humana que con volúmenes de acero y cemento.