La lista y sus problemas

El listado de actividades prohibidas a ejercer por cuenta propia incluye algunas cuya limitación está totalmente justificada en el contexto del sistema socialista que se debe preservar, sin embargo, incluye otras que no perecen justificarse ni económica, ni social, ni políticamente.

La Habana, 2021. Foto: Otmaro Rodríguez

Como he comentado anteriormente, creo que la ampliación de los espacios para el ejercicio del trabajo por cuenta propia es un paso en la dirección correcta de la reforma económica en curso en Cuba. Esto incluye, por una parte, el principio de que cada propuesta de proyecto será evaluada para su aprobación con un criterio amplio. Por otra, una listanque se acaba de conocer de unas 124 actividades que quedan prohibidas. Quisiera compartir algunos comentarios generales a raíz de la lectura de ese listado, aunque para expresar una opinión más rigurosa habría que analizar una a una las actividades incluidas. Lo primero que me parece necesario señalar es que no quedan claros ni explícitos los criterios empleados para la inclusión o exclusión de las diferentes actividades en esas prohibiciones. Esto me parece de la mayor importancia porque permitiría una discusión más atinada, conceptual y coherente al respecto.

De una primera revisión, y teniendo en cuenta que no se exponen los criterios oficiales de clasificación, en mi opinión hay actividades cuya limitación está totalmente justificada en el contexto del sistema socialista que se debe preservar, otras cuya inclusión tiene que ver con el contexto específico de agresión que sufre el país y que podría cambiar en el futuro. Sin embargo, están también incluidas otras actividades que no corresponden a ninguno de los dos criterios anteriores.

Siempre he dicho que la reforma debe tener garantías socialistas, en otras ocasiones he expresado que el socialismo no es la supresión del mercado, tampoco la supresión total de la propiedad privada, es la supresión de la hegemonía del capital y eso, obviamente, supone determinados límites al crecimiento de la acumulación (propiedad sobre medios fundamentales de producción) y sus formas —no me refiero a la riqueza bien habida resultado del trabajo en cualquier de sus variantes— y, por supuesto, también supone sostener la garantía de servicios gratuitos y universales como la educación, la salud, la seguridad social y la defensa nacional. También la preservación de las riquezas naturales de la nación, que deben ser siempre públicas.

Hablamos de un sector privado de pequeñas y medianas empresas en una muy amplia cantidad de actividades económicas solamente con las limitaciones antes apuntadas y sometidas a razonables regulaciones en su crecimiento, hemos planteado incluso que para no limitar su desarrollo podrían, a partir de determinada escala, invertir conjuntamente con el Estado.

Sin embargo, así como aparecen en el listado límites que corresponden a esas condiciones hay otras actividades allí incluidas que, desde mi punto de vista, no se justifican ni económica, ni social, ni políticamente, además de que entorpecen el potencial productivo del país y el despliegue de su principal recurso, que es la fuerza de trabajo calificada. Impedir que arquitectos, ingenieros, informáticos, ingenieros de sonido, por citar solo algunos ejemplos, no puedan ejercer por cuenta propia sus profesiones equivale a condenar ese conocimiento a la descalificación y privar a la sociedad de sus servicios. El sector no estatal no debe estar condenado a actividades de baja intensidad tecnológica y profesional.

En el contexto de lo antes dicho, me parece importante insistir en el tema de la legalización de las Pymes (cooperativas y privadas). Estas son el paso lógico y necesario de la actual reforma, la economía nacional necesita un tejido empresarial diverso en sus formas de gestión y propiedad. Sin esto, la necesidad de mayor generación de empleo útil y mayor oferta de productos y servicios queda lastrada. Además de que las empresas del Estado, líderes del sistema, no tendrían condiciones para ajustar sus costes (elevados por la devaluación de la moneda nacional y el aumento salarial), lo cual, por una una parte, les impide la eficiencia, y por otra presiona la inflación. La existencia del sector no estatal de la economía puede complementar notablemente el funcionamiento del sector estatal otorgándole mayores posibilidades y desarrollo.

El establecimiento de PYMES en Cuba pudiera aumentar el PIB entre 1,5 y 1,7%

En otras ocasiones he expresado el criterio de que lo que determina el carácter socialista o capitalista no es una empresa en específico, sea esta estatal cooperativa o privada. Lo socialista o capitalista es el sistema en el cual operan e interactúan todas. El carácter del sistema lo garantiza el Estado, en el caso de Cuba el Estado socialista y su Constitución bajo las regulaciones y las leyes establecidas con la aprobación y el consenso de la sociedad.

La situación de bloqueo y pandemia, lejos de suponer enlentecer la reforma, compulsan a su avance integral y secuencial.

El gobierno cubano ha insistido recientemente, y en varias ocasiones demostrado, que está dispuesto a realizar las modificaciones que sean necesarias y posibles en la implementación de la reforma. Esperemos que también lo haga revisando esta lista de actividades que a todas luces parece excesiva y sin criterios suficientemente explícitos de clasificación. El tiempo va corriendo.

 

Salir de la versión móvil