(Aquí puede leer la primera parte de esta entrevista al jurista e investigador Julio César Guanche)
Por: Mónica Baró
Con el tema de las transformaciones en curso, me surge una inquietud acerca de la concepción de participación prevaleciente, porque se ha insistido mucho en la necesidad de que la gente participe, pero al mismo tiempo encuentras que no hay esa respuesta auténtica de participación. Entonces, ¿en qué medida la participación puede funcionar como algo que se ordene?
Lo que dices tiene que ver con el diseño de distribución de poder real que existe en Cuba, que es muy poco redistributivo, que concentra mucho en un lugar y genera un vaciamiento de poder efectivo en el otro polo. No puedes concentrar poder en el partido, en una estructura vertical de dirección, que toma decisiones y controla el tiempo y el espacio en que toma las decisiones, asegurando así su continuidad, sin que por otro lado quede un público muy débil, en el sentido de debilitado, que sí puede opinar y es consultado, pero tiene escasas posibilidades de decidir o de codecidir.
Lo que podemos estar viendo con las personas que supuestamente no quieren participar, es que están viviendo procesos de mucho desgaste, en los que sí pueden ser consultadas, pero son muy poco decisoras de la materia sobre la que se les consulta. Entonces en lugar de exigir más desde una retórica hacia el individuo apático habría que repensar el diseño de la participación para construir la capacidad de tomar parte en los procesos de toma de decisiones.
Si la gente se apropiara de la política como la forma para defender sus derechos y utilizara la política para condicionar el precio del pan, del aceite, del puré de tomate o del jabón en Cuba (y así hasta las relaciones internacionales del país) habría mucha más participación. Porque la política se trata de eso, no de decidir sobre espacios acotados sino de ser capaces de modificar las condiciones sobre las cuales se decide.
El incentivo de la participación no viene solo del discurso, viene de la capacidad real de ejercer la participación. Una vez que la gente participa, ya se hace una cultura que se incentiva por sí misma cuando se empieza a ver los frutos de lo que se está haciendo.
Acerca de este asunto, usualmente surgen las preguntas de por qué la gente no se moviliza más, por qué si muchos consideran que las organizaciones tradicionales no representan sus intereses, no crean entonces formas de asociación alternativas, cuando tenemos un gobierno que no reprime a los niveles que hacen otros de América Latina. De acuerdo, no contamos con las condiciones estructurales más ideales para generar una participación auténtica, pero ¿por qué la gente no se moviliza ni se organiza para transformar esas condiciones? ¿Cómo explicaría esto?
A mí me parece que ha habido tanto desgaste y tanta acumulación de poder en un polo, en el polo estatal partidista respecto al polo de lo social, que la gente ha dejado de ver en la política una posibilidad real de cambio. Como práctica, se ha desincentivado la organización política de las personas por sí mismas. Esa es una explicación. Hay otras posibles, pero creo que el valor fundamental es que hay que recuperar la confianza en que haciendo política se pueden cambiar las cosas.
En ese sentido hemos tenido grandes involuciones. Y eso es todo lo contrario a una revolución. Una revolución es la politización de la vida cotidiana, la capacidad de poner la posibilidad de vivir y convivir de buenas maneras bajo un orden reglado por decisiones colectivas. La despolitización de la vida cotidiana habla de un fracaso cultural de lo que debe ser una revolución. Esas ideas que encuentras en tanta gente de que no le interesa la política, de que no sirve para nada, de que es corrupta, tienen más que ver con que la política le es ajena. Y cuando la política te es ajena es porque la política no te pertenece, y si no te pertenece, es que has sido desposeído de ella, y la primera condición que nos hace ciudadanos es poseer la capacidad de hacer política.
No obstante, es necesario atender a experiencias que sí se organizan y lo hacen bien, como la comunidad LGTBI y distintos colectivos antirracistas, aunque sería necesaria una mayor articulación entre esos actores más allá de coyunturas concretas.
Hay una investigación suya -que se titula Estado, participación y representación políticas en Cuba. Diseño institucional y prácticas políticas tras la reforma constitucional de 1992-, que aborda muy profundamente estas cuestiones. Me interesaría que compartiera un poco, a partir de ese estudio, ¿cuáles son los principales obstáculos que nota en el diseño institucional actual para la participación directa del pueblo y el control de sus representantes?
Uno de los principales déficits del sistema de poder popular, que es el sistema estatal cubano, es que es muy poco Estado. Tiene muy poco poder estatal. La toma de decisiones reside en esferas que están vinculadas con el Estado pero que no pasan por la estructura representativa del Estado, como la deliberación parlamentaria, las reuniones locales de rendición de cuentas, etcétera.
Es un sistema muy vertical, en el cual, según regula la Constitución, los órganos superiores dirigen a los inferiores. El diseño produce una relación inversa a la que debería ocurrir, porque la ciudadanía se convierte en un agente del Estado, en lugar de ser el Estado un agente de la ciudadanía. Y eso tiene muchas formas de concretarse en el diseño institucional. Se concreta cuando, por ejemplo, ningún número de ciudadanos agrupados entre sí puede activar un referendo constitucional y solo puede hacerlo la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
Ahora mismo, la reforma constitucional que está en curso debería someterse a referéndum popular. La Constitución establece la realización de plebiscito si se modifican la estructura orgánica del Estado cubano, que ya se modificó en Artemisa y Mayabeque cuando se separó el Estado del gobierno en esas dos provincias, y el catálogo de derechos y deberes de la ciudadanía, que también se está modificando, por ejemplo, con el tema del desarrollo del sector no estatal y los derechos laborales y sindicales.
Sin embargo, si la Asamblea decide que no han sido modificados ninguno de estos dos contenidos que he mencionado, decide por sí misma la reforma. Lo que no podría hacer ningún ciudadano cubano, así fueran cinco millones, es decir que como ciudadanos van a llevar el texto a referéndum. La ANPP puede hacerlo según juzgue esos requisitos legales —como ocurrió en 1992, que estimó como no necesario el referendo popular—pero desde nuestro lugar como ciudadanos no tenemos esa posibilidad. Y esto demuestra que estamos en una relación distinta a la que debería ser, en la que seríamos nosotros los primeros en generar política y el Estado el que debería convertirse en instrumento de esa política.
Otra cosa que va en esta dirección es que la ley electoral define como parte de las actividades del diputado explicarle la política del Estado a sus electores. “Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el deber de desarrollar sus labores en beneficio de los intereses del pueblo, mantener contacto con sus electores, oír sus planteamientos, sugerencias y críticas, y explicarles la política del Estado”. En ningún momento habla de elaborar la política estatal con sus electores y defender esa política frente a otras instancias estatales. Lo que ocurre es que el Estado hace la política y sus representantes se la explican a los ciudadanos.
La revocación, otro ejemplo, que es un valor fundamental de una relación política democrática entre el elector y el representante; está diseñada de un modo en que es muy difícil, casi imposible, revocar a un delegado municipal en el término de un mandato. Primero tiene que pasar un año antes de presentar el recurso, pero no se puede revocar en los últimos seis meses del mandato, y si en ese año la asamblea municipal se reúne solo dos veces, y son dos veces las que tiene que pasar el proyecto de revocación por la asamblea municipal, al final resulta muy difícil lograrlo.
Entonces, está diseñada la revocación, pero el propio diseño la obstaculiza. Además, el funcionamiento desestimula la revocación, porque el representante es alguien con tan poco poder de decisión que no tiene mucho sentido plantearse que si se revoca va a mejorar algo, porque la condición que no va a cambiar es la condición en la cual él se desenvuelve. El que venga atrás va a tener la misma capacidad de decisión y tendrías que revocarlo de nuevo y así sucesivamente.
Creo que se trata de modificar la estructura de la participación del Estado cubano y de independizarlo del partido para que efectivamente pertenezca a sus ciudadanos. Hasta el momento, la Constitución regula que el Estado pertenece al partido, en tanto el partido dirige al Estado, pero la soberanía tiene que radicar en los ciudadanos, para hacer verdad el artículo tres del texto constitucional: “En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo del cual dimana todo el poder del Estado.”
Frente a estos obstáculos, ¿qué posibilidades existen de promover cambios efectivos desde la ciudadanía? ¿O queda esperar a que se les ocurran a quienes toman las decisiones? ¿Qué alternativas percibe?
Abrirse a propuestas sociales, a un diálogo directo, reconocido, sobre el que se brinde toda la información, es un primer paso. Pensar que no hay alternativas es la primera condición para que nada cambie. La política oficial ha permanecido inmóvil en torno al poder popular. Desde 1991 no ha habido declaraciones oficiales fuertes acerca de la situación del poder popular en los congresos del partido, que muestren toma de consciencia sobre la gravedad de los problemas que enfrenta. Ha existido un acomodamiento en ese desgaste, que conviene a un estilo continuista que no ha tomado la responsabilidad de percatarse del enorme problema que significan las carencias de poder estatal real, de cara a su legitimidad y a su aceptación por parte de los ciudadanos.
Lo último de interés que ha ocurrido en este campo son los experimentos desarrollados en Artemisa y Mayabeque. Sin embargo, estos debieron ser expuestos a la información, el debate y la propuesta de alternativas entre toda la ciudadanía. Ahora se ha informado que se generalizarán (sin que sepamos en qué consisten específicamente, la forma en que se ha hecho, las evaluaciones realizadas, las opiniones de los habitantes de esas provincias, etcétera) de modo “simultáneo con la implantación de la nueva División Político Administrativa”. Me parece que esto muestra la consideración administrativa que se tiene del tema, y no su carácter eminentemente político, de construcción ciudadana.
Las posibilidades pasan por lograr mucha mayor exigencia social. Es necesario reapropiarse de la política, y reapropiarse significa exigir una relación mucho más potente, democrática, vinculante, decisoria, de los ciudadanos con su Estado, y establecer cada vez más controles desde la ciudadanía. No es solo que una institución controle a otra – que eso existe y es importante-, sino que también existan controles desde abajo hacia el aparato institucional, que exista una exigencia permanente de fiscalización que coloque a funcionarios del Estado en una esfera pública, accesible a todos, donde sean interpelados y tengan que dar respuestas de lo que hacen, más allá de los espacios formales en los cuales deben rendir cuenta, y desde donde puedan surgir soluciones.
Hay experiencias que están muy probadas, que aquí no se siguen y serían útiles, como, por ejemplo, implementar la limitación temporal de mandato en todas las escalas -pues solo a nivel nacional se decidió que fueran mandatos de cinco años cada uno y hasta dos mandatos-; declarar incompatibilidad de funciones y rotación en los cargos; y abrir a la ciudadanía la capacidad de cuestionar judicialmente a la administración, que significa poder pleitear o someter a juicio por mala gestión a los órganos administrativos. Por ahí hay un campo de alternativas que se puede desarrollar, además de otros vinculados a la autoorganización de la ciudadanía para contestar y crear decisiones estatales.
Acerca de este proceso de reforma constitucional que se espera que ocurra, ¿cómo cree que se va a desarrollar y cómo cree que debería desarrollarse?
Imagino que va a ser un proceso bastante controlado. Una comisión redactará un documento, se va a consultar como otros documentos, y será modificado en alguna parte, pero sus sentidos más fuertes vendrán decididos por el proyecto inicial.
No obstante, lo que creo firmemente que debería ocurrir es un proceso constituyente nacional, en el cual aparezcan alternativas que se hagan visibles, que se puedan comunicar y discutir, que aparezcan en el periódico Granma y en cualquier sitio web. Y que la sociedad tenga maneras legítimas de organizarse, que se habiliten canales no solo para que el Estado consulte de un modo específicamente organizado sino para que la ciudadanía organizada también por sí misma aporte sus propuestas y construya canales de comunicación complementarios, no necesariamente sustitutivos de los estatales, para agregar demandas, proyectos, y también otras imaginaciones. Porque los documentos vienen acotados de modo que la discusión gira sobre gradaciones de una medida a tomar, y a veces el problema no es de la medida en sí misma sino de la imaginación que da lugar a esa medida. No se soluciona un problema con más o menos de la misma imaginación que creó el problema sino con una imaginación diferente.
Ese tipo de actuación permitiría recobrar confianza política. De no hacerlo se perdería, una vez más, porque se han perdido otras, una gran oportunidad. Una constitución no es algo que se hace todos los días, aunque tampoco es inicio ni fin de nada. La historia social muestra que realmente lo que cambia una era política es que la gente se apropie de maneras de hacer las cosas por sí mismas. Una constitución no significa nada solo como texto. Lo que determina una novedad es la novedad en las formas de organización de la gente. Habría que juzgar la capacidad de modificar el futuro y lo que hoy somos por la capacidad de la gente para organizarse y no tanto por el documento final que salga de dicha organización.
Yo no soy un optimista sino una persona confiada en la capacidad social para crear. No hay forma de que un proyecto de tres, diez, mil personas, por capaces que sean, resulte superior a la creatividad de millones. Si los problemas nos afectan a todos, las soluciones tienen que ser obligatoriamente de todos. La gente sabe de su vida porque tiene que mantenerse, y mantener a sus hijos, mandarlos a la escuela, comprarles zapatos, educarlos e intentar ser felices. Y esa sabiduría, esa experiencia acumulada, hay que escucharla, porque la política se trata de responder a necesidades de la vida cotidiana, no a enormes proyectos de futuro, que solo serán más fuertes en la medida en que respondan a proyectos cotidianos. Si una constitución logra incluir el mundo de valores de la gente, se hace mucho más poderosa como documento de regulación de la vida nacional.
Como ciudadano, y también como jurista que ha estudiado la constitución y sus artículos con minuciosidad, ¿qué tres cambios esenciales le harías si pudieras?
Creo que habría que admitir la entrada a cualquier forma de organización de la sociedad, en tanto expresión de la soberanía popular, o sea, que exista un marco legal para que cualquier organización que cumpla este marco quede habilitada por ley. Es lo que hace, por ejemplo, la Constitución de Ecuador, que contiene enormes valores y, como todas, muchos problemas.
Otra cosa que haría, relacionada con la primera, sería habilitar la estricta autonomía de las organizaciones sociales y evitar toda subordinación a cualquier organización política, para que respondan solo a sus bases. Si son sindicatos, que respondan solo a los obreros, si son estudiantiles, que respondan solo a los estudiantes. Pero que ningún tipo de organización política superior las subordine. Eso supondría una sociedad civil más pluralizada y legitimada.
Hay que pensar mucho hoy, también, en los derechos a la propiedad, para usar de la propiedad que se tiene y no ser arbitrariamente despojado de ella, para que si alguien emprende un pequeño negocio mañana no pueda ser despojado de la capacidad de ejercerlo porque se desautorice. Hablo de la propiedad no solo sobre bienes físicos sino como capacidad de control sobre las dinámicas de los procesos económicos y sociales en los cuales se participa. Pero también, y esto es parte de un mismo problema, necesitamos derechos ante la propiedad, que significa controlar el uso capitalista de la propiedad, de aquella que se usa para acumular ganancia ilimitadamente excluyendo a otros del ejercicio de ella y burlando compromisos sociales y ambientales.
No hay que tenerle miedo a la propiedad per se. Necesitamos propiedades para vivir. Necesitamos una casa que sea nuestra, en la que no pueda meterse alguien —una persona o un banco— y desahuciarnos. Pero también, necesitamos evitar que la propiedad pueda concentrarse de un modo que desposea a otros de la posibilidad de tener propiedades. Son los derechos ante la propiedad. El discurso institucional cubano lo está diciendo hoy en términos de evitar la concentración de la propiedad, pero creo necesario también habilitar mecanismos políticos, sociales, institucionales, jurídicos, que lo eviten cotidianamente, protejan a los desposeídos y favorezcan el acceso a la propiedad.
También habría que eliminar cualquier referencia a una doctrina de Estado, que existe en tanto la Constitución conserva la apelación al marxismo (-leninismo) como contenido de la política educativa y cultural del Estado y el deber de cada ciudadano de “observar las normas de la convivencia socialista”. Yo soy un socialista convencido, pero yo no quiero que la moral socialista sea la moral del Estado, ni que el “marxismo leninismo” sea la ideología oficial, porque el Estado tiene que pertenecer a todos sus ciudadanos, y no puede tener una moral o una ideología impuesta por ley a todos los miembros de la sociedad. Tienen que existir morales e ideologías distintas y posibilidades de elegir entre ellas. El Estado tiene que ser capaz de habilitar condiciones públicas para el ejercicio distribuido de la libertad, pero no determinar cuál es la moral o la ideología a seguir por sus ciudadanos. Esto último debe ser una elección individual, si es que defendemos tanto la libertad social como la individual.
Para terminar, ¿qué cree que pueda aprender Cuba del nuevo constitucionalismo latinoamericano, en particular de las experiencias de Venezuela, Bolivia y Ecuador?
Todas esas constituciones se hicieron con grandes procesos constituyentes, con grandes movilizaciones sociales, que plasmaron muchos de los contenidos que hoy están recogidos en las constituciones. Cuando se hace la genealogía de los contenidos que se colocaron en esos textos, se encuentra que no hay solo una comisión, un grupito, un partido. Lo que hay son cientos, o miles, de grupos, de colectivos, de movimientos.
Me parece que es eso algo muy importante que podemos aprender, el valor de la movilización colectiva y de la organización popular para generar consagraciones de derechos y una política mucho más favorable para esa misma mayoría. Creo que ese es un gran aprendizaje. Son gobiernos que han ido por la izquierda, o centroizquierda, como se quiera, pero son gobiernos con imaginaciones en varias zonas afines a la cubana y conforman el campo de alianzas más favorable para Cuba hoy en América Latina. Y lejos de sospechar de la pluralización de la política, de la explosión de lo político, han nacido precisamente de esas explosiones.
En Cuba atendemos demasiado a la organización institucional del poder y pensamos que estos grandes movimientos de cambio han sido obra de los grandes líderes, y se ve menos la forma en que han venido creciendo, organizándose, y la cantidad de movimientos que habitan dentro de ellos, que han encontrado su fortaleza y su virtud en esa acumulación política y en su diversidad. Más allá de uno u otro artículo, de algunos derechos que me fascinan en algunas de esas constituciones, de algunas garantías que aquí no existen, lo que me parece fundamental es aspirar a una política vivida como proceso social mucho más amplificado, a una creación mucho más colectiva del orden.