La implementación del ordenamiento monetario cumplió ya un mes en Cuba. Desde el pasado 1ro de enero los cubanos se enfrentan a un escenario largamente postergado, que desde su anuncio oficial en diciembre ha sacudido el día a día de la Isla y ha obligado a echar mano de la calculadora lo mismo a empresarios y directivos estatales que a los trabajadores de a pie y los jubilados.
Nadie escapa al impacto del ordenamiento en sus bolsillos. Aun cuando este proceso ha supuesto un incremento ―en no pocos casos, sustancial― de los salarios y pensiones, también ha traído aparejada una peliaguda multiplicación de muchos precios, lo que, unido a la crónica crisis económica que padece el país y el consecuente déficit de ofertas, dibuja un escarpada pendiente para las familias cubanas. Todo ello, justo cuando Cuba atraviesa su peor rebrote de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia.
Las autoridades han insistido en que la nueva realidad monetaria implica, por varias razones, una subida de precios. Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios, ha dicho que la devaluación del peso cubano (CUP) “lleva a un incremento de los costos, no solo a nivel doméstico sino en la economía a nivel macro” ―por factores como el encarecimiento de las importaciones, debido a la nueva tasa cambiaria para el sector empresarial del Estado, y la necesidad de cubrir el nueva salario de los trabajadores y generar utilidades―, a lo que se une la política gubernamental de “eliminar subsidios excesivos y gratuidades indebidas” y “estimular el trabajo”.
Mientras, el propio gobierno ha reconocido que existen condiciones para se produzca “una inflación superior a la diseñada” ―debido al déficit de oferta, el incremento de los ingresos y el ya referido aumento de los costos― y ha llamado a incrementar la eficiencia productiva y a “enfrentar los precios especulativos y abusivos entre todos”. “Si la subida de precios se va de control entonces el nuevo salario se ve afectado y pierde capacidad de compra”, ha alertado con toda lógica Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos.
No obstante, las autoridades han explicado que se han previsto medidas antiinflacionarias y de contención, entre ellas, la centralización de precios de producciones y servicios de alto impacto, y el establecimiento de límites de crecimiento de los precios mayoristas descentralizados y de las tasas de márgenes comerciales, “para que la utilidad, la eficiencia y la rentabilidad de las producciones salgan de la generación de riquezas y de producciones tangibles y materiales, y no a costa de incremento de precios”, según Bolaños.
Además, la ministra y otros funcionarios han repetido que se mantienen subsidiados, total o parcialmente, un grupo de productos y servicios básicos “hasta tanto se generalice el subsidio a personas”, al tiempo que un conjunto de precios “se mantuvieron como hasta 2020 por su impacto en la población, y porque, a partir de su carácter social, se entendió la necesidad de mantenerlos”. Todo lo anterior, han dicho, implica una erogación millonaria para el presupuesto del Estado que, por demás, ha crecido más allá de lo previsto inicialmente, tras el reajuste ―gracias a la avalancha de quejas e insatisfacciones de la población― de algunos de los precios y tarifas publicadas inicialmente como parte del ordenamiento monetario y cambiario.
Justo este es el caso de las tarifas eléctricas y el precio del gas licuado, dos de los temas que más críticas generaron tras conocerse sus incrementos iniciales. Muchos cubanos pusieron casi literalmente el grito en el cielo cuando supieron hasta dónde se elevarían sus gastos por este concepto y comenzaron a sacar cuentas con sus nuevos salarios. Ello motivó una revisión gubernamental, siguiendo la premisa ―según explicó entonces Marino Murillo― de corregir “lo que deba y pueda ser corregido”, que luego se ha extendido a otros sectores y que podría aún provocar más rectificaciones, como parte del work-in-progress que ha resultado ser la llamada Tarea Ordenamiento.
El gobierno cubano baja tarifas eléctricas tras críticas a propuesta inicial
Con la electricidad y el gas iniciamos precisamente una serie de publicaciones sobre los nuevos precios en vigor en Cuba desde el pasado mes de enero. En esta primera entrega mostramos en gráficos una comparación entre las tarifas eléctricas antes y después de implementado el ordenamiento monetario, incluyendo las tarifas propuestas y luego modificadas como parte de este proceso ―en las que se “multa” más en la medida en que se incrementa el consumo, con lo que también, según el gobierno, se pretende motivar el ahorro―, así como ejemplos de los gastos en determinados consumos o tramos de consumo, tanto para el sector residencial como en el no residencial y en las tarifas mixtas aprobadas para las formas de gestión no estatal y los servicios comunes en los edificios multifamiliares.
Además, incluimos los precios del gas licuado y manufacturado ―el llamado “gas de la calle”, muy extendido en La Habana―, y del combustible que se comercializa en los servicentros de la Isla, aunque sin incluir los recién anunciados para los transportistas privados y el sector estatal. Y también los del servicio metrado de agua potable ―el del no metrado fue fijado en 7.00 CUP por persona al mes, también aplicado a los edificios multifamiliares donde no sea posible el metraje individual por apartamentos― y alcantarillado en el sector doméstico, otros que provocaron no pocos comentarios y que, como en el caso de la electricidad, de acuerdo con las autoridades, siguen estando subsidiado a pesar del significativo aumento de los precios.
Entonces, como acostumbra a decir un conocido conductor de la televisión cubana, vea los precios, consulte lo publicado sobre el tema, analice, y saque usted sus propias conclusiones.
Electricidad
Gas y combustible
Agua potable y alcantarillado
