A un mes del comienzo en Cuba del ordenamiento monetario, no pocas dudas, criterios e insatisfacciones persisten en la población. Ello, a pesar de que desde el anuncio hecho el pasado 10 de diciembre por el presidente cubano, las autoridades y los medios de comunicación de la Isla han dedicado numerosos espacios a informar y explicar las medidas, cambios y rectificaciones adoptadas como parte de este proceso.
En particular, los precios de los diferentes productos y servicios ―tanto estatales como privados, oficiales como informales― han estado en la mira de muchos desde que se conoció del inicio del ordenamiento, y todavía hoy lo siguen estando, aun cuando no todos subieron ni aumentaron de la misma manera. Por ello, hemos creído oportuno ofrecer a nuestros lectores una mirada este polémico tema que incide directamente en el bolsillo de los cubanos y refleja como pocos los contrastes de un paso que tanto el gobierno como los especialistas consideraban indispensable ―pero a la vez, complejo― para eliminar distorsiones existentes en la economía cubana y propiciar su tan añorado despegue.
En una primera entrega, junto a una necesaria introducción al respecto, nos acercamos a través de gráficos a los precios y tarifas de la electricidad, el gas, el agua potable y el alcantarillado, servicios indispensables en la vida contemporánea que, como es conocido, en Cuba son gestionados por el Estado y se mantienen, en mayor o menor medida, subsidiados por este. Estos servicios están incluidos ―desde un enfoque de racionalidad― en el monto de la canasta básica, estimado por el gobierno en 1528 pesos (CUP) y cuyo cálculo sirvió de base para el incremento de los salarios y pensiones.
Para llegar a este monto, que coincide con la pensión mínima establecida ―para quienes cobraban antes hasta 300 CUP―, “se hizo un análisis, coherente, integrado y armónico de qué debía consumir una persona en bienes y servicios y se fijó una tarifa”, según explicó a mediados de diciembre Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior (Mincin). Sin embargo, ante las críticas y comentarios de la población, que no tardó en comprender que las cuentas, las suyas, no daban, algunos precios fijados inicialmente por el gobierno han sufrido ajustes y rectificaciones ―los de la electricidad entre ellos― y otros se mantienen “en estudio”, de acuerdo con las autoridades.
Con la libreta de abastecimiento
Vilipendiada y querida, motivo de burlas y de preocupación, la libreta de abastecimiento sobrevivió, contra muchos pronósticos, al ordenamiento monetario. Los que no sobrevivieron fueron los precios de los productos racionados que se compran con ella. En realidad, la mayoría de ellos, pues los de algunos alimentos destinados a los niños ―como la leche, la compota y los cárnicos― y las dietas a embarazadas y enfermos sí mantuvieron, al menos por el momento, los subsidios estatales que todos los productos “de la libreta” tenían hasta diciembre.
En total, la canasta familiar normada sigue integrada por 19 productos alimenticios y cuatro no alimenticios, solo que su valor ascendió de alrededor de 18 CUP por persona a unos 180 CUP. No es de extrañar que, calculadora en mano, muchos cubanos, en particular los de las familias más numerosas o con bajos ingresos, hayan enfilado sus dardos contra este incremento y algunos hayan optado por solicitar alguna ayuda o asistencia social para cubrir el conjunto de gastos que este proceso entraña para ellos y sus familiares.
No obstante, hacia ahí también han apuntado las autoridades, al explicar que el ordenamiento, como parte de las reformas económicas diseñadas por el gobierno, persigue “la eliminación gradual de gratuidades indebidas y subsidios excesivos, bajo el principio de subsidiar a las personas necesitadas y no a productos”, algo que se pretende continuar “en correspondencia con la situación económica del país y los ingresos de las personas”. La canasta normada ha quedado entonces más como un método de distribución equitativa ―algo que ya era, aún con sus consabidas insuficiencias― que como un mecanismo de protección y subsidio a toda la sociedad, algo que a todas luces, la economía cubana hoy no puede permitirse.
Y sin la libreta…
La situación de los productos no racionados es otra. La política gubernamental ha estado dirigida a ordenar y unificar sus precios, en no pocos casos dispares antes del ordenamiento monetario, según dónde y quién los vendiera. Además, como no se trata de productos mayor o totalmente subsidiados ―salvo algunos correspondientes a programas especiales para personas enfermas y para canastilla―, sus precios minoristas estatales se han mantenido en muchos de ellos, aun cuando las autoridades no han cerrado la puerta a que puedan sufrir cambios en correspondencia con las fluctuaciones del mercado internacional.
En este grupo de los “liberados” se incluyen productos alimenticios, de aseo, industriales y hasta materiales de construcción, muchos de ellos muy demandados y, al mismo tiempo, deficitarios en la red de tiendas del Estado, lo que multiplica las colas allí donde se comercializan y también su valor en el mercado negro. El pan, el pollo, la salchicha, el yogurt, el puré de tomate, el detergente y la pasta dental están entre los más perseguidos de los que han conservado centralmente sus precios, mientras otros como rones y cervezas nacionales, y conservas de frutas y vegetales, sí han experimentado cambios, y no hacia abajo precisamente.
En el caso específico de los establecimientos que hasta diciembre vendían en el ya en desuso peso convertible (CUC) ―y de los que solo una parte ha seguido aceptando esta moneda hasta que concluyan los seis meses establecidos para su recaudación definitiva―, sus precios se han mantenido en sentido general en el mismo rango, de acuerdo con la tasa de cambio oficial de 1×24. Así que, por muy abultados que luzcan hoy estos precios, son, en esencia, los mismos de antes, y tampoco resultan una sorpresa pues ya en estas tiendas era común pagar y también recibir el cambio en CUP, haciendo la conversión entre ambas monedas.
En cualquier caso, el problema principal de los productos liberados, véndanse en las tiendas que se vendan, no son sus precios oficiales sino la escasez ―esté causada por la razón que sea: el embargo, la corrupción, la ineficiencia― que los desaparece de los estantes y ceba las arcas del mercado informal, en una espiral que, aún más en tiempos de crisis económica y COVID-19, el gobierno no logra contener. En la práctica, esa espiral golpea con fuerza la capacidad real de compra de los nuevos salarios, por más que estos hayan aumentado en la Isla, y, más allá de la voluntad o el voluntarismo estatal, mantiene la pirámide de cabeza.
En cuanto a las tiendas en moneda libremente convertible, abiertas por el gobierno como un mecanismo recaudatorio para paliar el déficit de divisas que sufre la Isla, sus precios siguen siendo inalcanzables para buena parte de los cubanos ―a pesar de las largas colas que también las acompañan―, pero estos precios no parecen haber cambiado con el ordenamiento, como tampoco las lógicas ―o las ilógicas, según se miren― seguidas para su conformación, así que de momento las dejamos fuera de la selección que incluimos en este trabajo. La suya, como asegura un popular programa humorístico cubano, es otra historia.
* Para más información, puede consultar la Gaceta Oficial No.71 Extraordinaria del 10 de diciembre de 2020 que incluye, junto a otros temas y precios ―incluidos los de los medicamentos que luego serían modificados―, los precios minoristas de un grupo de productos que se comercializan en la red de comercio interior, de productos de programas especiales (subsidiados) y de las tiendas que vendían en pesos convertibles (CUC).