Los precios del ordenamiento (V y final): ¿cerrando el telón?

Desde el pasado 1ro de enero, el ordenamiento monetario es ya una realidad en Cuba. Esbozado y preterido más de una vez en la última década, este proceso ―que en opinión de autoridades y expertos cubanos era indispensable para eliminar un grupo de distorsiones presentes durante años en la economía cubana― fue finalmente anunciado el pasado diciembre por el presidente Miguel Díaz-Canel, lo que inició una reacción en cadena todavía en plena evolución.

Aunque diseñado y previsto con suficiente antelación ―como lo evidencia el hecho de que muchas de las resoluciones que lo llevan hoy a la práctica fueron aprobadas por el gobierno antes de su anuncio oficial―, no cabe duda de que su lanzamiento ha tenido lugar sobre un terreno pantanoso, signado por la crisis económica que sufre la Isla y abonado, por demás, por el paquete de sanciones impuesto por la Administración Trump y por la pandemia de coronavirus. Como telón de fondo, y en una clave más positiva, tiene también otras reformas aprobadas por el actual Ejecutivo cubano, que buscan, entre otras cosas, dar mayor autonomía a la empresa estatal y más espacio de acción al sector privado; así como la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, lo que pudiera traer un cambio a las descarriladas relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

En este contexto, más que un plan acabado e inamovible, el ordenamiento ha resultado ser una especie de work-in-progress, en el que, apenas a dos meses de su anuncio y a uno de su implementación, las autoridades han movido ficha en varias ocasiones, han rectificado decisiones y normas ya decretadas para esta etapa ante las quejas y opiniones de la población, han criticado la manera en que algunas entidades estatales implementaron lo inicialmente establecido, y reforzaron las multas y otras sanciones a los infractores de lo normado oficialmente. Todo ello, en medio del actual rebrote de la COVID-19, que tensa aún más el escenario socioeconómico cubano, y el riesgo de que se entronice “una inflación superior a la diseñada”, mientras la escasez dispara los precios a pesar de los topes estatales y las largas colas son el pan de cada día.

Precisamente los precios han sido y siguen siendo, por razones más que lógicas, el motivo de desvelo de muchos cubanos mientras avanza el ordenamiento monetario. Ellos son una variable de mucho peso en la ecuación cotidiana de cada familia de esta Isla. Por eso, no han sido pocas las críticas e inquietudes sobre este particular, ventiladas lo mismo en una esquina que en el ágora pública de las redes sociales, y por eso nos pareció pertinente publicar una serie de trabajos al respecto, a la que damos cierre hoy, al menos por el momento.

Nuestro objetivo no ha sido otro que abordar varias aristas relacionadas con el tema, desde un enfoque mayormente informativo, y mostrar cuáles son los nuevos precios y tarifas vigentes en este nuevo contexto ―en más de un caso, rectificación mediante―, principalmente los de un grupo de productos y servicios estatales establecidos centralmente en el conjunto de normas y resoluciones gubernamentales que han visto la luz en las últimas semanas. Con ello no pretendemos otra cosa que contribuir a esclarecer las dudas y vacíos de información que pudiesen persistir en nuestros lectores, y facilitar cualquier interpretación que pudieran realizarse a partir de lo publicado en blanco y negro. 

Sabemos que no se trata de un tema agotado, menos en un escenario presumiblemente cambiante como el del ordenamiento, y que siempre habrá tela por donde cortar y abono para la polémica. El sector no estatal, el nebuloso mercado negro y las entidades del Estado a nivel local son, por ejemplo, universos lo suficientemente amplios y complejos, con sus propias dinámicas, alcances y mecanismos de conformación de precios, que resultan imposibles de resumir en unas pocas páginas y tablas, y que pueden exhibir, incluso, significativas diferencias a lo largo de la Isla. En estos casos el fatalismo geográfico sí funciona, no pocas veces a la inversa, y vivir en La Habana o Mayarí no siempre es garantía de precios más o menos elevados.

Por lo anterior, y siguiendo la cuerda de las entregas anteriores, cerramos con un acercamiento a dos sectores de mucha incidencia en la vida de los cubanos: el transporte y las comunicaciones, en ambos casos desde el prisma del Estado. Algunos de sus servicios, los más básicos ―los ómnibus urbanos y la telefonía local, por ejemplo― están incluidos en la canasta de bienes y servicios de referencia, calculada en 1.528 pesos (CUP) por el gobierno y tomada como base para el incremento de los salarios y pensiones. Otros, como la telefonía móvil, el acceso a internet y los viajes fuera de la localidad de residencia, no lo están. Pero, en cualquier caso, lo innegable es su relevancia en la vida y la sociedad contemporánea, cada vez más interconectada y global.

En el caso específico del transporte estatal, sus precios crecieron como norma entre dos y cinco veces a partir del mes de enero ―aunque algunos servicios como los de revisión técnica y peaje subieron más, y otros, como los ómnibus ruteros en La Habana, mantuvieron sus antiguos precios―, una actualización que, de acuerdo con lo explicado por el ministro del sector, Eduardo Rodríguez Dávila, en el programa Mesa Redonda, se corresponde, en primer lugar, con los costos actuales de la actividad. Además, según explicó el titular, también se buscó “garantizar la coherencia entre los precios” ―siguiendo criterios como la diferencia entre los medios de transporte, el confort y la calidad del servicio― y, finalmente, “establecer tasas máximas pasajero-kilómetro para evitar que hubiera precios excesivos en los territorios”.

“En los precios del transporte hemos tenido que atender un balance que es delicado: lo que puede pagar la población, que no siempre puede pagar el costo del transporte; lo que se requiere para que una empresa sea rentable y lo que el presupuesto es capaz de asimilar en servicios que tienen un costo social alto y son atendidos por el presupuesto”, señaló Rodríguez, quien aseguró que “prácticamente en todos los servicios hay una intervención del presupuesto del Estado en forma de subsidio”.

Además, el ministro aclaró que en el caso de los servicios locales y provinciales sus tarifas son definidas por los gobiernos y empresas de los mismos territorios, mientras que en el sector privado, que también ha debido enfrentar un incremento de los costos, lo previsto es que los precios crezcan en torno a 1,5 veces de los existentes hasta el pasado diciembre. Ello en no pocos casos podría resultar una quimera y obliga a las autoridades a una fiscalización constante si, como asegura Rodríguez, se desea cumplir con la pretensión gubernamental de que “los precios tienen que estar en torno a lo que puede pagar la población”.

En cuanto a las comunicaciones, las tarifas de la telefonía fija y los servicios de correo, tradicionalmente establecidas en CUP, tuvieron también un aumento en sintonía con los incrementos estatales del ordenamiento monetario, aunque las de distribución de la prensa nacional, provincial y otras publicaciones a los suscriptores particulares, y las de arriendo de apartados y gavetas postales, fueron rebajadas ante las críticas de la población.

Mientras, las de la telefonía móvil y el acceso a internet ―tanto por datos, como en zonas wifi y en las casas a través de Nauta Hogar― se multiplicaron mayormente según la tasa de cambio con el hasta hace poco utilizado peso convertible (CUC), aunque el uso de la tasa de 1×25 en lugar de la de 1×24, anunciada por el gobierno como la oficial para el dólar, generó suspicacias entre los cubanos.

Así marcha el ordenamiento monetario en Cuba, un proceso sin dudas complejo, según han reconocido las propias autoridades cubanas al hacer balance de su marcha. “Estos primeros tiempos confirman su complejidad  ―confirmó este miércoles Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos― ya que es muy transversal, tiene que ver con toda la sociedad”. 

“No creo que haya persona con la que no tenga que ver de algún modo la Tarea Ordenamiento”, aseveró Murillo en el programa televisivo Mesa Redonda, en el que insistió en que este proceso se ha hecho en un momento económico muy difícil y reconoció que “ha faltado iniciativa y prevención de ver los problemas antes” que evitase hacer rectificaciones a posteriori. No obstante, reiteró que, a pesar de ello, las autoridades han escuchado las numerosas quejas sobre los precios y que “hay una voluntad del Gobierno y del Estado de revisar cada opinión” de las personas. Con ello, dejó la puerta abierta a otras posibles rectificaciones y confirmó que el telón del ordenamiento aún no está cerrado. El tiempo, el implacable, dirá.