Nueve personas fueron procesadas en Camagüey por “actos contra recursos naturales y económicos” relacionados con la la minería furtiva.
De acuerdo con la información ofrecida por la Presidencia del Tribunal Provincial Popular, y reflejada por el sitio web Cubadebate, en estos hechos intervinieron más de 30 personas a las que les fueron aplicadas “las medidas penales, de acuerdo con las características personales de cada acusado, la lesividad social de los hechos, sin son primarios, reincidentes o multireincidentes, más la conducta social en el área de residencia”.
Agrega el medio que esas medidas están recogidas en el nuevo Código Penal cubano y establecen sanciones de privación de libertad, de seis meses a dos años, o multas de 200 a 500 cuotas o ambas, aunque la publicación no aporta detalles sobre la sentencia aplicada a cada participante.
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Destaca el reporte que en ese territorio se ha identificado una especie de “fiebre del oro“, además del riesgo humano que implica la práctica de la minería furtiva, a partir de la violación de las regulaciones sobre prevención de recursos naturales y la incidencia negativa en las localidades donde se ejecute el procesamiento.
En cuanto a este último aspecto, señala el peligro que emana de la utilización de productos químicos como el mercurio, “causa de severas afectaciones de las aguas subterráneas y embalses de consumo humano y en las siembras de cultivos”.
El fenómeno ha tenido también consecuencias negativas para la economía, reflejadas en la Empresa Geominera Camagüey por el impacto ambiental a causa de las extracciones ilegales originadas en la mina San Jacinto, el foco de esta problemática en territorio agramontino.
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El reservorio, localizado en la Loma de Jacinto (a unos 30 kilómetros del poblado de Guáimaro) es por su magnitud la segunda mayor concentración aurífera del país.
Hasta diciembre de 2021 se habían identificado en el lugar unas 10 vetas, de ellas tres con la posibilidad de extraer un metal con pocas impurezas, algo que le daría un mayor valor al producto.
Los especialistas valoran entonces como reserva probada o probable al menos unas 7.6 toneladas, que una vez explotadas pudieran representar la inyección de unos 200 millones de dólares a la economía cubana, sin contar los costos de factibilidad y extracción.