Durante los primeros ocho meses de 2021, más de 3.400 trabajadores solicitaron la baja del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Su partida tuvo lugar en el peor momento posible, cuando la falta de recursos para mantenimientos y nuevas inversiones había hecho de los especialistas y obreros la última línea de defensa frente a los apagones.
Las roturas de las viejas plantas de generación fueron la razón fundamental de los cortes de energía que marcaron la cotidianidad nacional a lo largo del verano. La irregularidad del servicio eléctrico se contó entre los desencadenantes de las protestas del 11 de julio, y se ha mantenido pendiendo desde entonces como una suerte de Espada de Damocles. Al punto de forzar al Gobierno a embarcarse en un elaborado ejercicio de “malabarismo energético” cuya premisa es tan simple como inapelable: no afectar con apagones las zonas de mayor conflictividad social (particularmente, La Habana).
En el ínterin, miles de trabajadores se marchaban de las centrales térmicas y otras dependencias del SEN. En septiembre, al recorrer la termoeléctrica “Diez de Octubre”, en Nuevitas, Félix Duarte Ortega, el jefe del Departamento de Industrias del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), reconoció que el asunto era motivo de preocupación en las más altas instancias. “Desde el Secretariado, de conjunto con la Unión Eléctrica y el Ministerio [de Energía y Minas], hemos dispuesto buscar definitivamente una solución para este tema tan complejo. El salario no puede ser solo por los conceptos actuales”.
Vivir del trabajo, o de ayudas
La Tarea Ordenamiento alteró todo el entramado empresarial cubano, que de la noche a la mañana se enfrentó a la devaluación radical del peso cubano (CUP) y la necesidad de agenciarse Moneda Libremente Convertible (MLC) para adquirir equipos y materias primas. Según detallaba un par de semanas atrás el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, 541 empresas estatales de todo el país operan con pérdidas; más de una cuarta parte de esas entidades si nos atenemos al registro nacional del año 2018, el último año con estadísticas definitivas sobre la cuestión.
Oficialmente, la empresa de David (nombre ficticio) no se encuentra en esa negativa condición, pero el valor de su salario no es el mismo que un año atrás. “Antes, cobrando 2.000 pesos, yo estaba hasta construyendo; ahora, con más de 3.000, no me alcanza ni para la comida”, lamenta mientras despacha “balitas” de gas licuado en un punto de venta de la ciudad de Camagüey. A sus espaldas, el almacén semivacío da cuenta de los tiempos que corren. Sin importar la demanda, la filial camagüeyana de CUPET debe ajustar sus entregas de combustible doméstico a las asignaciones que pueda hacerle el país. “Y como el salario de nosotros depende de lo que vendamos, estamos en un círculo vicioso. Mucha gente ‘ha pedido la baja’ molesta por la situación”.
La caída del salario real ha sido el corolario de la política de eliminación de “gratuidades indebidas” que a comienzos de la década anterior impulsó Raúl Castro. Por entonces, David se estrenaba en su empleo con el incentivo de un “sueldo que no era malo”, la posibilidad de adquirir los módulos de alimentos y aseo que ocasionalmente vendía la empresa, y sobre todo beneficiarse de algún programa estatal de construcción de viviendas. Pero la desaparición de los llamados “planes CTC” le dejó como únicas alternativas levantar su casa por esfuerzo propio o mediante subsidios.
El hecho de contar con ingresos estables y no incluirse en grupos de “vulnerabilidad social” le impedía calificar para la segunda de esas opciones, y lo obligó a emprender el proyecto con sus propios recursos. Mientras, una vecina suya “se llenaba de hijos” y terminaba recibiendo una casa nueva y otras ayudas públicas. “No creo que vayamos por buen camino cuando se le carga el costo de la crisis a los trabajadores y se ‘premia’ a una mujer por dejarse embarazar de cuanto marido ha tenido y a derechas ni ocuparse de sus hijos”, cuestiona.
El de la “política demográfica” fue de los pocos programas asistenciales que no perdió impulso siquiera en el momento más complicado de la pandemia. En especial, en lo relativo a la entrega de inmuebles a familias numerosas, chequeras del Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social, y artículos diversos. “En Camagüey tenemos alrededor de 1.700 madres con tres hijos o más. A todas hay que llegarles y aclararles cuándo y cómo se resolverán sus problemas de vivienda”, convocó el primer secretario del Partido en la provincia, Ariel Santana Santiesteban, durante un recorrido por una comunidad informal de la ciudad cabecera.
“Yo sí le dije a to’ el mundo que, si venían a sacarme, enseguida estaba subiendo el desalojo pa’ Facebook”, me contó una de las vecinas de la comunidad, levantada en terrenos arrancados a la maleza, a la vera del Ferrocarril Central y la fábrica de conservas “El Mambí”. Tras la convulsión del 11 de julio, que motivó a las autoridades a legalizar el asentamiento, su meta pasó a ser la obtención de un subsidio y un salario como madre cuidadora. Muchos pobladores del nuevo reparto, entre los que predominan inmigrantes de provincias orientales, aseguran merecer también diferentes tipos de ayuda.
Desde el verano, el presidente Díaz-Canel y otros altos dirigentes cubanos han hecho habituales las visitas a barrios desfavorecidos de La Habana. En todas, han convocado a escuchar a la población y atender sus necesidades. Pero la misma práctica no se ha convertido en moneda corriente para con los trabajadores estatales y privados, o las comunidades del interior de la Isla.
Si lo invitaran a uno de esos encuentros, Omar, un arrocero del municipio camagüeyano de Esmeralda, sabría qué preguntar: “¿Cómo esperan que se desarrolle la agricultura mal pagando en pesos cubanos y vendiendo la mayoría de los insumos en MLC?”, plantea. Forzado por sus contratos con la empresa arrocera local, vendió íntegramente al Estado su cosecha de la campaña de frío, pero la de primavera —reducida a causa de incremento de costos— terminó comercializándola parcialmente “por la izquierda”. “En la calle, la libra de arroz se está pagando a cuatro o cinco veces el precio del Estado. Si uno quiere cubrir sus gastos, no le queda más remedio que arriesgarse y echar mano a esa opción”. La nueva campaña de frío es todavía una incógnita para él; probablemente termine sembrando solo para el consumo de su familia, confiesa.
“El asistencialismo […] también es un problema de déficit fiscal, pues el Estado está gastando sus recursos en programas que no terminan retribuyendo el ciclo económico, ni significando un aumento de la riqueza, ni mucho menos de los procesos de producción”, alertan los cientistas sociales Juan Jacobo Ospina y Catalina Palacios Escobar en una investigación para la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Partiendo de estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que relacionan la baja productividad del trabajo con la existencia de políticas asistencialistas “excesivas”, arriban a la conclusión de que se debe “apoyar a quienes lo necesiten, pero al mismo tiempo hay que hacerlo a través de programas que capaciten, califiquen, conviertan en ‘empleables’ y ofrezcan microcréditos”.
La historia latinoamericana reciente está llena de ejemplos de proyectos políticos de diverso signo que privilegiaron el asistencialismo y terminaron perdiendo a pesar de sus esfuerzos. El caso arquetípico es el Brasil posterior a Lula, donde el Partido de los Trabajadores (PT) se convirtió en blanco de los ataques de la nueva clase media y algunos de los sectores populares que había sido privilegiados con sus ayudas. Al otro extremo de la región, en México, entre 2008 y 2018, el aumento de 86,7% en los recursos destinados a programas sociales apenas se tradujo en una reducción del 2,5% de la población bajo el límite de la pobreza.
Cuba tiene sus propias experiencias al respecto. Comenzando el siglo, la Batalla de Ideas consumió recursos considerables sin reportar un cambio fundamental en las dinámicas de desarrollo del país. A más de doce años de que Raúl Castro pusiera fin efectivo a aquella campaña de intervención social, destituyendo de manera deshonrosa a su entonces coordinador, Otto Rivero Torres, el asistencialismo parece volver a ser la marca de identidad del gobierno cubano.
Entre economía y política las prioridades están claras; no tanto los resultados.