La ministra cubana de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, aseguró que tanto el sector estatal como el privado deben acatar sin “artificios” las disposiciones que limitan los precios de numerosos productos y servicios a lo largo de la Isla.
“Ningún actor económico puede aumentar los precios”, afirmó Bolaños, quien agregó que las autoridades van a ser “rigurosas” con “aquellos que intenten, mediante artificios, evadir y violar las nuevas medidas aprobadas para evitar el incremento de los precios”.
Las declaraciones de la ministra a la prensa este lunes hacen referencia a las estrategias implementadas por varios establecimientos privados, en los que comenzaron a venderse algunos de los productos topados como la cerveza unidos –en los llamados “combos”– a otros como confituras, vianda frita y croquetas para así incrementar su precio.
Ante esta situación, Bolaños pidió a la población a que denuncie “oportunamente” el lugar y el momento en el que se comentan “abusos” con los precios. “Por ejemplo –dijo– donde se corrobore que el combo es un artificio para incrementar los precios se aplicará, con rigor, las medidas correspondientes.”
La titular también afirmó que contrario a “algunos criterios malintencionados”, el objetivo de los límites impuestos “no es frenar el desarrollo de las formas no estatales” sino “evitar el incremento de las tarifas que no se correspondan con un aumento de los costos, así como regular aquellas ya excesivas”.
Explicó que su ministerio “tiene claro” que la labor del sector privado está limitada “por la no generalización del mercado mayorista”, pero dijo que la regulacion de los precios aplicada hasta la fecha se ha hecho “sobre la base de estudios y de revisar los comportamientos, no solo de los costos y gastos, sino de la capacidad económica de los habitantes, sin desconocer la influencia del principio de oferta y demanda”.
En cuanto al sector estatal, la ministra especificó que los productos que integran la canasta familiar normada mantienen los precios “centralizados”, gracias al subsidio estatal, mientras que otros que se venden de manera liberada como el aceite, el pollo y el picadillo poseen “regímenes especiales” actualizados desde 2016.
Aseguró que “si bien hay un grupo de productos cuyos precios resultan altos para el nivel de compra de la población, la mayor parte –fundamentalmente los productos alimenticios– se comercializa solo con el costo o con un margen comercial que no rebasa el 1.30”.
Además, comentó que si “hay surtidos que sobrepasan los índices comerciales de la línea económica” es “porque existe presencia de otros que pueden sustituirlos” y resaltó la necesidad de “mantener la producción de bienes y una oferta estable” para la estabilidad de los precios.
Bolaños dijo que para controlar el cumplimiento de los límites establecidos se han creado grupos de trabajo a nivel provincial y municipal, compuestos por representantes de diferentes organismos e instituciones encargados de realizar inspecciones “con la ética y decencia suficiente” e investigar las denuncias hechas por la población, que desde el pasado 5 de julio sobrepasan las 400.
Las autoridades locales deben adoptar las medidas sobre los infractores “en un plazo no mayor de una semana”, afirmó la ministra, quien adelantó que se trabaja en una aplicación móvil “que permita hacer más expedita las quejas” y en “la creación de un sistema de información de precios que posibilite conocer en tiempo real cuáles son las tarifas establecidas para todos los bienes y servicios”.
La limitación de los precios a productos y servicios forma parte de las recientes medidas económicas implementadas por el gobierno cubano de conjunto con el incremento de salarios y pensiones con el objetivo de evitar la inflación, que han sido cuestionadas por economistas dentro y fuera de la Isla.
Recientemente, el Ministerio de Finanzas y Precios emitió una resolución publicada en la Gaceta Oficial que establece que los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y otras formas de gestión no estatal, “no pueden incrementar los actuales precios y tarifas de sus productos y servicios, con destino a las entidades estatales y a la población”.
En la propia resolución se faculta a los presidentes de los gobiernos locales para fijar los precios y tarifas máximas del sector privado –algo que ya han hecho las autoridades de varias provincias cubanas– y los responsabiliza con la creación de los mecanismos de control, supervisión y atención de quejas sobre el tema.
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Cuba atraviesa actualmente una difícil situación económica debido a su baja producción y altas cuentas por importaciones, especialmente de alimentos y combustible, lo que se une a la crisis que atraviesa Venezuela, principal aliado y proveedor de petroléo de la Isla, y las recientes medidas del gobierno estadounidense que apuntan a sectores claves como el turismo y las inversiones.