Este jueves cuarenta mujeres cubanas han hecho ejercicio de su ciudadanía al presentar una solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
La Oficina de Atención a la Población de la Asamblea recibió un documento formal firmado por ellas, donde se detalla por qué es necesaria una Ley específica sobre Violencia de Género, qué sería esa Ley y qué específicamente se pide a la Asamblea.
El artículo 2 del Reglamento de la ANPP refrenda que ese órgano “representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo” y que es el único “con potestad constituyente y legislativa en la República”, recordaron las firmantes del texto. Además, el artículo 61 de la nueva Constitución asegura que “las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas y pertinentes”. Con ese aval, la solicitud clama por una iniciativa legislativa sobre un tema considerado vital en el documento final de la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba (2012).
Durante el 2019 ha habido tres gestos político–institucionales que las firmantes aseguran que son parte del reconocimiento de la violencia de género en el país y del nuevo dimensionamiento de su alcance.
Primero, la nueva Constitución de la República incluyó, en su artículo 43, la obligatoriedad del Estado de proteger a las mujeres de la violencia de género y crear los mecanismos institucionales y legales para ello.
En segundo lugar, se dieron a conocer cifras nacionales sobre violencia de género, las cuales muestran que es un problema considerable y que las tasas nacionales son comparables con las de otras regiones del mundo.
Por último, Cuba presentó en 2019 su Primer Informe Nacional sobre la Implementación de la Agenda 2030 que incluyó el primer dato oficial público sobre femicidios en el país. De ese modo, se reconoció la existencia de esos crímenes específicos.
Lo sucedido en 2019 se suma al trabajo realizado durante tres décadas a través de instituciones oficiales, ONGs, proyectos locales y activismo ciudadano.
El documento recuerda que en 1999 la relatora especial sobre la violencia contra la mujer de la Organización de Naciones Unidas instó a aprobar una legislación especial para enfrentar la violencia en Cuba.
Hasta el momento no ha habido cambios en ese sentido dentro del cuerpo normativo. No obstante, el tema ha ganado visibilidad en los espacios públicos institucionales y no institucionales.
“Hoy contamos con suficientes análisis –globales, regionales y algunos también en Cuba– que muestran que la violencia de género no es igual a otros tipos de violencia y que requiere normas, acciones y estrategias específicas”, afirmaron las académicas, escritoras, artistas, productoras, activistas, periodistas y lideresas religiosas que firman el documento.
La solicitud a la ANPP incluye tres puntos:
- Incluir en el cronograma legislativo previsto en la disposición décimo tercera de la vigente Constitución de la República, la elaboración de una Ley Integral contra la Violencia de Género.
- Constituir un grupo asesor cuya composición sea de conocimiento público, integrado por personas con trabajo en el tema, que acompañe el proceso de redacción del proyecto de Ley. Solicitamos que en el grupo haya representación de distintas regiones del país y sectores sociales.
- Recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en el proceso de elaboración de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Con ello, el documento avanza en una forma de participación directa de la ciudadanía en el campo legislativo cubano y propone otra forma de diálogo directo con la institucionalidad en el país.
Cuba fue el primer país en firmar y el segundo en ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Pero aún no cuenta con normas específicas para luchar contra ese tipo de violencia.
La Ley propuesta en esta solicitud ciudadana daría cumplimiento a los artículos 41, 43, 44 y 86 de la Constitución, relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres, la obligación del Estado de proteger a las mujeres contra la violencia de género y de asegurar la inclusión y salvaguarda de los derechos de las personas, y proteger a niños, niñas y adolescentes contra todo tipo de violencia.
El objetivo de la Ley propuesta no es solo sancionar los delitos, “sino crear las bases para implementar un sistema integral de prevención y atención”. Además, se pide una Ley integral y transversal a todo el cuerpo normativo, que pueda “habilitar y exigir la creación de protocolos en instituciones policiales, jurídicas, centros de trabajo y estudio, espacios de militancia política, espacios culturales y medios de comunicación, frente a casos de violencia de género y para su prevención”.
De considerarse esta solicitud y elaborarse la Ley, Cuba se sumaría a los trece países latinoamericanos que tienen normas de protección integral frente a la violencia contra las mujeres; problema que, por su elevada incidencia, se ha calificado como “pandemia mundial”.
Desde 1990 en América Latina se aprueban distintos tipos de leyes sobre la materia –leyes integrales contra la violencia de género o leyes específicas sobre violencia doméstica – y se reforman otras normas nacionales para asegurar el compromiso de los Estados en la lucha contra esta forma de violencia.
Esta iniciativa podría contribuir a que la lucha contra la violencia sea ley también en Cuba. Las firmantes iniciales de la solicitud invitan a todas las personas que deseen apoyarla a enviar su nombre completo a cubaleyviolenciadegenero@