En 2012, un grupo de economistas cubanos (Omar Everleny Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez, Pavel Vidal Alejandro, Armando Nova González, Juan Triana Cordoví y el autor de este texto), publicamos un libro colectivo que titulamos Cuba. Hacia una estrategia de desarrollo para los inicios del siglo XXI. En ese libro me correspondió el último capítulo denominado “Los problemas actuales de la economía cubana y las reformas necesarias”. En siete años, poco ha cambiado en Cuba y de hecho, se ha ralentizado el crecimiento económico y se han agudizado muchos de los problemas analizados en ese texto. Por esa razón, creo conveniente abordar nuevamente el tema de las reformas necesarias, actualizando el análisis y abordando nuevos temas bajo una óptica diferente.
La ineficiencia de la centralización
La ineficiencia de la excesiva centralización puede ser constatada en la práctica en la historia económica de todos los países que adoptaron el modelo de economías centralmente dirigidas. La adopción de cifras directivas sin tomar en cuenta las condiciones del mercado ha llevado a distorsiones en los precios y, en consecuencia, en la asignación de recursos. Por otra parte, la ausencia de autonomía de las empresas para adoptar sus decisiones económicas, destruye la capacidad de emprendimiento y la iniciativa económica.
La experiencia de las reformas económicas en China y Vietnam ha demostrado la necesidad de reservar la planificación central para las condiciones macroeconómicas, de forma que pueda funcionar un mercado regulado pero no controlado por el Estado. Existe una diferencia sustancial entre regular un mercado y controlarlo. Las medidas de control suelen asfixiar la iniciativa y de hecho, terminan restringiendo su actividad, con lo cual no pueden desplegarse adecuadamente las fuerzas productivas. La regulación, en cambio, debe apuntar hacia la creación de las condiciones favorables para la actuación de un mercado en el que se minimicen sus fallos (formación de estructuras monopólicas o de competencia imperfecta, contaminación ambiental, entre otros), se estimule el crecimiento económico y se establezcan mecanismos adecuados de redistribución, a través del sistema fiscal, sin desestimular la actividad emprendedora. Ello debe conducir al abandono de las prácticas rentistas y extractivas que, en la actualidad, caracterizan al Estado cubano.
Autonomía en la empresa estatal y desarrollo de los sectores privados y cooperativos
A pesar de que los “Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021” reconocen la necesidad de perfeccionar la actividad de las empresas estatales en la línea de una “mayor autonomía, efectividad y competitividad” se ha avanzado muy poco en esa dirección. La empresa estatal debe participar del mercado, y funcionar plenamente como una empresa con la responsabilidad que eso implica en el manejo de sus finanzas y en su operación cotidiana. En ese sentido, se requiere eliminar la tutela por parte de los ministerios ramales, organizaciones superiores de dirección empresarial o de los organismos territoriales y permitir que la empresa pueda definir los salarios que paga a sus trabajadores, pueda adoptar las medidas necesarias para operar con mayor eficiencia y calidad, bien sea en la producción como en los servicios. Es imprescindible que se eliminen los monopolios empresariales y la empresa estatal se vea obligada a competir con otras empresas estatales, así como con empresas privadas y cooperativas en su esfera de actividad. Es sabido que el monopolio genera ineficiencia y conduce a que los consumidores paguen por ella con altos precios o tarifas y/o con una baja calidad del bien o servicio consumido.
En las condiciones actuales de la economía cubana, resulta imprescindible el desarrollo de los sectores privado y cooperativo. Las políticas respecto a ambos sectores ha padecido de sucesivos vaivenes que generan incertidumbre sobre el verdadero compromiso del gobierno con el fomento de ambas actividades. En los principales documentos de la política económica adoptados en los dos últimos congresos del Partido Comunista de Cuba (PCC), así como en la nueva Constitución se deja clara la opción por el predominio de la propiedad estatal sobre las otras formas, pero se reconoce la conveniencia de que la economía combine las diversas formas de propiedad. Esta es una formulación conservadora y debería replantearse porque las cortapisas que se le ponen a los sectores privado y cooperativo terminan frenando el emprendimiento y en últimas son un freno a la actividad económica y una restricción al desarrollo de las fuerzas productivas. Así las cosas, estamos frente a la realidad de que las fuerzas productivas del país no pueden desplegarse plenamente debido a consideraciones ideológicas que se ajustan más a dogmas que a la comprensión racional de las leyes objetivas de la economía.
En primer lugar, es un dogma considerar que la economía cubana es “socialista”. En Anti-Dühring, Engels escribió:
“El proletariado toma en sus manos el poder del Estado y convierte, en primer lugar, los medios de producción en propiedad del Estado. Pero con este mismo acto se destruye a sí mismo como proletariado y destruye toda diferencia y todo antagonismo de clases, y, con ello, el Estado como tal”…
y más adelante agregó:
“Cuando el Estado se convierta finalmente en representante efectivo de toda la sociedad será por sí mismo superfluo… El Estado no será abolido, se extingue”.
Así las cosas, por lo que marca la evidencia, estamos muy lejos de esas circunstancias. Al parecer, resulta utópico pensar que el estado pueda desaparecer. Está tan lejos esa posibilidad que resulta más productivo pensar en cómo el Estado puede ser realmente socialista, porque una economía socialista requiere de un Estado socialista. Un verdadero Estado socialista no puede ser otro que un Estado plenamente democrático en el que se verifique realmente que el poder corresponde al pueblo y éste tiene los mecanismos reales para ejercer ese poder. Un Estado en el que se reconoce que un Partido (cualquiera que éste sea) desempeña la función de “fuerza dirigente de la sociedad y del Estado”, y que para colmo, no es democrático en su actividad interna, está muy lejos de ser un Estado democrático. Para que la soberanía emane realmente del pueblo tienen que existir los mecanismos reales a través de los cuales emana esa soberanía y eso contradice claramente la fórmula según la cual un partido está por encima de la sociedad, que caracteriza a la actual Constitución cubana.
En segundo lugar, es un dogma considerar que la propiedad estatal es “social de todo el pueblo”· El pueblo no tiene forma de ejercer un control sobre “su propiedad”. Si el supuesto propietario no puede ejercer un control sobre su supuesta propiedad estamos en presencia de un fenómeno de enajenación típico de la “ausencia de propiedad”.
¿Cuáles son los mecanismos para que el pueblo, como propietario de los medios de producción, pueda ejercer su control sobre la gestión de los mismos? No existen esos mecanismos y mientras esta situación sea así, la propiedad estatal no será en realidad una “propiedad de todo el pueblo”. Esto implica la necesidad de crear los mecanismos democráticos que permitan a la sociedad ejercer esa función de control sobre la gestión de “su propiedad”. Así las cosas, si consideramos que el socialismo se basa en el predominio de la propiedad “social” sobre los medios de producción, en ausencia de democracia y de control social sobre la gestión de la propiedad estatal, ésta pierde su connotación de propiedad social y estamos ante la circunstancia de que el grupo dirigente toma las decisiones y no responde por su gestión de lo que, en teoría, es propiedad de “todo el pueblo”.
En tercer lugar, es un dogma considerar que la propiedad privada no puede jugar un rol positivo en el desarrollo de una economía que se oriente al socialismo. Para ello es necesario reconsiderar el concepto mismo de socialismo. Si algo ha demostrado la historia de lo que ha sido llamado “socialismo real” es que éste no se impuso en las economías capitalistas más desarrolladas, como habían previsto Marx y Engels, sino precisamente en países en los que ambos teóricos consideraban que no estaban creadas las condiciones históricas para que se diera el paso del capitalismo al socialismo.
Esta previsión se correspondía con una visión lógica, basada en cierto determinismo histórico. Pero el establecimiento de un sistema socialista en países como Rusia, China y otros, llevó a sus líderes a pretender saltarse la etapa capitalista. Es decir, pretendieron crear un sistema socialista allí donde no se había desarrollado el capitalismo y por tanto, donde no estaba completado el proceso de socialización de la producción que para Marx y Engels se producía en el capitalismo desarrollado. No obstante esto, las realidades del mundo son muy distintas hoy a las que analizaron los dos pensadores alemanes.
El capitalismo ha sobrevivido por su capacidad de adecuación a las nuevas realidades, aunque aún persisten su carácter explotador, su carácter inequitativo, su carácter depredador del medio ambiente y por tanto, insostenible. Mientras tanto, el socialismo “realmente existente” no representó, en la práctica, una alternativa viable a ese sistema. Cuando concluyó la Guerra Civil, Lenin comprendió que las relaciones sociales no pueden ser forzadas al antojo de los gobernantes partiendo de consideraciones subjetivas y el llamado “Comunismo de Guerra” fue reemplazado por la “Nueva Política Económica” (NEP). En la NEP se invitó a antiguos empresarios privados a dirigir sus antiguas empresas, se estimularon los mercados, se estimularon las relaciones mercantiles y monetarias, se reconoció el rol de los estímulos materiales en el impulso a la producción y el país comenzó a abrirse al mundo. Fue una etapa de claro mejoramiento del bienestar de la sociedad soviética. Y en ese mejoramiento del bienestar jugó un rol especial la propiedad privada, que en aquella época no llegó a abarcar a la industria pero sí a la agricultura y ciertos servicios. Sin embargo, como es sabido, la NEP no duró todo lo necesario para impulsar la prosperidad y se impuso la visión dogmática del stalinismo que condujo a una “pseudo-socialización” de los medios de producción, basada en el terror.
El socialismo no puede alcanzarse sin lograr el incremento sostenido del bienestar de la sociedad. Una economía pobre difícilmente puede ser socialista porque solo estará en condiciones de distribuir pobreza y ésa es una perspectiva que no puede conducir a un consenso social sostenible en el tiempo. Por esta razón, es necesario liberar mentalidades y adoptar las medidas que resulten necesarias para impulsar el crecimiento y el desarrollo económicos y ello pasa, necesariamente, por lo que muchas personas llamamos liberar las fuerzas productivas, tanto en el sector estatal como en el privado y el cooperativo. En las condiciones actuales de Cuba, tanto las empresas privadas como las cooperativas, así como empresas estatales con plena autonomía, tienen un inmenso potencial para contribuir al desarrollo del país y un Estado realmente democrático puede ser el garante de una mayor justicia social.
Despliegue de los mercados
El control que ejerce el gobierno cubano sobre el funcionamiento de los mercados impide que estos cumplan la función de asignar los factores productivos, de forma, eficiente, a través del sistema de precios. En consecuencia, a lo largo de seis décadas se han acumulado una serie de distorsiones en el sistema de precios que han afectado ese proceso de asignación.
Las distorsiones de precios en Cuba son el resultado de una combinación de varios factores:
1) la imposición de precios por parte del Estado sin considerar las condiciones de la oferta y la demanda,
2) la persistencia de un mercado de bienes racionados a precios subsidiados y
3) las distorsiones en los costos de producción, debidas a la inconvertibilidad real del peso cubano y a la sobrevaloración nominal de su tipo de cambio. Todo esto ha motivado una desconexión de la economía cubana respecto a la economía mundial por la inexistencia de referentes para los precios relativos.
En consecuencia, hasta los años 90’s, tanto precios como salarios estaban divorciados de las condiciones del mercado mundial. La desaparición de la URSS y del sistema socialista mundial produjo un choque violento para la economía cubana, que quedó expuesta a una reinserción en los mercados mundiales en condiciones muy difíciles. Se generalizó la escasez de bienes y servicios en el mercado doméstico, se disparó la devaluación del peso cubano en los mercados subterráneos sin que se produjera un ajuste en su tipo de cambio ya sobrevalorado y comenzó a aparecer un mercado de bienes y servicios a precios dolarizados mientras los ingresos de los trabajadores se mantenían fijos, provocando una gravísima crisis, sufrida por todas las familias residentes en el país. En términos generales, este divorcio entre los ingresos recibidos por los trabajadores del sector estatal y por los jubilados y el costo de la vida ha sido una situación persistente en las últimas tres décadas, que no ha podido ser corregida por los sucesivos aumentos salariales decretados, porque siguen estando considerablemente rezagados frente al costo real de la vida.
Este ajuste imprescindible solo puede realizarse a través del mercado y ello significaría desplegar tanto los mercados de bienes y servicios como de factores productivos y esto abarca el mercado laboral y el hasta ahora inexistente mercado de capitales. Para que esto ocurra, es necesario ponerle fin a las restricciones actuales que limitan la creación de empresas privadas y cooperativas, así como crear un marco regulatorio que garantice las condiciones para que se establezca una sana competencia y se cree un clima adecuado para el emprendimiento.
a) Despliegue de los mercados de bienes y servicios
Los mercados de bienes y de servicios mantienen considerables rigideces. Aun subsiste el sistema de distribución normada de productos que se estableció en los años 60’s para asegurar una distribución igualitaria que, si bien protegió el consumo de las personas de menores ingresos, ha generado también una serie de ineficiencias distributivas. En la actualidad, la canasta de bienes que se distribuye a través de la Libreta de Racionamiento no asegura un mínimo de subsistencia a los cubanos. Recientemente, se han incorporado una serie de productos de distribución normada y otros bajo la categoría de “liberados controlados” que es otra forma de restricción cuantitativa a un precio algo más alto que el de los productos “normados”.
Parecería mucho más eficiente subsidiar personas que bienes porque a los bienes subsidiados tienen acceso todos, incluso los que no lo necesitan. Ahora bien, si en una economía predomina la escasez de bienes, incluso los de primera necesidad, para el consumo de la población, la política económica debería estar orientada a estimular el crecimiento de la producción y desmontar todo lo que se oponga a ello.
Existen grandes reservas potenciales en los sectores privado y cooperativo para el desarrollo de producciones de bienes y servicios necesarios a la población. Seis décadas de una economía casi totalmente estatizada son una clara demostración de la incapacidad del Estado para asegurar la oferta de bienes y de servicios que requiere la población para la satisfacción de sus necesidades, por lo que no se está cumpliendo lo que teóricamente se ha considerado como la ley económica fundamental del socialismo que sería la satisfacción creciente de las necesidades sociales.
Existe un fuerte consenso acerca de la necesidad del establecimiento de mercados mayoristas a los que concurran quienes ofrecen productos en los mercados minoristas. Ello contribuiría, en primer lugar, a la disponibilidad de materias primas y bienes intermedios que se utilizarían en la fabricación de bienes finales, así como a la reducción de precios de muchos bienes que, sin transformación, se ofrecen en los establecimientos gastronómicos.
Hasta ahora, el Estado cubano ha mantenido su monopolio sobre el comercio minorista en el cual no existe ni el surtido necesario ni la disponibilidad suficiente de los mismos, especialmente aquellos que deben ser importados pero en el que se mantienen precios que no guardan relación alguna con el poder adquisitivo de la población por la vía del trabajo. La escasez de divisas del Estado afecta las posibilidades de asegurar el surtido de bienes de consumo importados si el Estado es el único que puede operar en el comercio minorista, mientras que el desestímulo a la producción y las dificultades de materias primas constituyen factores que limitan las posibilidades de sustituir importaciones con producción nacional.
Si se permite la apertura de establecimientos de comercio minorista de carácter privado y cooperativo serán sus dueños privados o colectivos quienes se ocuparán de asegurar los surtidos y ésa será su prioridad y el éxito o fracaso de su negocio asegurará su sobrevivencia como empresas. Nada de esto sucede cuando el Estado monopoliza la distribución minorista.
El desarrollo de los mercados de bienes y servicios contribuiría al establecimiento de precios de mercado que darían las señales necesarias para el proceso de asignación de recursos. Los precios formados en el mercado tendrían en cuenta los costos de producción y la correlación entre la oferta y la demanda y, al mismo tiempo, ofrecerían una guía a los productores acerca de qué, cuánto, cómo y con qué calidad producir.
b) Despliegue del mercado laboral
Aunque el empleo estatal ha venido decayendo en términos absolutos en los últimos años, de 3,460 millones de trabajadores en 2015 a 3,067 millones en 2018 (ONEI, 2019), aun constituye un 68,4% de la fuerza laboral empleada. Estos trabajadores se ubican en el llamado sector presupuestado y en el sector empresarial del Estado o de empresas mixtas con participación del Estado porque reciben sus salarios a través de una empresa perteneciente al Estado. Por otra parte, en el período mencionado, el total de ocupados en la economía ha descendido un 5%. El total de beneficiarios de la seguridad social y de la asistencia social en la actualidad es de 1,670 millones de personas para los pensionados y de 181.355 beneficiarios de la asistencia social, lo cual representa, en conjunto, un 41,3% del total de empleados en la economía nacional. Esto es, por sí solo, muy grave, puesto que por cada pensionado o beneficiario de la asistencia social existen casi dos trabajadores en activo. Esta situación es aun más grave si consideramos que el nivel de ingresos de los trabajadores y, en mucha mayor medida, el de los pensionados, no asegura la satisfacción de las necesidades económicas fundamentales. Esta realidad persiste aun en el caso de los recientes aumentos de salarios que beneficiaron al sector presupuestado.
A pesar de que se ha producido un cierto traspaso de trabajadores estatales a las llamadas “formas no estatales” de empleo, es sabido que en el sector estatal existe un sobre-empleo, es decir, existen más personas empleadas de las que realmente se necesitan si se aplicaran criterios de racionalidad económica. Si se realizara un ajuste profundo que eliminara toda una serie de actividades innecesarias que abultan la burocracia estatal, muchos de esos trabajadores quedarían sin empleo y existiría un gravísimo problema social.
Sin embargo, si se eliminaran las inmensas restricciones que actualmente existen para el empleo por cuenta propia, para la formación de cooperativas y sobre todo para la formación de empresas privadas, podría formarse un sector privado y cooperativo emergente en la producción de bienes y servicios que podría absorber una parte considerable de esa fuerza de trabajo que en la actualidad está empleada por el Estado con salarios que no permiten cubrir necesidades básicas. De esta forma, los recursos que en la actualidad se destinan a pagar sus salarios podrían mejorar los de quienes quedarían trabajando en un sector estatal “racionalizado”, con un tamaño adecuado a las necesidades reales de una economía pequeña.
El mercado laboral cubano está limitado por excesivas rigideces, entre las que habría que destacar: a) las que impiden la autonomía de las empresas estatales en el establecimiento de los salarios de sus trabajadores porque éstos son fijados centralmente por el Estado; b) las que impiden el establecimiento de empresas privadas y cooperativas que le darían mayor flexibilidad al mercado laboral y c) las que establecen el monopolio del Estado en la contratación de trabajadores para empresas mixtas o extranjeras, a través de una empresa que cobra a la empresa extranjera un valor muy superior al que luego paga a los trabajadores por el uso de la fuerza de trabajo.
El despliegue del mercado laboral implicaría eliminar estas rigideces que están impidiendo que el mercado juegue un rol determinante en la formación de los precios relativos, tanto de bienes y servicios como de la fuerza de trabajo, de forma que se que facilite la conexión de la economía doméstica con la economía internacional.
c) Creación de un mercado de capitales
Uno de los problemas principales de la economía cubana es la baja tasa de ahorro doméstico que se traduce en una muy baja tasa de inversión. La inversión bruta fija, entre 2014 y 2018 ha sido, como promedio de un 14,9% del PIB (1), lo cual es considerablemente insuficiente si se toma en cuenta que las economías que mayor dinamismo muestran en el mundo y que han progresado significativamente en su proceso de desarrollo alcanzan cifras superiores al 30% y, en algunos casos, llegan a cerca del 50%. Para elevar la tasa de inversión y no hacerlo a costa de la reducción la tasa de consumo, es necesario atraer capital procedente del resto del mundo, es decir, fomentar la inversión extranjera directa (IED).
A pesar de que Cuba ha promulgado dos leyes de IED (Ley 77 de 1995 y Ley 118 de 2014) otorgando facilidades tributarias para la atracción de capital extranjero, éste no ha fluido a la isla en la magnitud que se requiere para el desarrollo económico. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI) hace muchos años que no publica la Cuenta de Capital y Financiera de la Balanza de Pagos en el Anuario Estadístico, además de que la Cuenta Corriente la informa con dos años de retraso. Sin embargo, considerando la información que ofrece la base de datos fDi Markets de Financial Times, entre 2014 y 2018, la IED anunciada acumulada ha sido de solo 2.458,4 millones de dólares (2), lo cual es inferior a lo que el gobierno cubano estimaba necesario recibir anualmente (2.500 millones de USD) y casi la mitad de ese valor se dirigió al sector hotelero. Sin embargo, tanto la agricultura como la industria manufacturera y diversos sectores de servicios requieren de IED para mejorar su productividad y competitividad.
La IED en Cuba enfrenta diversos obstáculos, tanto externos como internos. El principal obstáculo externo lo constituye la actividad hostil del gobierno norteamericano, expresada en las sanciones económicas, las cuales han sido endurecidas por el actual gobierno de Donald Trump y que ciertamente tiene un impacto en desestimular el interés de potenciales inversionistas en el país. Más allá de las sucesivas votaciones en la ONU para denunciar estas sanciones como ilegales, poco es lo que puede hacerse porque dependen de la voluntad política del gobierno estadounidense. Sin embargo, los obstáculos internos sí podrían y deberían ser removidos.
Entre los obstáculos internos podrían mencionarse los siguientes:
a) el gobierno cubano tiene un mecanismo altamente discrecional para la aprobación de proyectos de IED, el cual, a su vez es lento en el proceso de aprobación,
b) los inversionistas deben convertir sus capitales a pesos convertibles (CUC), los cuales no son convertibles plenamente, porque las utilidades solo se pueden remitir en divisas duras después de obtenerse un certificado de liquidez (CL),
c) el mercado doméstico no es suficientemente atractivo para los inversionistas, debido al bajo nivel de ingreso disponible de la población y a las restricciones persistentes por el excesivo control del Estado sobre el mismo,
d) aunque la Ley 118 no prohíbe expresamente la inversión de capitales de cubanos residentes en el exterior (algo que tanto China como Vietnam permitieron desde los primeros años de sus reformas respectivas), en la práctica no se ha aprobado ningún proyecto presentado por cubanos residentes fuera de Cuba, a pesar de que podrían constituir un considerable potencial de transferencia de ahorro externo hacia la isla, y
e) la política económica de Cuba no se caracteriza por la creación de un clima estable y atractivo para el desarrollo de los negocios, debido a sus sistemáticos vaivenes, muchas veces relacionados con coyunturas no necesariamente económicas.
A pesar de que no existen evidencias estadísticas, es sabido que una parte considerable de las remesas recibidas por familias cubanas se han dirigido al establecimiento de actividades económicas por cuenta propia. En muchos casos, los receptores de estas remesas con destino a la inversión gerencian negocios cuyos propietarios reales son los familiares residentes en el exterior, lo cual no resulta ni transparente ni adecuado desde el punto de vista legal, pero es el resultado de la opacidad y la falta de transparencia que caracteriza a la legislación del trabajo por cuenta propia y a las restricciones de facto que definen el proceso de autorización gubernamental de la IED.
En las condiciones actuales, resulta muy difícil que con los niveles actuales de ingreso disponible de la mayor parte de los trabajadores cubanos se pueda incrementar el ahorro bruto interno que pueda ser canalizado a la inversión. Los cubanos residentes en la isla que están en condiciones económicas de invertir son quienes pueden realizar trabajos en el exterior por los que reciben ingresos en divisas duras o convertibles en ellas, quienes desarrollan actividades económicas privadas (campesinos, artistas, hosteleros, dueños de restaurantes, etc.) y cobran tarifas de mercado, o quienes reciben remesas del exterior. Sin embargo, la experiencia de Vietnam, a través del proceso de “equitización”, mostró que es posible atraer capital para la financiación de empresas estatales colocándolas en el mercado de capitales y haciendo a sus trabajadores co-propietarios de una parte de dichas empresas mediante la entrega a ellos de una parte de las acciones de las mismas.
Para ello, es necesario crear las condiciones para el funcionamiento de un mercado de capitales que funcione de forma transparente y con los niveles de regulación que caracterizan a los mercados de valores contemporáneos. La experiencia de la creación de los mercados de capitales en China y en Vietnam, debería ser tomada en cuenta a la hora de considerar la creación de un mercado de capitales en Cuba.
Creación de un clima institucional adecuado para el desarrollo de los negocios
La prosperidad de una nación depende de la prosperidad de su economía. No es posible construir una sociedad próspera si no se logra el desarrollo económico y éste depende del crecimiento. Crecimiento y desarrollo no constituyen una identidad, pero el desarrollo requiere del crecimiento como una condición necesaria, aunque no suficiente. Para lograr un crecimiento económico sostenido que conduzca al desarrollo económico y social resulta imprescindible crear un clima institucional adecuado.
Ese clima institucional requiere, en primer lugar de la creación de un Estado Social de Derecho. El imperio de la ley debe ser la norma a partir de la cual se conforme toda la actividad económica y social, y por supuesto, también política.
Como afirma Rodrik (2007: 222-223), los países que muestran un desarrollo económico exitoso son aquellos que han logrado establecer un “… sistema de derechos de propiedad claramente definidos, un aparato regulatorio que ponga freno a las peores formas de fraude, la conducta anti-competitiva y el riesgo moral; una sociedad moderadamente cohesiva que muestre rasgos de confianza y cooperación social; instituciones políticas y sociales que mitiguen el riesgo y manejen los conflictos sociales; un Estado de derecho y un gobierno limpio…” Como afirmé en 2012 cuando escribí aquel capítulo, Cuba no cumple con todos los elementos anteriormente descritos.
El excesivo control del Estado se asienta en un sistema de monopolios que genera ineficiencias y limita el ambiente competitivo. Los derechos de propiedad no están debidamente garantizados en el marco legislativo del país, ni siquiera en la nueva Constitución en la que se habla de la propiedad privada resulta una forma “complementaria” a la llamada “propiedad de todo el pueblo”. El marco regulatorio se caracteriza por permitir lo que puede hacerse y no por permitir todo lo que no se prohíbe y se caracteriza por vacíos jurídicos que permiten intervenciones oportunistas por parte del Estado.
Lamentablemente, la Constitución de 2019 quedó en deuda con las transformaciones institucionales necesarias para crear un clima necesario para el desarrollo de los negocios, por lo que para que ello se logre, debería sufrir modificaciones sustanciales.
Se requieren instituciones judiciales y arbitrales que no dependan del sistema de Partido-Estado aun vigente sino que resulten realmente independientes para que generen la confianza necesaria en los actores económicos. Ello generaría la transparencia necesaria en los litigios que se presenten entre actores económicos y el Estado o sus instituciones y entre los actores económicos entre sí.
Por otra parte, Cuba requiere de un nuevo cuerpo de leyes que establezcan las reglas claras y transparentes que requieren los mercados para funcionar adecuadamente, incluso en condiciones de una regulación estatal necesaria. Entre las más importantes, podrían mencionarse las siguientes:
a) adopción de una Ley de Empresa que regule el establecimiento, gestión y organización de los diversos tipos de empresas, reconociendo a todas las formas de propiedad los mismos derechos y deberes;
b) un nuevo Código de Comercio que debería crear las condiciones para la aparición de nuevas sociedades mercantiles y regular las condiciones en las que se dirimen las diferencias entre las empresas y entre éstas y el Estado;
c) un nuevo Código del Trabajo que debería reconocer los derechos y deberes internacionalmente reconocidos de los trabajadores, de los empleadores y de las formas de asociación libre de ambos grupos sociales para defender sus intereses, y que debería liberalizar el mercado laboral, el establecimiento libre y con criterios de mercado de los niveles salariales, a partir de un salario mínimo para las actividades de menor complejidad, y asegurar las condiciones para una contratación directa de los trabajadores y los empleadores, cualquiera que sea la forma de propiedad;
d) una nueva Ley del Sistema Tributario progresivo que establezca los mecanismos para la ampliación de la base contributiva en la sociedad, no para sostener una abultada burocracia, sino para asegurar las condiciones de sostenimiento de una política social expansiva;
e) una nueva Ley de la Moneda, que debería establecer los mecanismos que definan un sistema monetario y cambiario unificado, que permita la utilización de una moneda que realmente cumpla con las funciones del dinero y que sirva para cualquier transacción económica dentro del territorio nacional; y,
f) una nueva Ley de la Vivienda, que permita la creación de un mercado inmobiliario transparente gestionado por entidades especializadas que faciliten los procesos de compra-venta y arriendo, estableciendo los derechos y deberes tanto de propietarios como de arrendatarios.
A manera de resumen
La economía y la sociedad cubanas se encuentran en una etapa en la que se impone la necesidad de afrontar cambios estructurales. La dirección política cubana ha definido los cambios que hasta ahora han realizado y aquellos que están incluidos en los “Lineamientos” y en la “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista” como un proceso orientado a una mayor eficiencia productiva. Sin embargo, las medidas adoptadas en este contexto han sufrido los vaivenes determinados por diversas coyunturas de conflictos en los niveles de decisión de la política económica, así como de la relación entre Cuba y Estados Unidos.
Más que una cuestión semántica se trata del alcance de las medidas que se adopten. Estas ideas no pretenden agotar el análisis sino hacer parte de un debate académico y político serio, desprejuiciado y libre, que conduzca a propiciar el desarrollo económico y social, el mejoramiento del nivel de vida de la población y la modernización del país. Para ello es necesario romper dogmas ideológicos, abrir paso a una nueva mentalidad que permita abordar, con creatividad, las medidas necesarias para estos tiempos, con el objetivo de crear las condiciones para el mejoramiento del bienestar de la sociedad.
Notas:
(1) Cálculos del autor con base a ONEI (2019) Anuario Estadístico 2018, Edición 2019. http://www.one.cu
(2) Cálculos basados en fDi Markets (2019)
Referencias:
Engels, Friedrich (1878, revisada y completada 1894) Anti-Dühring. Editorial Pueblo y Educación, Instituto Cubano del Libro, Edición de 1975.
Financial Times (2019) fDi Markets Database.
Rodrik, Dani (2007) Una economía, muchas recetas. La globalización, las instituciones y el crecimiento económico. Fondo de Cultura Económica, México.
ONE (2019) Anuario Estadístico de Cuba 2018, Edición 2019. http://www.one.cu