“Aunque [la corrupción] no pone en riesgo [la] gobernalidad” de Cuba, tiene consecuencias no solo económicas sino también constituye una “potencial amenaza a la seguridad nacional”.
Así afirma un extenso artículo publicado en Bohemia y reproducido por Cubadebate y bajo la firma del ex director de Granma y hoy redactor Lázaro Barredo.
Se refiere a las tendencias que va teniendo en Cuba la corrupción empresarial y administrativa, un tema poco usual en la prensa oficial cubana.
Según Barredo, “en la degeneración de los valores éticos, morales y políticos, sus comisores terminan por enajenarse del proceso revolucionario, llegando incluso a preparar condiciones de vínculos en el exterior y a iniciar el camino de traición a la patria”.
De tal forma, la corrupción empresarial y administrativa es identificada en el texto con la “oposición contrarrevolucionaria” pues “ataca la efectividad deseada en el sostenimiento del orden, la disciplina y la institucionalidad del país”.
El reporte que al parecer tiene como fuentes fundamentales a Pedro Pablo Cutiño Diéguez, fiscal-Jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades en la Fiscalía General de la República y con Alina Montesinos Lee, fiscal-jefa de la Dirección de Información y Análisis de la misma entidad, critica que tanto la población como los actores económicos no tienen “percepción del riesgo que representan para la nación, convivan con ellos y no actúen con la repulsa necesaria.”
El periodista comienza por hacer un llamado a la participación ciudadana para ejercer una “una presión efectiva contra las acciones corruptas”.
Lázaro Barredo afirma que la verdadera fuente de las causas y condiciones que posibilitan el desvío de recursos, los sobornos y abusos de cargos en Cuba es el “incumplimiento intencional o negligente de la función de control por las personas responsabilizadas en los diferentes niveles”.
La corrupción y el trabajo por cuenta propia
También afirma que “esencialmente las nuevas formas de gestión no estatal de la propiedad, han generado presión sobre las entidades y sus directivos por la demanda de recursos y servicios” lo que unido a la falta de mercados mayoristas, la insatisfacción de necesidades esenciales, el aumento de precios, la disminución del poder adquisitivo del salario, provocan “la permisibilidad y aceptación de estos hechos”, traducidos en la “lucha”.
Los principales delitos de corrupción económica, dice, se relacionan con la producción, distribución, comercialización y venta de alimentos y otros productos de alta demanda popular.
No obstante, afirma, han surgido “novedosas formas de actuar antijurídicas mediante defraudaciones, evasiones fiscales, lavado de activos, falsificaciones, obtención de ilícitos provechos durante las transacciones comerciales o en el ejercicio de la administración de bienes, entre otras, con negativo impacto en la economía estatal, donde aparecen vinculados por su complicidad funcionarios y empleados estatales.”
Según el periodista la Fiscalía General de la República ha señalado que estos casos de corrupción tienen un “creciente vínculo con el exterior”, con el empleo de las nuevas tecnologías y “disponibilidad financiera de algunos delincuentes, incluidos emigrados, repatriados y extranjeros, varios de ellos vinculados a las formas de gestión no estatal, con un marcado carácter corruptor hacia directivos y funcionarios de entidades estatales.”
Entre los sectores más perjudicados señala:
⇒Los órganos locales del Poder Popular
⇒Comercio y Gastronomía
⇒Agricultura
⇒Transporte
⇒Industria Alimentaria
⇒Sistema de Vivienda y Planificación Física
⇒Empresas nacionales importadoras y de comercio exterior
⇒Sucursales extranjeras en el país.
Los directivos, ¿por excepción?
El artículo reconoce que en estos delitos generalmente están involucrados directores, subdirectores económicos y productivos, jefes de unidades empresariales de base, jefes de departamentos jurídicos y especialistas.
Otro “matiz nuevo”, dice, es que “debutan empleados, choferes u otros no vinculados laboralmente como organizadores de los hechos, valiéndose del poder financiero que poseen”.
Lázaro Barredo afirma que “por excepción, se han detectado casos de directivos en organismos y lo más lamentable es que casi todos se venden por bagatelas para beneficiar a los corruptores.”
Según la Contraloría General de la República informó al periodista que las condiciones propicias para este tipo de corrupción son:
⇒las irregularidades en la planificación económica
⇒las irregularidades en la ejecución y liquidación del presupuesto
⇒la insuficiente definición e incumplimiento de los mecanismos reguladores generales de la economía.
El periodista recordó que a en su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, se reiteró que todavía hay poca respuesta de los organismos, las empresas y el resto de la administración en la detección de los hechos, lo que implica que las acciones de control externo realizadas por las entidades especializadas del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República se realizan cuando ya se produjo el hecho y se generó la afectación al patrimonio estatal.
¿Cuáles son los principales delitos?
Los principales actos de corrupción identificados por la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular son:
1) las falsedades documentarias para justificar el desvío de productos y bienes durante su posterior comercialización en mercados estatales, tiendas y el mercado ilegal;
2) adulteración de documentos para legalizar la adjudicación de inmuebles o terrenos, a cambio de efectivo u otros beneficios personales;
3) realización por cajeros de operaciones cambiarias a través de Cadeca, sin registrarlas contablemente por efectuarlas con efectivo particular;
4) pagos a trabajadores por cuenta propia por resultados de trabajo que no son reales;
5) aceptación de beneficios otorgados por directivos de firmas foráneas durante el proceso de negociación y concertación de contratos, consistentes principalmente en la aceptación de comisiones, pagos de viajes al extranjero, cenas, regalos, entre otros;
6) cobro ilegal de servicios médicos;
7) obtención de beneficios para retardar o incumplir la ejecución de sentencias de los tribunales y
8) organizar y mantener negocios ilegales particulares paralelos a la actividad comercial de entidades cubanas en el exterior.
Los delitos que se comenten en actos de corrupción son los siguientes:
1) malversación;
2) cohecho;
3) tráfico de influencias;
4) evasión fiscal;
5) prevaricación;
6) lavado de activos;
7) acto en perjuicio de la actividad económica o la contratación;
8) estafa;
9) negociaciones ilícitas;
10) revelación de secretos administrativos de la producción o los servicios;
11) abuso en el ejercicio de cargo o empleo en entidad económica;
12) revelación de pruebas para la evaluación docente;
13) abuso de autoridad;
14) ocultación u omisión de datos;
15) apropiación indebida y
16) enriquecimiento ilícito.
El periodista se refiere a la necesidad de acelerar el proceso de una ley anticorrupción en Cuba.
No brinda la cifra exacta pero afirma que durante 2016 y 2017 se han tramitado varias decenas de procesos penales por hechos de corrupción y los principales responsables fueron sancionados con severas penas de privación de libertad.
También el reporte informa que entre finales del año 2015 y el 2017 se llevaron a cabo 23 procedimientos confiscatorios al amparo del Decreto-Ley 149 de 1994 por un patrimonio total de 135 millones de pesos, en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba.
De ellos se abrieron expedientes a 25 personas, de ellas varios funcionarios, y otras 126 como terceros beneficiados en calidad de “testaferros”.
Entre las principales ilegalidades en estos casos estuvieron:
⇒la falsificación de documentos notariales para evadir las obligaciones tributarias (fundamentalmente en la adquisición de vehículos y viviendas);
⇒la sustracción de electricidad para negocios particulares;
⇒el otorgamiento de dádivas a inspectores y otros funcionarios públicos.
En el año 2016, afirma, se recibieron 196 denuncias de corrupción en la Fiscalía General de la República.
Algunos casos (en síntesis)
El artículo inserta la descripción de casos juzgados y sancionados con sentencias firmes, publicados en boletines en el portal web del Tribunal Supremo Popular.
Nueve funcionarios de Etecsa, la empresa constructora integral de Guantánamo y un intermediario de una “entidad foránea” por los delitos de actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas, malversación y actividades económicas ilícitas. Se le impusieron sanciones de privación de libertad entre nueve y cuatro años, y un caso con un año de privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento. A todos se les aplicaron, además, las medidas accesorias del caso. En el proceso quedó probado que el director de la Dirección Territorial Este y jefe de logística, respectivamente, en una dependencia Etecsa, conocían que el contrato no debía hacerse porque contenía cláusulas ambiguas sobre las funciones que cada entidad tenía que cumplir. Definía al ejecutor del contrato (la unidad empresarial de base Brigada No. 1, perteneciente a la Empresa Constructora Integral de Guantánamo) como suministrador de materiales, cuando, en realidad, sabían que era la entidad extranjera Jaba-Balear S.L, la que cumplía ese papel.
Esta entidad extranjera no tenía inscripción en la Cámara de Comercio ni constaba referencia alguna en los archivos del Ministerio de Comercio Exterior para su operación en el territorio nacional, y esa falta, que era de conocimiento de todos los firmantes, invalidaba su participación en el contrato.
Dos funcionarios de la Aduana en La Habana fueron sancionados con privación de libertad de ocho y seis años, respectivamente, por el delito de cohecho. Actuando en común acuerdo, solicitaban dinero para dejar pasar los artículos de determinados viajeros en el local de revisión, evadiendo las cámaras de vigilancia, y requerían que los billetes los depositaran dentro de los pasaportes.
En Mayabeque un grupo de personas desarrollaron una secuencia de actos para simular una producción agrícola ficticia y apoderarse de una cantidad significativa de dinero. Elaboraron documentos falsos para conseguir el desembolso de capital en cada operación. Fueron sancionados seis funcionarios y empleados con privación de libertad de entre 15 y cinco años. Un técnico de control de la calidad de una empresa fue designado para realizar compras de ajo y se convirtió en el eje central de las actividades delictivas que tuvieron lugar: tuvo la idea, nucleó a los participantes, y buscó los mecanismos para organizar un negocio fructífero para todos los implicados. Un implicado comprometió al jefe de balance de la Unidad Empresarial de Base para que, de común acuerdo con los demás acusados, participara en el defalco. Otro tanto hizo con el jefe de establecimiento de Batabanó, quien tramitaba las facturas del ajo no producido, compraba, balanceaba y firmaba las compras ficticias con la complicidad activa de otros operadores o controladores, quienes a su vez falsificaban los informes de recepción para originar los reembolsos financieros.
Una funcionaria de la dirección municipal de la Vivienda en Artemisa fue acusada de los delitos de cohecho, estafa y falsificación de documentos, y se le impuso la sanción de 10 años de privación de libertad. La funcionaria exigía dádivas para realizar actos inherentes a sus funciones de entrevistar y tomar declaraciones, medir linderos e investigar trámites y litigios, así como elaborar informes conclusivos de lo investigado. Toda esa labor es la base de los proyectos de resoluciones y decisiones que se adoptan en la dirección municipal de la Vivienda. En el proceso quedó demostrado que en ese ilícito penal la funcionaria exigía remuneración en su beneficio y luego, en los trámites y documentos, “legalizaba” las ilegalidades cometidas por determinados ciudadanos.
Dos responsables de una entidad en Santiago de Cuba fueron sancionadas por los delitos de malversación y falsificación de documentos bancarios y de comercio, y privadas de libertad con 12 y ocho años, respectivamente, con las medidas accesorias del caso, tras la ejecución de actos ilícitos para lucrar con la apropiación de determinadas sumas de dinero. Ellas se valieron de sus funciones y contenido de trabajo para falsificar las nóminas de su centro laboral a la hora de efectuar el pago del dinero extraído de la agencia bancaria por concepto de salarios y vacaciones de los trabajadores. En este caso, se trataba de salarios de médicos dejados de devengar.
Doce ciudadanos, funcionarios y empleados bancarios fueron sancionados por el Tribunal Provincial Popular de La Habana por los delitos de cohecho, falsificación de documentos bancarios y de comercio, malversación, actividades económicas ilícitas. Las penas de privación de libertad oscilaron entre 15 y dos años, con las accesorias del caso. El procesado principal ideó el complejo fenómeno delictivo y logró la participación conjunta de individuos con determinados niveles de organización y distribución de tareas, lo cual clasifica dentro de las formas modernas de asociación criminal organizada. En esta causa dos ciudadanos vinculados a una firma extranjera fueron autores del delito de cohecho cuando entregaban sumas de dinero y otros beneficios materiales a funcionarios y empleados del Banco Internacional de Comercio S.A. para que les facilitaran sus gestiones. Esto les aseguraba un trato privilegiado, la agilización de la información y gestión en las operaciones financieras y comerciales que desarrollaban.