En 2005, la mirada telescópica de Fidel Castro dejó pasmado a muchos. Los estadounidenses, la némesis de la Revolución, no eran aptos para destruirla, pero otro formidable enemigo, surgido del vientre del sistema, poseía la capacidad de implosionarlo: la corrupción.
Aunque fuera sopesado por algunos y sospechado por muchos, las revelaciones hechas por un visionario para las crisis como Fidel llevaban los cuños de una profecía.
A trece años de aquel discurso en la Universidad de La Habana y en marcha el primer cambio generacional de gobierno en casi seis décadas, el fenómeno de la corrupción se percibe en las calles como un mal endémico.
“Eso no se acabará nunca”, es la frase que la resignación pone en la boca de la mayoría.
De acuerdo con la paralaje de los expertos, el asunto levanta discusiones que se alejan entre sí.
Hay quienes piden una mayor racionalidad en los marcos regulatorios; otros una ley orgánica anticorrupción que se alimente del combate social; y los hay que decretan la disfuncionalidad del sistema para afrontar el flagelo, visto por el politólogo Rafael Hernández como un desmán que estaría codificando las bendiciones absolutorias de una cultura masificada en torno a tales prácticas. En lengua franca, se trataría de legitimar el todo vale.
A fin de cada mes, Hernández se pone al volante de Último jueves, el vehículo de análisis y debate de la revista Temas, que él dirige.
Por años, a través de ese espacio con entrada libre y audiencias vehementes (grupos complicados, los llama Hernández, no sin irónica indulgencia), la publicación ha mantenido una agenda sobre peliagudas prioridades y problemáticas domésticas, cuyo abordaje queda equidistante o disputa los relatos oficiales, cuando los hay, sobre zonas de conflictividad en el socialismo cubano.
Conceptos y contextos
“Quizás hay un sobredimensionamiento del fenómeno. No toda apropiación ilegítimamente de algo es una conducta corrupta o corruptora”, aclara Narciso Cobo, colocando un ejemplo cotidiano: el dependiente que no entrega el vuelto o alega no disponer de cambio.
“Tiene que haber presencia de una autoridad” para calificar un acto de corrupto, condiciona el jurista y profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
El derecho penal, se dice en una de las enciclopedias jurídicas online, entiende la corrupción como una conducta penalmente incriminada por la cual se solicitan, se aceptan o se reciben ofertas, promesas, dádivas o presentes, a fin de realizar o abstenerse de un acto, o de obtener favores o ventajas particulares.
Tan corrupta es la autoridad pública que sucumbe a la seducción, como el seductor que la propone. Según los leguleyos, en realidad ha venido confundiéndose la corrupción con el soborno o el cohecho. En el presente, sin embargo, corrupción equivale a destruir los sentimientos morales de las personas.
De algún modo, así lo concibe uno de los asistentes a la discusión de UJ, Alejandro Benítez, al citar al doctor Cobo. “El profesor decía que no es corrupción aquel que no da un vuelto o el que roba en una carnicería, porque no son personas que en ese momento ejercen alguna autoridad; pero el problema es que los funcionarios de hoy que ejercen determinada autoridad, parten de una sociedad donde han visto leyes, parecería, para ser violadas y donde el respeto a la ley o es muy difícil o prácticamente se ha perdido”.
A principios de los 90, Carlos Varela tocaba el asunto en “Todos se roban”. Es una canción descarnada que describe el fenómeno en una sociedad moralmente abatida por las penurias y atravesada por la impunidad, en la que no hay inocentes, y lo peor consiste en que hasta “te roban las ganas de amor”.
Un millonario ejemplar
Si bien la crisis sobrevenida con el colapso del socialismo real en Europa del Este viralizó la corrupción a casi todos los niveles, el problema ya archivaba expedientes penales desde fines de los 70 y a través de los 80, con el gradual parasitismo en sectores de una burocracia perezosa y ladina que comenzaba a medrar del bien público.
De más de un centenar de operativos policiales a principios de los 80, el periodista Lázaro Barrero recuerda, entre ellos, el más sonado de todos: el caso del Millonario.
Llamado así en clave periodística, ese dirigente administrativo llegó “a crear una comunidad criminal que involucró a varios miles de directores municipales de gastronomía y comercio de la capital, directores de unidades administrativas, trabajadores y empresas como Camiones de La Habana, que extraía las mercancías del puerto y que entre 1980 y 1982 malversó 19 millones de pesos”, detalló Barredo.
El Millonario hasta recibió certificados de ejemplaridad a resultas de inspecciones. “Me visitaban de la provincia, del Partido y nunca me podían coger nada porque todo lo hacían superficialmente… Cuando haya controles nadie se atreve a hacer el noventa por ciento de las cosas que se están haciendo ahora”, contó el encartado en 1983, asegurando que “todos los inspectores eran corruptos. Tenía que entregarles algo o de lo contrario te hacían la vida imposible”.
Diputado por 25 años, Barredo trasladó a la Asamblea Nacional reiteradas peticiones de incluir en la agenda parlamentaria el tenor de la corrupción, pero fue desoído por sus pares repetidamente hasta que el entonces presidente Raúl Castro lo respaldó en el propio foro legislativo en 2012.
En febrero de este año, Barredo publicó en la revista Bohemia un minucioso y resonante artículo sobre diversos casos de corrupción en esferas empresariales del Estado, luego de meses de discusiones en instancias jurídicas para llegar a los expedientes. “No me lo orientó nadie, no le pedí permiso a nadie. Estaba en los objetivos editoriales de 2017”, dijo el reportero, quien considera el combate a la corrupción como un asunto de seguridad nacional.
Muchas causas, pocos azares
Sin ínfulas sociológicas, Último jueves siempre prepara una miniencuesta sobre el tema en cuestión entre los asistentes al debate. Igualmente la extiende a Facebook. En esta oportunidad, más de 150 personas fueron preguntadas sobre las causas de la corrupción, mediante una lista de doce motivos.
Los bajos salarios, el descontrol administrativo, la pérdida de valores, el poder arbitrario de la burocracia y la falta de suficiente transparencia informativa de los casos, resultaron las cinco causas más votadas.
Citando al economista húngaro János Kornai, quien caracterizaba al socialismo como una economía de la escasez, Narciso Cobo afirma que “el elemento carencial está significado dentro de las causas de la corrupción”, aunque objeta: “Hemos padecido de escasez durante muchos años y no hemos padecido en igual medida de la corrupción, por lo tanto no son fenómenos concomitantes”, discernió Cobo.
Para este profesor emérito por la Sociedad cubana de Derecho Económico y ex presidente de la sala económica del Tribunal Supremo Popular, la corrupción se extiende, además, a los nuevos contextos económicos de emprendimientos privados y no se trata quizás tanto de que “haya falta de mecanismos o exceso de regulaciones, sino de que las regulaciones sean inadecuadas y carezcan de la necesaria racionalidad”.
“Todo el espacio que se reserve para la discrecionalidad administrativa es potencial caldo de cultivo para la corrupción”, alertó Cobo.
Un ex funcionario por años de la administración ideológica del Partido, Jorge Gómez Barata, se mostró radical en el debate, atribuyendo la corrupción a un par de factores: Uno, la disfuncionalidad del modelo económico, tal como admitió el propio Fidel Castro en su retiro. Dos, un sistema político “que no es eficiente en el manejo de las cosas públicas”, que permite “poderes discrecionales” y un “culto a la autoridad”, porque la sociedad “carece de los recursos y de las defensas para enfrentar ese asunto”, ante el cual las autoridades se muestran incapaces de “aplicar una política de tolerancia cero” que ponga “freno a la corrupción”.
Para el diputado y economista Oscar Luis Hung está claro que se trata de “un problema estructural que se acrecienta en situaciones de crisis económica” y que prevalece un estado reactivo ante los hechos. “La falta de enfoques de prevención y de estricto control”, así como la aplicación incorrecta de las regulaciones, “y la preocupante pasividad de los individuos”, permitirán que solo puedan “hacerse autopsias”, de los casos de corrupción ya ocurridos.
¿La multicausalidad del fenómeno puede ser una limitante para encontrar un freno al desarrollo de la corrupción?, se preguntó el académico Luis Rubén Valdés.
El profesor universitario indicó que en el lenguaje cotidiano del pueblo “existe la preocupación por la corrupción y se habla de la impunidad y de la falta de transparencia adecuada para que se conozca qué se hace al respecto”.
Partidario de implementar una ley específica anticorrupción, Lázaro Barrero reconoció que la mencionada multiplicidad de causas “rebasa muchas veces a la voluntad política para enfrentar el problema”.
“La batalla contra la corrupción no la gana el Estado, el Partido, ni la fiscalía, ni la policía. La batalla contra la corrupción la gana la sociedad”, zanjó el ex director del periódico Granma.
Ciudadanos al pairo
Ante la disolución de las responsabilidades individuales en un mar de justificaciones y laberintos burocráticos, “porque nadie es culpable”, la profesora de Ética Teresa Díaz, preguntó cómo es posible el control popular “dada la impotencia de la población que no tiene como defenderse” e inquirió por los mecanismos de control a todas las instancias, “sobre todo de las máximas”, porque aseguró “no son dioses”.
A esa línea de pensamiento se adhirió la investigadora de la Universidad de La Habana Marta Blaquier, quien hace cuatro años lleva un estudio de caso que involucra a varias instancias institucionales.
“Hay una gran indefensión del ciudadano contra la corrupción”, en tanto “el dispositivo de atención a la población crea un muro entre el ciudadano y los dirigentes, lo que contribuye de manera extraordinaria a la permanencia y a la sostenibilidad de la corrupción”, manifestó Blaquier.
Señales desde Palacio
En las 3762 palabras del discurso de asunción presidencial de Miguel Díaz-Canel, el término corrupción apareció solo una vez. Una semana después, en la primera reunión con el gabinete, el flamante mandatario encabezó la agenda abordando la apertura de procesos penales a los responsables de irregularidades detectadas en varias operaciones de comercio exterior.
“Parece que en esta nueva etapa del gobierno, el tema va a tener prioridad”, avanzó el comunicador de la iglesia católica, Julio Pernús.
Tratándose de funcionarios del comercio exterior, los delitos serían fichados de cuello blanco, una referencia internacional de los desafueros cometidos por las llamadas élites o grupos decisores.
A Último jueves fueron invitados los representantes de la Contraloría y la Fiscalía General de la República. Con razones diversas, se excusaron por la ausencia. Fue una tarde lluviosa.