Una de las peores combinaciones en política incluye un corazón grande, lleno de ideales y un cerebro pequeño, ignorante de las complejidades del problema que discute. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) ha caído en esa trampa al producir un informe sobre la libertad de prensa en Cuba cuyo efecto no puede ser más contraproducente.
El lenguaje usado y la estructura de análisis, lejos de defender la libertad de expresión de una manera balanceada y justa, se dedica a enarbolar ese derecho civil de una forma claramente partidista contra el gobierno cubano. Justo cuando el comienzo de un cambio de política hacia Cuba permitiría reducir polarizaciones, y alentar diálogos autónomos, los autores de este informe montan una nueva operación para mantener las trincheras y la crispación.
En lo adelante expondré las fallas que identifico en el referido informe.
1) Sus referencias y recomendaciones sobre la política de bloqueo contra Cuba y sus efectos en contra de la creación de un ambiente amistoso a la libertad de expresión en Cuba y su comunidad emigrada brillan por su ausencia, salvo alguna mención muy comedida a Radio / TV Martí como ineficientes. Si se va a invocar un tema de derechos humanos como la libertad de expresión se debe partir de un apego estricto al derecho internacional. Una emisora como Radio / TV Martí no solo es un despilfarro del dinero del contribuyente estadounidense; es ilegal. Tampoco es Voz de América equivalente de otras radios o televisoras nacionales con proyección internacional legal. Es una emisora creada con irrespeto absoluto a la soberanía y jurisdicción cubanas sobre su espacio radioelectrónico y televisual.
2) El reporte exhibe un desconocimiento total sobre el emponzoñamiento en la discusión sobre libertad de prensa en Cuba, causado por la instrumentación de legítimas exigencias de derechos humanos en ilegales programas de promoción de posturas favorables a la política estadounidense de bloqueo bajo la sección 109 de la ley Helms. Como ha dicho uno de los cubanos citados en el informe, Harold Cárdenas Lema, del conocido blog La Joven Cuba: “el material utiliza un lenguaje de confrontación que no se corresponde con el escenario post 17D”.
3) Desde la misma introducción, Ernesto Londoño del The New York Times anuncia un enfoque incoherente con la pluralidad ideológica que él proclama, al escoger a sus cubanos preferidos: El Estornudo, Periodismo de Barrio y 14 y Medio. ¡Aleluya! ¡Habló el pontífice! Al margen de si los escogidos merecen o no la preferencia (Periodismo de Barrio, por ejemplo, rechaza cualquier donación bajo la sección 109 de la ley Helms-Burton), el informe repite el patrón plattista de proponer una agenda ideologizada sobre un problema que existe, pero que lo menos que necesita es una discusión polarizada y una estructura de análisis forzada, con interlocutores escogidos y modelos a seguir impuestos desde fuera de Cuba, sobre esa realidad.
Para que no se confunda el lector, no estoy llamando plattistas o no plattistas a los cubanos que respondieron al informe. Mi caso es contra el patrón de imposición de agendas y actores que pretende ahora perpetuar el CPJ bajo formas más sutiles pero no menos intervencionistas que las anteriores al 17 de diciembre de 2014.
Uno de los entrevistados para el informe, José Jasan Nieves ha denunciado la manipulación de sus respuestas. Lo que describió Nieves como “rebelión contra el estado de cosas” como espíritu animador a la cooperación de los jóvenes con los medios alternativos de expresión, fue tergiversado por arte de magia como “rebelión contra el Estado”. Algo fácil de explicar por la práctica condescendiente de no respetar al interlocutor cubano en su mérito y espectro de opiniones sino escoger mensajes que repitan lo que desde fuera se quiere oír. A veces el cubano no tiene que decir lo que el entrevistador quiere, los informantes foráneos tienen el oído ideológicamente entrenado para escuchar lo deseado, cortando y desconociendo lo que les sobra.
4) El informe descalifica los debates y procesos que se dan dentro de la prensa oficial para mejorar la situación del país y sus argumentos sobre las restricciones derivadas del acoso externo demostrado hasta en documentos desclasificados por las autoridades estadounidenses. Al margen de la discrepancia legítima con las ideologías gobernantes en Cuba y el derecho a tener proyectos autónomos del Estado desde la sociedad civil, es de rigor tratar los puntos de vista y posiciones oficiales sin caricaturas. Curioso que se ignore un artículo del pasado 1ro de septiembre como el publicado en Granma por Raúl Garcés Corra, expresando una postura favorable a un cambio de actitud en el manejo de información por esos medios y en la formación de valores de los periodistas mientras se impone la arbitraria medición de la libertad de prensa cubana por el número de periodistas en prisión. En un contexto cubano de reformas no liberales, en la que la oposición política organizada es casi inexistente y los actores de cambio más relevantes no se ha planteado una apertura al multipartidismo, esa medición de periodistas presos sirve para marcar puntos retóricos pero no capta la magnitud ni la tendencia en la ampliación o cierre de los espacios centrales de discusión política.
5) En el tratamiento del acceso a Internet, el informe exhibe una ignorancia olímpica sobre las dinámicas selectivas referentes al acceso a la red y la compra de equipos de computación para ese fin, que fueron parte hasta muy recientemente de la política estadounidense hacia Cuba. Por décadas, se combinó una negación a las instituciones culturales y educacionales del país de esos accesos mientras se instrumentaba una provisión selectiva de los mismos a aquellos cubanos preferidos que comulgaban con la agenda de cambio de régimen impuesto desde fuera. El nivel de educación significativo que el informe reconoce a la población no es el resultado de una mano mágica de mercado o de la sociedad civil opuesta al Estado sino de políticas públicas y asignaciones presupuestarias concretas desde el gobierno. Una cosa es pedir una relación menos vertical entre gobierno y sociedad civil –como lo plantean muchos actores cubanos desde su propia lógica nacional– y otra es transpolar a Cuba un enfoque liberal de autonomía ciudadana, hostil hacia el Estado, reñido incluso con las mejores prácticas socialdemócratas de los países nórdicos.
6) El informe es silente en el tema de Miami y la diáspora cubana donde una parte de la nación cubana, no sujeta a las políticas que denuncia del gobierno cubano, no ha sido tampoco capaz de exhibir estándares democráticos de respeto a la libertad de expresión. No hay allí un ambiente favorable sin coacciones a la expresión de las múltiples opiniones en la comunidad cubana. Se usa el presupuesto público estadounidense asignado a Radio / TV Martí para denigrar a los emigrados con puntos de vista diferentes a los apoyados por la derecha pro-embargo o las políticas aupadas bajo la sección 109 de la ley Helms. Esta ausencia de una discusión sobre el tema de la libertad de expresión en la emigración cubana es todavía más negativa cuando la agenda de cambio en Cuba hoy reconoce la unidad de la nación en la que la emigración es parte inseparable de esta. No se puede defender que los cubanos en la diáspora son parte inseparable de la comunidad política de la nación cubana mientras se ignoran las desviaciones de los estándares de derechos humanos que ocurren en sus espacios y su mal ejemplo para la población en la Isla. Si el Comité quiere proteger a los periodistas cubanos, ¿por qué no entrevista a periodistas expulsados de los medios en Miami por desobediencias a la política anticastrista, o incluso a aquellos que han sufrido agresiones terroristas?
7) Las recomendaciones del informe expresan una ignorancia mayor sobre el estado y la trayectoria de de las relaciones Cuba-OEA. El informe recomienda una prematura remisión del tema de la libertad de expresión a un relator de esa organización hemisférica, de la cual Cuba no es miembro porque fue expulsada bajo la narrativa hipócrita de guerra fría por no ser un país compatible con las normas democráticas de la región, mientras se dejaba en el seno de la organización a dictaduras de derecha de la peor clase, culpables del asesinato, secuestro y desaparición forzosa de centenares de periodistas. En lugar de favorecer una actitud cubana más amigable al regreso al organismo continental y al escrutinio internacional de derechos humanos a través de instituciones multilaterales, el informe recomienda sentar forzadamente a las autoridades cubanas en el banquillo de los acusados sin contar con su derecho soberano a retornar o no a un sistema del que fue expulsado por lógicas ajenas a una promoción responsable de libertades civiles.
Lo peor que puede ocurrirle a una agenda de derechos humanos y sus defensores dentro de Cuba es verse asociados a una coyunda intervencionista. Todo el que ha subestimado el atractivo en Cuba de la cultura nacionalista se ha equivocado. Una cosa es defender el derecho a la libertad de prensa y otra es escudarse en ese tema para alentar una estructura de análisis, pensamiento y acción que legitima posturas intervencionistas y pretende desarmar al nacionalismo cubano, político, y cultural.
Este informe, al margen de algunas verdades que dice, es fundamentalmente más de la misma política fracasada, ahora bajo un ropaje más ligero pero igualmente plattista. En lugar de ayudar a mejorar la libertad de expresión en Cuba, enturbia lo que pudo ser una discusión justa y no sesgada del tema según los principios del Convenio Internacional sobre los derechos civiles y políticos de 1966. Con amigos tan chapuceros como el informe del Comité para la Protección de Periodistas, la libertad de prensa en Cuba no necesita enemigos.