“Cualquiera que sea la respuesta de las autoridades, la exclusión en el Código de Trabajo de la mención a la discriminación por identidad de género y seroestatus al VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida) ha sido un golpe”, asegura la líder de la red social comunitaria TransCuba, que ampara el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Malú Cano.
Con la publicación del nuevo Código de Trabajo, el 17 de junio pasado, salió a la luz la omisión de varios conceptos planteados y defendidos en la sesión del parlamento unicameral cubano.
La comisión encargada de la redacción e inclusión de los acuerdos desechó los concernientes a identidad de género, seroestatus al VIH y violencia laboral, propuestos en plenaria por la diputada Mariela Castro Espín, directora del CENESEX, y planteados en las asambleas de base previas. No obstante, tuvo a bien incluir en el texto definitivo medidas antidiscriminatorias por orientación sexual y discapacidades.
La primera denuncia fue del proyecto Arcoiris, un colectivo de lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ) que se declara anticapitalista e independiente, en una carta pública, fechada el 25 de junio pasado, al presidente del parlamento, Esteban Lazo, firmada por 12 activistas, ninguno transgénero ni intersexual.
La respuesta de la Asamblea Nacional del Poder Popular fue divulgada por el activista Francisco Rodríguez, autor del blog Paquito el de Cuba, en un post del 21 de junio que ha puesto el debate nuevamente sobre las mesas.
Los argumentos de los representantes de la citada comisión se basaron en que su función era solo corregir el estilo de la norma, y no se relacionaba con la adición de contenidos. Por otro lado, argumentaron la supuesta falta de congruencia entre las legislaciones vigentes, incluida la Constitución de la República, con la medida descartada sobre la identidad de género.
Sin embargo, el asesor jurídico del CENESEX, Manuel Vázquez, apunta a OnCuba que “ninguna de las razones publicadas en el blog de Paquito se sustenta ni normativa ni jurídica ni lógicamente”.
Vázquez considera que el Código de Trabajo actual “es una ley avanzadísima”. Y acota: “pero pudo haberlo sido más todavía”.
El jurista piensa que “estaban las condiciones porque fueron propuestas que salieron de la consulta pública, porque se hicieron en el parlamento, porque se debatieron allí, se orientó que fueran incluidas y el parlamento votó porque se armonizaran estas propuestas en el documento final”.
Por su parte, la Co-Secretaria General de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales Trans e Intersex (ILGA), Gloria Careaga, considera “que la decisión de no incluir identidad de género en la protección de los derechos laborales de todas las personas deja al Parlamento Cubano en una situación al menos incómoda”.
En medio de estas críticas, otra vez, Arcoiris levanta su voz con un nuevo pronunciamiento, circulado vía correo electrónica con el título LGBTI de Cuba en rebeldía nacional, aludiendo a las conmemoraciones por el 26 de julio, día en que fue fechada.
El colectivo también dice sentirse “inconformx” con “la respuesta a nuestra misiva al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ofrecida por José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento y de la comisión que, por acuerdo del Parlamento, tuvo a su cargo la redacción final de la Ley No. 116 Código de Trabajo”.
Además, manifiesta su preocupación ante el desconocimiento “del sentido del voto de los diputados y diputadas, las propuestas del Presidente y Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y del propio Presidente de la Asamblea Nacional, de integrar de forma armoniosa al texto final las propuestas de modificación que realizaron varios integrantes, en especial las de Mariela Castro Espín, para incorporar el principio de no discriminación por identidad de género y seroestatus frente al VIH/sida”.
Personas trans entre avances y retrocesos
En la primera declaración pública de una persona trans (travestis, transexuales, intersexuales) sobre las supresiones, dice Cano a OnCuba que “en esta ley habíamos cifrado muchas de nuestras esperanzas”.
TransCuba ha insistido, desde su fundación en 2001, en dos demandas de derechos fundamentales: el acceso al estudio y a puestos de trabajo dignos, ambas condicionadas, además, por el cese del bulling o acoso, otro tema que se excluyó de la legislación actual.
“Era la posibilidad de comenzar una vida digna, que accedieran a mejores empleos y abandonaran la práctica del sexo transaccional”, comenta la líder trans sobre las aspiraciones de más de 500 personas que integran su red, en todas las provincias cubanas, con excepción de la Isla de la Juventud.
Cano ha estado en contacto con “todas las coordinadoras del país que se han pronunciado en desacuerdo con el Código de Trabajo” y anuncia que “próximamente harán un pronunciamiento nacional, tras el encuentro anual de TransCuba”.
Para el Coordinador de los Grupos de las Redes Sociales Comunitarias de la central provincia de Cienfuegos, Alain Darcout, “la inclusión de la identidad de género en el nuevo Código de Trabajo contribuiría a poner fin en gran medida al estado de angustia e indefinición que perturba a las personas trans, lo que afecta su salud y bienestar general en aras de su desarrollo personal y social, conforme a su identidad de género”.
La activista cubana Sandra AbdAllah-Álvarez, una de las firmantes de las misivas de marras, manifiesta que “en su función de diputados y diputadas, no se han percatado de la oportunidad que tuvieron de brindar a nuestro país un Código de Trabajo verdaderamente revolucionario y justo para las personas que a edades tempranas se ven obligadas a dejar la escuela por la incomprensión social de la identidad de género”.
Negracubana, como se le conoce en las redes sociales a partir de su blog Negra cubana tenía que ser, aclara que “es una cuestión básica de derechos humanos, de protección a la vida”.
“Es no querer que saquen a una joven enfermera de 21 años de sus estudios universitarios por la única razón de tener un sexo biológico diferente a la identidad de género que construyó”, ilustra.
En su más reciente carta, Arcoiris certifica sentirse “solidarixs con nuestras hermanas y hermanos transexuales, travestis y transgéneros, grupo profundamente desfavorecido”.
Cuba “ha alcanzado el reconocimiento internacional por los procesos de reasignación de género que han iniciado desde hace ya varios años. Es decir, existe un proceso formal y reconocido para estas reasignaciones sexuales que probablemente exige una armonización legal que les reconozca su derecho a la identidad”, puntualiza en conversación electrónica Careaga, que visitó la Isla en mayo último como parte de la delegación de la Conferencia latinoamericana y caribeña de ILGA.
Con la aprobación, en 2008, de la Resolución 126 del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) se normalizaron las cirugías de adecuación genital gratuitas para personas transexuales, que tras la intervención quirúrgica pueden acceder al cambio de nombre y sexo, en los documentos registrales.
Desde 2013, las personas trans que acudan a las oficinas del carné de identidad podrán tener en su documento una foto acorde a su imagen real. Un proceso que hasta el año pasado Malú Cano calificaba de “traumático”, porque “había que disfrazarse para complacer a las autoridades”.
Otro paso importante para este grupo es que, en el caso de las personas transexuales, no hay que esperar a la cirugía de adecuación genital para cambiar el nombre en el documento de identidad*.
La medida también incluye a otras identidades de género no conforme, como el travestismo, que no demandan este tipo de procedimientos. “Hay muchas que son transexuales y no necesariamente quieren reasignarse”, advierte Cano.
Según Vázquez, que tiene a su cargo la coordinación nacional de las redes sociales comunitarias del CENESEX (TransCuba, HXD, Oremi, Red de Jóvenes y Red de Juristas), todas estas “son conquistas del activismo que se hace en el centro” estatal.
El activismo LGBTI cubano, desde CENESEX, ha participado de 3 cabildeos anteriores. Dos con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), el primero y el 21 de diciembre de 2010, y un tercero con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) previo al Censo Nacional de Población y Viviendas de 2012.
Más temas pendientes a la luz
En su experiencia de 13 años, buena parte al frente de TransCuba, Cano sabe que “una persona transgénero con VIH, es doblemente discriminada por su identidad de género y por el estigma que persiste con el estatus serológico de las personas con VIH”.
La incidencia del virus en la población trans cubana es alta, aunque no existen estadísticas epidemiológicas desagregadas para personas con identidades de género no conformes a la heteronorma, que todavía figuran aún en la categoría HSH (hombres que tienen sexo con hombres), en la que se concentra la epidemia, según fuentes oficiales.
“El grupo trans está compuesto por muchas personas con VIH, que tienen garantizado su tratamiento a partir del trabajo del Fondo Mundial y el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP). Sin embargo, es paradójico que muchas de estas personas no hayan podido incorporarse socialmente por su seroestatus”, reflexiona la líder.
Según Alain Darcout, hasta el momento, las situaciones de discriminación se trataban “apelando al principio constitucional de amparo ante cualquier distinción lesiva a la dignidad humana”.
“Hemos logrado que un caso de un trabajador expulsado de su puesto por ser seropositivo al VIH fuera restituido. Pero el proceso duró más de 5 años”, ejemplifica Darcout y aclara que la mayoría de los casos no llegan a ser denunciados en los servicios que brindan instituciones cubanas como el CENESEX.
Otro tanto sucede, al parecer, con la violencia laboral, uno de los acápites excluidos del nuevo Código de Trabajo, junto al reconocimiento de la discriminación por la seropositividad al VIH.
Darcout ha denunciado desde su espacio y sistemáticamente el acoso moral ocurrido en la Empresa Provincial de Correos de Cienfuegos contra Liana López y Olimpia Días, “aún sin solución ni respuesta por las autoridades”. López y Díaz fueron acosadas por directivos de la empresa estatal por ser mujeres lesbianas hasta la separación de sus puestos de trabajo.
El psicólogo cienfueguero alerta sobre recientes denuncias hechas por personas trans a las que se les ha negado el derecho al trabajo en puestos como auxiliar de limpieza y sobre 3 casos de denuncias por bullying escolar.
El debate actual también se ha abierto a otros asuntos aprobados en la norma vigente, como el empleo del término “género”, en lugar de “sexo” que rezaba en el anteproyecto; y la sustitución de “raza” por “color de la piel”.
Aun cuando el cuerpo de la ley suprimió sexo, categoría restrictiva a la genitalidad, por género, los modelos que se le anexan siguen indagando por la primera, un asunto que no figura en los debates anteriores.
“Estamos ante una falta de coherencia en el texto de la norma, que no ha sido destacada previamente”, reacciona el jurista.
Negracubana confiesa no haberlo “revisado con profundidad. Pero sé que la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en ese caso, no se dejará pasar gato por liebre”. No obstante, alega que “la identidad racial pasa no únicamente por el color de la piel”.
“Conozco a mujeres negras con el pelo natural, que las han mandado a peinarse en su centro de trabajo. Estoy segura que hay muchas posiciones en determinados sectores, los llamados ‘emergentes’, en los que las personas negras están en la trastienda por la única razón de ser negras y no responder a los patrones europeizantes y colonizados que tenemos de la belleza en Cuba”, reflexiona.
La libertad de expresión es uno de los temas que aviva la polémica en torno a la legislación laboral. Al parecer, su inclusión no fue discutida en las 69.000 asambleas de base, con la participación de cerca de 3 millones de personas, que según fuentes oficiales constituyeron la plataforma del anteproyecto presentado al parlamento.
Sin embargo, varios activistas reconocen su ausencia. “Creo que faltó el reconocimiento a la libertad de expresión, de lo que adolecemos los cubanos sin que nos convirtamos en bichos raros, para que la ojeriza oficial no nos discrimine, para que podamos seguir siendo personas comunes y corrientes, donde la ideología no sea la primicia del día, sino el respeto al derecho del otro”, puntualiza Pedro Manuel González, intelectual y activista de Caibarién, un pueblito pesquero al norte de la central provincia de Villa Clara.
El debate se radicaliza
La mayor novedad del Código de Trabajo es la actualización de políticas laborales tanto para el sector estatal como para el privado, cuyo impacto en el empleo en Cuba es ascendente.
Este hecho responde, según Darcout, “al énfasis que el país está poniendo en temas económicos que apuntan al reordenamiento que vive”.
“Miramos con preocupación esta postura, con la que se ha justificado, incluso, que se posterguen normas sociales como el decreto ley de identidad de género, el Código de Familia, leyes para prevenir la violencia contra las mujeres”, observa. Pero Darcout se cuestiona si se trata de “ignorancia selectiva” o “si los académicos sociales no han logrado poner las investigaciones suficientes en las mesas de los dirigentes cubanos”.
El CENESEX junto a la FMC lidera hace casi dos décadas una propuesta de reformas al Código de Familia, en vigor desde 1975, que incluye la unión consensual entre personas del mismo sexo. Además, el centro estatal presentó sin éxito una propuesta de decreto ley de identidad de género, que garantiza derechos a las personas trans.
En cualquier caso, el activismo cubano comienza a pensar en estrategias más radicales para el futuro inmediato.
“Veo la radicalización en la movilización de la conciencia social de las personas sobre todo en el sentido de la participación, en todos los espacios que se les dan”, afirma Vázquez.
El abogado define dos vías para solucionar las omisiones al Código de Trabajo: “la más sencilla es impulsar la modificación de la reciente ley”.
“La dinámica legislativa de cualquier país está influida solamente por la necesidad que se tenga de proteger contenidos en ley. Por lo tanto, si hoy se votó una ley, y a la semana se percatan decisores o alguna otra persona mandatada por el pueblo, como los parlamentarios, de una omisión que tiene relevancia sobre todo para los derechos que protege, es legítima la transformación. No resta credibilidad ni legitimidad; al contrario, es un real proceso democrático”, señala.
La otra ruta sugerida por el experto cubano está en usar la iniciativa legislativa para presentar una ley de identidad de género. “Las normas que conocemos, por ejemplo la argentina, son leyes sencillas porque simplemente se dedican a modificar los procesos administrativos, en algunos casos judiciales, para que las personas trans accedan al derecho a la identidad, viabilizando y desjudicializando procesos”, explica.
No obstante, alerta que “si se hace sin enmendar el Código de Trabajo, habrá que redactar una ley más amplia en cuanto a sus contenidos, que se pronuncie por los temas relativos a la identidad y también a la no discriminación y, probablemente, nos queden espacios sin proteger en el Código Penal y la política penal”.
Su aviso remite a la insistencia de Cano para la que “es importante que las leyes estén. Pero hay que acompañarlas de un fuerte trabajo de sensibilización, como el que hace el CENESEX, con el liderazgo de Mariela”.
Los reclamos de Arcoiris en su más reciente misiva se dirigen en la misma dirección, aunque varíen los términos. “Exigimos”, dice el texto, “que la Presidencia de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General de la República investiguen a fondo el incumplimiento del mandato recibido por la Comisión de Estilo y Contenido que concluyó la redacción de la Ley N. 116 Código de Trabajo, y de todas las instituciones o personas que puedan estar involucradas en ese hecho ilegal y violatorio de los principios de la Democracia Socialista”.
El pequeño grupo, requiere “se agoten todos los procedimientos jurídicos existentes” para volver a votar en el parlamento la incorporación de la no discriminación por identidad de género y seroestatus frente al VIH/sida.
Y van más allá, al solicitar expresamente a Castro Espín ejerza su derecho constitucional “a la iniciativa legislativa individual”, que aclaran “nunca antes utilizada en nuestra Asamblea Nacional” para que presente al parlamento “un proyecto de Ley de Identidad de Género y de un nuevo Código de Familia, que reconozca explícitamente los derechos de la ciudadanía LGBTI y sus familiares”.
Mientras desde Alemania, donde reside actualmente, AbdAllah-Álvarez agrega que “lo que ha sucedido con el Código de Trabajo nos deja bien claro que hasta que no lleguemos al matrimonio igualitario no debemos parar. Espero que Mariela Castro, ahora que vivió en propia carne como se cuecen las habas en el parlamento, revalore la posición del CENESEX en este sentido”.
“La Constitución tendrá que cambiar, en este y muchos aspectos. Yo no quiero esperar al 2018 para esto. No puedo dormir cuando sé que un adolescente es golpeado por su padre por ser homosexual. Yo, por lo menos, no puedo”, confiesa.
González, en el centro de la isla, la apoya. Él, famoso por su personaje Roxy Rojo en el transformismo cubano, llevará la propuesta de modificar la ley suprema a la próxima reunión del grupo Arcoris. “No se puede hablar de leyes secundarias cuando se está tratando de la ley primaria de la nación, que está detenida en los 70, con algunas modificaciones de 1992. Hay cláusulas que necesitan renovarse si quieren ir a la par con lo que se está haciendo en el país”, apunta.
Y, desde México, Careaga nota que “las definiciones que se argumentan en la Constitución respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo no tienen una relación directa con la omisión de este Código Laboral”. Para ella está clara la “otra discusión”: “habríamos de recordar que las Constituciones no son letra muerta, si la actual no obedece a las necesidades de protección de personas y grupos hoy reconocidos, exige de la necesidad de su revisión”.
En un comentario en el sitio de red social Facebook sobre la pertinencia de hacer públicas las protestas, el joven activista Abel Invernal parece sugerir soluciones en futuras candidaturas de diputados “abiertamente LGBTI”.
“Hay gente que podría representar sus grupos como parlamentaria o como invitada, observadores para que, cuando se vaya a votar leyes que les incumban, puedan participar; ser escuchados, aunque no tengan voto”, lo respalda González.
Adela Hernández, una enfermera de 48 años, es la única persona transgénero electa delegada del Poder Popular en el municipio de Caibarién.
“Adela ha llegado a conquistar el dominio de su barrio, de su gente. Aunque sea mínima, es una victoria. Más en su caso que es una revolucionaria incondicional, no es una disidente ni quiere cambiar el sistema político”, repasa González.
Nota:
*Aún para cambiar el género (masculino o femenino) en los documentos registrales, las personas transexuales que accedieron a la cirugía de adecuación genital tienen que enfrentar un proceso civil ante tribunal.
Descargue el Código de Trabajo de la República de Cuba (PDF, 1.8 Mb).